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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 30/01/2026 17:37
El Desierto de Atacama enfrenta una emergencia ambiental por la acumulación masiva de ropa usada importada, fenómeno que ha puesto en el centro del debate a la industria textil mundial, los sistemas regulatorios y la responsabilidad estatal. Un fallo judicial inédito en Chile obligó al Estado a reparar los daños ecológicos, mientras organizaciones, asociaciones comerciales y voces del sector productivo reclaman soluciones ante la expansión del problema. La escena que se repite en el norte de Chile muestra montañas de prendas de vestir, muchas nuevas y otras de segunda mano, desechadas en pleno desierto. El puerto de Iquique se consolidó como el principal punto de ingreso de ropa usada a la región, recibiendo entre 120.000 y 180.000 toneladas cada año. Esta dinámica se vincula con la baja presión impositiva sobre este tipo de productos, lo que convierte al país en el cuarto importador mundial de indumentaria usada. El destino de gran parte de estos residuos es el propio Atacama, considerado el mayor basural textil de América Latina y uno de los símbolos más visibles del impacto global de la moda rápida. En este contexto, organizaciones ambientalistas y entidades científicas han presentado estudios que advierten sobre los riesgos que implica la acumulación y quema de residuos textiles en el Desierto de Atacama. El empresario argentino Guillermo Whpei, a través de la Fundación para la Democracia Internacional, fue uno de los encargados de visibilizar esta situación y ahora busca que el estado chileno cumpla con el fallo que lo obliga a presentar un plan y tomar medidas para reparar el daño ambiental causado por la industria textil. Asimismo, la Scientific Plastic Pollution Alliance of Chile (SPLACH) y colectivos como Desierto Vestido han documentado que la incineración simultánea de prendas sintéticas y plásticos genera combinaciones de compuestos químicos tóxicos, cuyas consecuencias ambientales y sanitarias resultan imprevisibles. La acumulación de estos desechos afecta la calidad del suelo y contribuye a la emisión de gases contaminantes, en un ecosistema que ya se caracteriza por su extrema fragilidad. Además, organizaciones internacionales como Greenpeace y voces del ámbito académico han desarrollado campañas para visibilizar la problemática, subrayando la necesidad de una gestión responsable de los residuos textiles y una regulación efectiva que garantice la protección de los ecosistemas vulnerables. Informes de medios internacionales como la BBC han recogido testimonios de habitantes de las zonas afectadas, exponiendo el deterioro ambiental y social que genera la acumulación de textiles en el desierto. El fenómeno trasciende fronteras. En el último año, la Argentina experimentó un salto sin precedentes en la importación de ropa usada, impulsada por la eliminación de las restricciones legales que rigieron durante casi tres décadas. Camiones cargados cruzan cada semana la frontera, consolidando un nuevo corredor comercial hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires. De acuerdo con datos de la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria, solo en los primeros cuatro meses de 2025 ingresaron cerca de 200 camiones, con un récord mensual de 1.067 toneladas en octubre y un acumulado anual de 3.521 toneladas. El 90% de este volumen provino de Chile, replicando el patrón de circulación que termina afectando los ecosistemas más frágiles de la región. El costo de las prendas usadas importadas, que ronda los 1,2 dólares por kilo, resulta mucho menor que el de la indumentaria nueva, cuyo valor promedio supera los 18 dólares por kilo. Comerciantes y representantes del sector textil argentino advierten que el diferencial de precios agudiza la competencia desleal y pone en riesgo empleos en la industria local, un reclamo que se repite en foros empresariales y gremiales. La liberalización del mercado, sumada a la falta de controles estrictos en fronteras y el auge del comercio informal, profundiza un circuito donde los textiles descartados pueden terminar en vertederos sin gestión ambiental adecuada. El año pasado, la situación llegó a la justicia chilena. El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta emitió un fallo sin precedentes, reconociendo la responsabilidad del Estado por omisión, al no prevenir ni fiscalizar la disposición ilegal de residuos textiles en terrenos fiscales de Alto Hospicio. La sentencia ordenó a las autoridades la elaboración y ejecución de un plan de reparación ambiental de diez años, que incluya diagnóstico del daño, retiro y disposición segura de los residuos, restauración de suelos, recuperación del paisaje, trazabilidad de los cargamentos y la publicación de los costos reales del proceso. El proceso judicial abrió una nueva etapa de reclamos. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló la sentencia ante la Corte Suprema, alegando vicios formales y errores de derecho en el dictamen. Mientras se resuelve el recurso, distintos actores sociales y ambientales insisten en la necesidad de avanzar con las medidas exigidas por la resolución. Desde el sector ambiental, se subraya que la acumulación de ropa usada convertida en desecho representa una amenaza para la salud pública, la biodiversidad y la calidad ambiental regional. El impacto trasciende Chile y alcanza a los países de origen y destino de la ropa usada. En Argentina, la Cámara Industrial y asociaciones de comerciantes han manifestado preocupación por el aumento de las importaciones y la falta de un marco normativo que garantice la trazabilidad de los productos, su salubridad y su disposición final. Los gremios del sector textil advierten que la avalancha de prendas de segunda mano no solo afecta la producción nacional, sino que también podría replicar el escenario ambiental de Atacama si no se regulan los sistemas de gestión de residuos. El debate sobre la importación y destino de la ropa usada involucra a gobiernos, empresas, organizaciones sociales, comunidades locales y referentes de la industria textil. Las demandas se centran en la implementación de políticas públicas integrales que aborden el ciclo completo de los residuos: desde la producción y el consumo hasta la disposición final y la restauración de los ambientes degradados. La resolución definitiva del caso Atacama sigue pendiente, mientras las montañas de prendas continúan creciendo y el reclamo por una solución efectiva se intensifica.
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