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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 24/01/2026 08:01
El avance de la investigación sobre la presunta secta integrada por dos militantes kirchneristas acusados de haber abusado sexualmente de varias mujeres en la ciudad de La Plata incluso, dentro del Senado bonaerense revela una verdad incómoda: todo lo que ocurría allí era desde hace años un secreto a voces entre los pasillos del Estado y las agrupaciones políticas. Sin embargo, una pregunta aún sobrevuela el expediente: por qué se tardó una década en accionar contra los sospechosos, que mientras tanto fueron ganando terreno y peso político dentro de ese universo. Según pudo reconstruir Infobae, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, llegó a su cargo en diciembre de 2019 sabiendo de las acusaciones que pesaban sobre Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, la pareja que lideraba la agrupación Movimiento Ciudadano La Capitana. Para entonces, Rodríguez y Silva Muñoz acumulaban denuncias de 2014 y ese mismo 2019. Ninguna con avances significativos. En ese lapso, el letargo judicial fue tal que una de las damnificadas decidió abandonar la ciudad e instalarse en otra, a más de 300 kilómetros. Más de cinco años después, la fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Fiscal de Investigación N° 2 de La Plata, reactivó ese último expediente tras la aparición de nuevas víctimas. Y en paralelo, se abrió otro con más casos a mediados de 2025. Este medio se comunicó con la ministra Estela Díaz, quien no supo precisar desde cuándo sabe que los dirigentes Rodríguez y Silva Muñoz podrían ser depredadores sexuales, pero no desmintió la fecha que se le señaló. Para cuando el gobernador Axel Kicillof creó la cartera y la designó como titular, dijo, eso circulaba como rumor. No obstante, planteó: Es muy delicado decidir qué actuación se toma cuando hay rumores y no hay causas que avancen. Cabe recordar que los abusos sexuales son delitos de instancia privada, y en estos casos los funcionarios públicos no tienen la obligación de denunciar siempre que se trate de mayores de edad, ya que deben respetar los tiempos y la autonomía de la víctima. La intervención del Ministerio Formalmente, el Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense tomó intervención recién en octubre de 2024, cuando pidió auxilio una empleada de la Cámara de Senadores. El Equipo Interdisciplinario de la Legislatura elaboró un informe del caso y lo elevó a la Dirección de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, que depende de la ministra. La directora de esa dependencia, Valeria Monetta, recibió a la empleada legislativa y escuchó su testimonio junto a la directora de Abordaje de Violencias Diferenciadas y Casos Críticos, Sonia Sánchez. Para ese momento, esta víctima todavía no había hecho la denuncia penal. Desde la cartera de Género le indicaron a la mujer que llevar el caso a la Justicia era un paso necesario para poder ayudarla con medidas de protección, como un botón antipánico. Esa política de denunciar primero y auxiliar después es cuestionada desde distintos espacios del feminismo: Fue mandarlas a una vía muerta, porque vos cuando intervenís no pedís denuncia, ayudás a que la denuncia se haga, es al revés. Y mientras tanto garantizás la prevención, explicó una fuente que asistió de cerca a algunas denunciantes por fuera de los organismos estatales. La víctima terminó denunciando a mediados de 2025. Para entonces, los referentes de La Capitana ya tenían dictada una orden de alejamiento por otra denunciante, que entró en vigencia en diciembre de 2024. Desde esa fecha, el secretario administrativo del Senado, Roberto Feletti ex secretario de Comercio Interior, los apartó de sus cargos y no volvieron al recinto, aunque siguieron cobrando sus sueldos hasta el mes pasado, cuando los detuvieron. Estela Díaz, La Capitana y la militancia En agosto de 2025, la ministra Estela Díaz abrió su propia unidad básica en Ringuelet: la Casa del Movimiento Derecho al Futuro, base territorial del espacio político del gobernador Kicillof en esa localidad platense. Dos fuentes que militan en el peronismo local señalaron a Infobae que el Movimiento Ciudadano La Capitana fue invitado a participar de actividades alrededor del nuevo armado de la titular de Género. Precisaron que sería uno de los subcomandos con los que la agrupación trabajaba en cuestiones partidarias. De mínima, hay registros fotográficos que comprueban que la agrupación de Rodríguez y Silva Muñoz asistió a la inauguración de la unidad básica de la ministra. Ante la consulta de este medio, Estela Díaz negó tajantemente que trabajen juntos: De ninguna manera. Es más, quisieron hacer un acto conjunto a fin de año, y nos negamos a que participaran. No hay ningún vínculo entre el MDF y La Capitana, insistió, aunque reconoció que los acusados iban a espacios del Movimiento Derecho al Futuro, aparecían y trataban de sacarse fotos con todo el mundo. En distintos perfiles de redes sociales, entre 2020 y 2025, se publicaron al menos tres imágenes de la ministra con los involucrados: una con Daniela Silva Muñoz, en un acto feminista, y otras dos con Nicolás Rodríguez, en las que también posan otros dirigentes platenses. Era un mecanismo de ellos para buscar protegerse, y cuando uno está en actos públicos, hay gente que se te arrima, explicó Díaz. La aparición de estos personajes se repitió en 2025 con toda la plana mayor de la dirigencia peronista de La Plata. Hubo al menos cuatro actos en los que los acusados compartieron espacio con las víctimas, a pesar de las restricciones vigentes: durante la vigilia del 2 de abril en la Plaza Islas Malvinas, en la misa de despedida al Papa Francisco en la Catedral, en la movilización por la Noche de los Lápices y en un debate en el Teatro Argentino. Según testigos, cada una de esas veces hubo que sacarlos con la policía. La falsa abogada: el muro de contención Para que esta maquinaria de abuso funcionara durante años bajo las narices del Estado, fue necesaria una pieza clave de encubrimiento: Melina Gaudino. Conocida hoy como la falsa abogada, Gaudino cumplió un rol fundamental para evitar que los rumores pasaran a mayores: engañar a las víctimas haciéndoles creer que estaban siendo representadas legalmente. El abogado Claudio Yacoy, quien trabajó con Gaudino en una organización de Derechos Humanos, expuso ante este medio la perversa metodología de la mujer. Según su testimonio, Gaudino le mentía a las víctimas asegurándoles que Yacoy estaba presentando escritos y pruebas en la causa, cuando el letrado ni siquiera estaba designado. Jamás comuniqué gestiones a las víctimas, fue ella quien inventó intervenciones que nunca ocurrieron, aseguró Yacoy. La crueldad del engaño incluyó situaciones límites. Yacoy relató que, cuando intentó confrontar a Gaudino y citarla en un bar, ella no asistió alegando una enfermedad terminal. Me dijo que estaba muy enferma, yo creí que era verdad. Pero a los pocos días la vi en un acto en Chascomús, muy activa y sacando fotos, detalló el abogado. Un raid de impunidad La permanencia de Gaudino en la función pública expone una cadena de fallas de control sistémicas. Su carrera comenzó en el Ministerio de Seguridad (2020-2023), donde en menos de dos años pasó de ser asesora en la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal a Directora de Coordinación en La Plata. Según pudo reconstruir Infobae, Gaudino validaba su posición invocando una herencia política y judicial que resultó ser otra fachada. Hijastra del fallecido militante Luis Cañeque, se jactaba de tener llegada a la Cámara de Casación bonaerense a través de su padre biológico, el empleado judicial Alejandro Gaudino, y a la Fiscalía de Estado mediante su ex pareja, Emanuel Desojo, abogado con paso por esa institución y ex presidente de la asociación AJUS La Plata, Berisso y Ensenada -. A fines de 2023 fue echada por el entonces subsecretario de Fiscalización y Control Policial AMBA y Capital, Leonardo Martínez Herrero, tras una serie de incumplimientos y la confirmación de que no poseía el título de abogada. Su cesantía quedó sellada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 3106/2023, firmada por el ex ministro Sergio Berni. Pero lejos de quedar marginada, Gaudino logró reciclarse. El 14 de febrero de 2024 desembarcó en la Municipalidad de La Plata como Directora General de Acceso a la Justicia, fruto de un acuerdo político entre el intendente Julio Alak y el espacio de Gastón Castagneto, que venía de perder la interna con el mandamás platense en las PASO de 2023. Dentro del armado de Castagneto estaba La Capitana, que contaba con el madrinazgo de Giselle Fernández, hermana de la ex presidenta Cristina Kirchner. Giselle es una buena mujer y la usaron, se limitaron a decir fuentes del justicialismo platense para intentar separarla del escándalo. Como sea, en la Municipalidad, Gaudino trabajó en tándem con el detenido Nicolás Rodríguez, quien fue designado ad honorem pues cobraba sueldo del Senado provincial. Ese paso también terminó en despido: el 1º de noviembre de 2024, la falsa abogada fue dada de baja y el área que encabezaba fue suprimida. Su última reinvención fue en marzo de 2025 como responsable de la Unidad de Género de la UTN La Plata, donde nuevamente fue presentada en documentos oficiales como abogada. Este medio intentó contactarse con sus superiores, pero no obtuvo respuesta. Hoy, mientras la ministra Díaz explica por qué el Estado tardó tanto en actuar, la Justicia investiga si Gaudino fue solo una simuladora compulsiva o el engranaje necesario para garantizar la impunidad de la presunta secta. El miércoles, la fiscal Lacki formalizó el pedido para unificar todas las causas que involucran a la cúpula de La Capitana. La competencia del caso se definirá entre los jueces de garantías Juan Pablo Masi y Pablo Nicolás Raelle.
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