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La Paz » Politica con vos
Fecha: 24/01/2026 12:01
Mientras el Gobierno de Javier Milei avanza con una reforma laboral presentada como modernizadora, el arco sindical advierte que se trata de un ataque directo a derechos históricos. Detrás del discurso de la libertad, asoma un proyecto diseñado a medida del empresariado especulador y en perjuicio del mundo del trabajo argentino. Por Roberto García La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei volvió a encender todas las alarmas en el movimiento obrero organizado. Lejos de tratarse de una actualización normativa acorde a los tiempos actuales, dirigentes gremiales de distintos sectores coinciden en que el proyecto es, en esencia, un intento deliberado de destruir el entramado de derechos laborales conquistados durante décadas de lucha social y política. Desde las centrales sindicales hasta los gremios de base, las críticas no solo apuntan al contenido de la iniciativa, sino también a su orientación ideológica: un modelo que concibe al trabajo como un costo a eliminar y no como un derecho a proteger. «El Gobierno quiere instalar la idea de que los derechos laborales son un obstáculo, cuando en realidad son una garantía de justicia social, sostuvo Héctor Daer, cosecretario general de la CGT. En la misma línea advirtió: Esta reforma no genera empleo, genera trabajadores más pobres y más desprotegidos. Un proyecto pensado para el mercado, no para el trabajador Uno de los puntos más cuestionados por los referentes gremiales es que la reforma laboral no surge del diálogo social, sino de los intereses del poder económico concentrado. Se trata de un proyecto de ley pensado y diseñado a medida de empresarios especuladores, que busca flexibilizar condiciones, reducir costos laborales y trasladar todos los riesgos de la actividad económica al trabajador. «El texto de la reforma es prácticamente un dictado de las grandes corporaciones, denunció Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria. Quieren eliminar indemnizaciones, debilitar los convenios colectivos y disciplinar a los trabajadores para que acepten cualquier condición por miedo a perder el empleo. Desde el sector industrial, un dirigente de la UOM fue aún más contundente: Esto no es una modernización del trabajo, es una restauración conservadora que pretende volver a relaciones laborales propias del siglo XIX. Precarización como política de Estado La reforma laboral de Milei no solo implica un retroceso respecto de la legislación vigente, sino que va a contramano de los avances que se están dando en otros países del mundo. Mientras en Europa se discute la reducción de la jornada laboral y nuevas formas de protección social, en Argentina el Gobierno propone trabajar más, cobrar menos y tener menos derechos. «En el mundo se debate cómo mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Acá quieren legalizar la precarización, afirmó Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores. Este proyecto convierte la inestabilidad laboral en política de Estado. Desde el sector docente, Roberto Baradel advirtió que la reforma busca naturalizar la pérdida de derechos y alertó que cuando se avanza contra el trabajo registrado, se debilita toda la estructura social. El Congreso como escenario del ajuste Las advertencias sindicales también tienen un correlato institucional. En el Congreso Nacional, los primeros avances legislativos del oficialismo dejaron en evidencia que la reforma laboral cuenta con el respaldo del bloque libertario y el acompañamiento de sectores dialoguistas, tanto del PRO como de bloques provinciales ligados a la UCR. Durante las votaciones vinculadas a la Ley Bases y a los artículos laborales incluidos en el paquete de reformas, diputados y senadores alineados con gobernadores del interior garantizaron el quórum y los votos necesarios para que el Gobierno avance con su agenda. Para el sindicalismo, ese dato no es menor: Sin esos votos, Milei no podría avanzar, repiten. «La reforma laboral no pasa solo por Casa Rosada: pasa por el Congreso y por las provincias, advirtió un dirigente de la CGT. Cada mano levantada es una responsabilidad política concreta. Gobernadores que mueven fichas entre el silencio y la complicidad En ese marco, los gremios ponen el foco en el rol de varios gobernadores que, mientras reclaman fondos y defienden discursivamente el federalismo, permiten que sus legisladores acompañen una reforma que golpea de lleno a los trabajadores de sus provincias. Los cuestionamientos alcanzan a mandatarios como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), cuyos bloques legislativos han mostrado disposición a negociar y acompañar los proyectos clave del Ejecutivo nacional, incluida la agenda laboral. «Después no pueden decir que no sabían, señaló un referente sindical del interior del país. Sin el aval de los gobernadores, esta reforma no tendría destino parlamentario. En el caso concreto de Entre Ríos, el debate tampoco es ajeno Mientras el gobernador Rogelio Frigerio mantiene un discurso público de prudencia y administración responsable, los legisladores nacionales que responden a su espacio político han acompañado de manera directa o indirecta las votaciones clave que le permitieron al Gobierno nacional avanzar con su agenda de reformas. Para el sindicalismo entrerriano, esta ambigüedad no es casual: No se puede decir que se defiende el trabajo y al mismo tiempo habilitar en el Congreso una reforma que precariza a miles de entrerrianos, advirtieron referentes gremiales de la provincia, que ya anticipan un escenario de conflicto si el proyecto laboral avanza. En las últimas semanas, la presión sobre la reforma laboral de Javier Milei no cedió, sino que se intensificó tanto en las calles como en el terreno institucional. Las principales centrales obreras, desde la CGT hasta las CTAs, reforzaron su rechazo público al proyecto que el Ejecutivo busca debatir en sesiones extraordinarias del Congreso, calificándolo como un intento de retroceder derechos básicos y precarizar el empleo. En algunas movilizaciones, dirigentes sindicales advirtieron que de llegar al recinto tal como está, el proyecto será enfrentado con medidas de fuerza que podrían incluir un paro general si el Gobierno persiste con su propuesta sin modificaciones sustanciales. Construcción del rechazo En las últimas horas de pudo ver articulación gremial ampliada con más de 25 sindicatos que se reunieron en la sede de la UOM para coordinar acciones frente al proyecto, y desde varios sectores expresaron que la postura de los gobernadores en las negociaciones con el Ejecutivo no puede limitarse a intereses locales sin garantizar mecanismos de protección laboral. El Gobierno, por su parte, insistió en que existe consenso entre los mandatarios provinciales sobre la dirección de la reforma, aunque las centrales operarias sostienen que ese consenso se construye con presión política y sin participación real de los trabajadores en la discusión. Además, organizaciones sociales, piqueteras y agrupaciones populares ya anunciaron una zona caliente de protestas para febrero, coincidiendo con el inicio del debate formal en el Senado, lo que anticipa un otoño político y social convulsionado si el oficialismo mantiene su plan de aprobar la normativa. Reforma, reelección y modelo de país La reforma laboral aparece así como una pieza central de la estrategia política de Javier Milei. Si el Gobierno logra imponerla en el Congreso, no solo consolidará un cambio estructural en el mundo del trabajo, sino que intentará mostrarlo como un éxito de gestión de cara a un eventual proyecto de reelección. Con un Congreso condicionado, gobernadores alineados y un movimiento obrero bajo ataque permanente, Milei busca allanar el camino para profundizar su modelo liberal, aun a costa de más desigualdad, más precarización y menos derechos. La pregunta ya no es solo qué pasará en el Congreso, sino hasta dónde está dispuesta a llegar la política para sostener este rumbo. Porque lo que se discute no es una reforma más, sino el futuro del trabajo, la dignidad laboral y el tipo de país que se pretende consolidar.
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