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    Parana » Paginajudicial

    Fecha: 23/01/2026 02:29

    AGUJERO NEGRO La trama del espionaje que parece no ser 23/01/2026 Apenas veinticuatro horas después de que Rogelio Frigerio denunciara actos de espionaje político, todo parece indicar que las cámaras descubiertas en despachos oficiales estaban inactivas, es decir, no transmitían ni grababan. Edgardo Kueider se atribuye haberlas instalado y desactivado. El Gobierno abrió una investigación administrativa. El fiscal prefiere el camino de la cautela. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El entrecruzamiento de la política con los servicios de inteligencia es permanente y trasciende los tiempos y los gobiernos: el espionaje ha sido históricamente un complemento de la disputa política. Entre Ríos no ha sido ajena. La idea de que dirigentes políticos, jueces, fiscales, sindicalistas o periodistas son espiados es un hecho que todos asumen como cierto, aunque nadie lo dice en forma explícita. Rogelio Frigerio acaba de hacerlo: denunció ser víctima de espionaje y mostró artefactos encontrados en despachos oficiales en Casa de Gobierno. Dos funcionarios cercanos afirmaron en off que el gobernador llevaba varios días inquieto por lo que aseguraba era la filtración de conversaciones que mantenían pocas personas y de mucha confianza. Otro, también consultado por Página Judicial, incluso lo describió furioso. Eso dijeron. Ese fue el contexto en el que Frigerio le pidió a Néstor Roncaglia que dispusiera un barrido electrónico en su despacho y los que ocupan los funcionarios más cercanos, según la información oficial, y así se hizo. La tarea fue encargada a personal técnico de la División Drogas Peligrosas de la Policía, que dispone de aparatos detectores de frecuencias, tales como cámaras, micrófonos o sensores de movimiento. El resultado es por todos conocido: las alertas sonaron pasado el mediodía e inmediatamente se notificó al Ministerio Público Fiscal. Lo más impactante, relató un testigo directo, fue el hallazgo de una cámara orientada directamente hacia el escritorio en el despacho del gobernador y detectores de movimiento en la antesala, a la salida del ascensor. También había una cámara en la oficina de Mauricio Colello. El sistema detectado en los despachos oficiales carece de toda sofisticación; la instalación incluso era precaria y, presumiblemente, no estaba en funcionamiento no emitía señales, por eso no había sido detectado en barridos anteriores realizados tras la asunción de Frigerio en diciembre de 2023. El episodio remite, ineludiblemente, a los videos que mostraban a Edgardo Kueider contando dinero sobre su escritorio, cuando se desempeñaba como secretario general durante la primera administración de Gustavo Bordet. Esas imágenes, que se guardaron bajo siete llaves durante la gestión anterior y se reprodujeron hasta el hartazgo tras la detención del ex senador en Paraguay, fueron el resultado de un hackeo ilegal surgido de la interna peronista. En aquel momento, Kueider dijo ser víctima de una extorsión política, entregó una edición de esos videos al Ministerio Público Fiscal y admitió en su declaración que él mismo había instalado las cámaras. Aunque no lo nombró, apuntó sus dardos contra Sergio Urribarri. La historia fue revelada por Página Judicial. Esa causa judicial no tuvo ningún avance y terminó archivada. Sin embargo, tras la difusión de esos videos, se abrió una investigación administrativa para determinar la procedencia del dinero. Kueider argumentó que correspondía a gastos reservados. El descubrimiento de este miércoles mereció el repudio de todo el arco político. Hubo en el pasado reciente denuncias públicas sobre actos de espionaje político: Sergio Montiel y la contratación de Kroll Associates, la agencia de un ex espía de la CIA estadounidense; abogados paranaenses que aseguraban tener sus teléfonos intervenidos; un ministro de Sergio Urribarri al que le mandaban grabaciones de las reuniones que tenía en su oficina. Pero nunca un hecho de esta envergadura. El negocio del espionaje, en definitiva, siempre ha sido, y sigue siendo, el de mantener el secreto. El gobernador Frigerio dijo que se investigará hasta el fondo para saber quiénes colocaron esos dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida. En principio, la investigación recayó en manos del fiscal Santiago Alfieri, en turno a cargo de la Unidad de Delitos Complejos. Un experto informático, a partir de las fotos que difundió el Gobierno, describió lo hallado como una cámara analógica clásica de circuito cerrado y sensores de movimiento con conexión a través de un cable coaxial. El sistema permite transmitir las imágenes en tiempo real a un grabador y monitorearlas en forma remota. Los que se constató es que no había un by-pass ni implementos para la retransmisión remota. Esta circunstancia permite inferir que las cámaras estaban inactivas. Pero, lo que todavía podía representar un escándalo político, se cayó en menos de veinticuatro horas, con la revelación del propio Kueider a Análisis de que había sido él quien dispuso la colocación de las cámaras a principios de 2018 y que se desactivaron en febrero de 2019, aunque nunca las retiraron. A la luz de sus movimientos, el fiscal prefiere ser cauto. Solicitó medidas para determinar fehacientemente si las cámaras no funcionaban, como asegura Kueider, y si existe un dispositivo de almacenamiento de las grabaciones. Es que, en definitiva, el espionaje no es solo un concepto de ciencia ficción.

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