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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 22/01/2026 19:36
En el marco del litigio internacional por la expropiación de YPF, los fondos que ganaron el juicio intensificaron su ofensiva judicial y pusieron el foco en las reservas de oro argentinas, al exigir que el Estado revele información detallada sobre su paradero y movimientos. Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF avanzaron con un nuevo planteo ante la jueza del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta Preska, al solicitar que se obligue a la Argentina a informar con precisión dónde se encuentran sus reservas de oro, en qué cuentas están depositadas y qué operaciones se realizaron con esos activos. La presentación generó fuerte impacto puertas adentro del Banco Central, donde se reconoce que las maniobras vinculadas al oro carecen de respaldo documental sólido y podrían derivar en responsabilidades penales para funcionarios involucrados. Para los demandantes, esta situación no es casual sino parte de una estrategia deliberada para dificultar el cobro de la sentencia, que asciende a más de 16.000 millones de dólares. Según los fondos Petersen y Eton Park, el Estado argentino incumplió órdenes previas del tribunal al no presentar un testigo idóneo que pudiera dar cuenta del patrimonio nacional. En ese sentido, sostienen que la persona designada para declarar carecía de información clave, lo que interpretan como una maniobra de obstrucción dentro del proceso de identificación de bienes embargables. Los litigantes remarcan que la falta de colaboración resulta especialmente grave en un contexto en el que el precio del oro alcanzó valores récord, lo que incrementa el perjuicio económico. A su vez, señalan que funcionarios de primera línea cuentan con acceso directo a los datos requeridos, incluyendo al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien mencionan como una figura central en el manejo de la información vinculada a las reservas. Ante este escenario, solicitaron que la Justicia estadounidense ordene al país presentar de forma inmediata una declaración jurada detallando la localización, los traslados y las cuentas asociadas al oro. En caso de que el Gobierno argumente desconocimiento por parte del Banco Central, pidieron que se convoque a una audiencia con testimonios de funcionarios con conocimiento directo de los hechos. El reclamo judicial también incluye la exigencia de que la Argentina afronte los costos legales de los demandantes, al considerar que la conducta oficial prolonga de manera injustificada el proceso. Finalmente, recordaron que distintos organismos estatales cuentan con facultades legales para acceder a información sensible sobre el movimiento de las reservas, lo que refuerza según su postura la acusación de ocultamiento deliberado.
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