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Parana » AIM Digital
Fecha: 28/01/2026 08:31
Un cambio aprobado por decreto permitirá regularizar la situación de más de medio millón de migrantes. Entre ellos, más de cuarenta y dos mil argentinos podrían acceder al permiso de residencia legal a partir de abril. La nueva reforma migratoria impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez abrió una expectativa concreta para miles de argentinos que viven en España en situación irregular. Según estimaciones del think tank Funcas, unas 42.446 personas nacidas en Argentina podrían acceder a los beneficios del nuevo régimen, que habilita la obtención de un permiso de residencia por al menos un año para quienes acrediten una permanencia mínima de cinco meses en el país y no tengan antecedentes penales. La medida fue aprobada por decreto en el Consejo de Ministros y comenzará a aplicarse desde abril. El oficialismo español sostuvo que el objetivo es regularizar la situación de alrededor de quinientos mil migrantes, aunque distintos estudios advierten que el número real podría ser bastante mayor y alcanzar hasta ochocientas cincuenta mil personas. El impacto entre los argentinos sería acotado en comparación con otras colectividades latinoamericanas debido a una particularidad: una gran proporción de quienes emigran desde la Argentina lo hacen con pasaporte europeo, lo que les permite acceder de manera casi inmediata a la residencia legal. De acuerdo con datos oficiales, viven en España unas cuatrocientas cincuenta mil personas nacidas en Argentina, por lo que el universo de quienes quedarían alcanzados por la regularización representa menos del diez por ciento del total. Especialistas en migraciones explicaron que el perfil educativo de la comunidad argentina también influye en este fenómeno. Muchos llegan con estudios universitarios o de posgrado, lo que facilita la obtención de permisos de residencia a través de contratos laborales o visas de estudio. Esa situación coloca a este colectivo en una posición menos vulnerable que la de otros migrantes de la región. La reforma no estuvo exenta de controversia política. El decreto fue cuestionado por sectores de la oposición, que reclamaron que una decisión de este alcance debía pasar por el Parlamento. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la medida como una política basada en derechos humanos, integración social y necesidades económicas concretas, especialmente en sectores productivos que dependen de mano de obra migrante. Además del impacto social, el gobierno español prevé que la regularización genere también un efecto fiscal positivo, ya que permitiría ampliar la base de aportes al sistema tributario y de seguridad social en un país con saldo demográfico negativo desde hace más de una década. En ese contexto, la medida aparece como un giro relevante en la política migratoria europea y abre una oportunidad concreta para miles de argentinos que buscan estabilizar su situación legal y proyectar su vida en España con mayor seguridad jurídica.
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