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» Clarin
Fecha: 28/01/2026 08:12
En el juicio por la irregular expropiación K de YPF en 2012 que se tramita en los tribunales de Nueva York, este miércoles, el Gobierno pidió que se suspenda la entrega de chats y mails de funcionarios y exfuncionarios que ordenó la Justicia estadounidense y que se deje sin efecto la solicitud de declarar a la Argentina en desacato que realizaron los fondos demandantes. Así lo pidió esta madrugada la Procuración del Tesoro de la Nación mientras se esperan definiciones sobre si queda firme o no el fallo que condenó a la Argentina a pagar US$ 16.100 millones más intereses acumulados desde septiembre de 2023. La Procuración presentó un pedido formal de suspensión (stay) del proceso de búsqueda de material (discovery) que ordenó la jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, en el marco de la causa, para acceder a mails y WhatsApp de funcionarios de Luis Caputo y los que integraban el equipo de Sergio Massa. Para el Gobierno, el hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales. En ese sentido, fuentes vinculadas a la Procuración advirtieron que los demandantes escalaron sus reclamos hacia pedidos cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso. Burford escaló la presión mediante una injustificada moción de desacato y la solicitud de información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina, apuntaron, y aclararon: Dichas reservas son propiedad del Banco Central y que, como tales, resultan protegidas por la inmunidad de ejecución, es decir, constituyen activos no ejecutables, por lo que cualquier requerimiento de información al respecto resulta manifiestamente improcedente. A mediados de enero, Burford Capital, el principal financiador de los fondos demandantes contra el país, le pidieron a Loretta que declare en desacato a la Argentina, lo que podría traer perjuicios económicos para el país, como embargos y sanciones. El pronunciamiento judicial no será inmediato. Los demandantes deberán esperar al 5 de marzo para la contraréplica y recién en las audiencias previstas para el 23 y 24 de ese mes Loretta decidirá si declara o no el desacato. Para la Procuración, desde la asunción del actual gobierno, en diciembre de 2023, la Argentina siguió plenamente el discovery y cumplió con todas las obligaciones impuestas por el tribunal. Y subrayó que el Estado realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de producción sin precedentes. Así, las fuentes agregaron que el discovery se ha desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado y advirtieron que los demandantes manifestaron de forma explícita su objetivo de poner arena en los engranajes de la recuperación económica de la Argentina, conducta que calificaron como inaceptable jurídica y moralmente. Finalmente, ratificaron que la República continuará ejerciendo todas las herramientas legales a su alcance, en todas las instancias judiciales disponibles, para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y poner freno a pedidos ilegítimos que vulneran sus leyes, su Constitución y los principios básicos del derecho internacional. SN Sobre la firma Newsletter Clarín
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