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Crespo » Paralelo 32
Fecha: 28/01/2026 16:00
Los abogados Rubén Pagliotto, Raymundo Kisser y Armando Aquino Britos interpusieron una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo ante la Justicia Federal de Paraná, con el objetivo de frenar la aplicación de disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional otorgó nuevas facultades a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La presentación judicial apunta a invalidar los puntos considerados más críticos de la normativa, al entender que habilitan a los agentes de inteligencia cuya identidad y funciones son legalmente secretas y encubiertas a realizar aprehensiones de personas en supuestos de flagrancia o bajo el argumento de resguardar sus propias operaciones. Según sostienen los letrados, esta facultad transforma de hecho a un organismo de inteligencia en una fuerza de seguridad con poder de policía, una atribución que, remarcaron, se encuentra expresamente prohibida por la Constitución Nacional. En ese marco, advirtieron que el decreto configura una amenaza real y concreta para la libertad ambulatoria de toda la sociedad. En el escrito presentado ante la Justicia Federal, los abogados argumentan que el carácter encubierto de los agentes de la SIDE y su despliegue en todo el territorio nacional abre la posibilidad de que cualquier ciudadano sea interceptado, demorado o privado de su libertad sin una orden escrita de un juez competente. A su entender, ello vulnera garantías constitucionales básicas, como el debido proceso y el derecho a circular libremente. Asimismo, la acción judicial solicita la declaración de inconstitucionalidad del DNU 941/2025, al considerar que el Presidente de la Nación no se encuentra habilitado para regular, mediante decretos de necesidad y urgencia, materias que afectan directamente la libertad personal y el derecho penal. Los denunciantes sostienen que este tipo de decisiones deben ser debatidas y aprobadas por el Congreso de la Nación, en resguardo de la división de poderes y en consonancia con los tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional. El planteo quedó ahora en manos de la Justicia Federal de Paraná, que deberá evaluar la admisibilidad del hábeas corpus y el alcance de las medidas solicitadas.
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