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Parana » AIM Digital
Fecha: 22/01/2026 18:25
El mandatario estadounidense inició acciones judiciales millonarias contra una entidad financiera y su principal directivo por haber cerrado sus cuentas en febrero de 2019. Lo acusó de sostener creencias progresistas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició una ofensiva legal contra JP Morgan Chase y su CEO, Jamie Dimon, acusándolos de retirarle los servicios financieros y cerrar sus cuentas por razones políticas. La demanda, presentada en un tribunal estatal del condado de Miami-Dade, exige como compensación una suma de al menos 5.000 millones de dólares. La controversia surgió después de que JP Morgan Chase informara a Trump y a sus empresas, en febrero de 2021, que cerraría sus cuentas y les otorgaba un plazo de 60 días antes de que las cancelaciones entraran en vigor. La medida afectó a diversas entidades vinculadas al entorno del presidente, incluidas propiedades y negocios familiares. Según el escrito judicial, el banco no proporcionó motivos concretos para la decisión e incluyó a Trump, su familia y varias de sus empresas en una lista negra que habría desencadenado consecuencias comerciales y de reputación para los demandantes. De acuerdo con la presentación judicial, la inclusión en la llamada lista negra se extendió a cualquier cuenta de gestión patrimonial en la que Trump y sus allegados tuvieran participación, lo que, según la demanda, habría sido autorizado personalmente por Jamie Dimon. El documento sostiene que la medida indujo a otras instituciones financieras a negar servicios a los demandantes, generando dificultades para operar y realizar transacciones habituales en el sistema bancario. La demanda, a la que tuvieron acceso medios internacionales, sostiene que JP Morgan Chase actuó motivado por creencias progresistas y por una supuesta necesidad de distanciarse de las posturas conservadoras del presidente estadounidense. El texto judicial argumenta que la decisión del banco obedeció a factores políticos y sociales, y no a criterios financieros o de riesgo regulatorio, como sostiene la entidad. En el documento presentado ante la justicia, los abogados de Trump acusan a JP Morgan Chase de difamación comercial e incumplimiento del pacto implícito de buena fe y trato justo. Además, atribuyen a Dimon la violación de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y Engañosas de Florida. El entorno del presidente sostiene que la cancelación de cuentas representó una forma de discriminación y exclusión del sistema bancario, lo que derivó en perjuicios económicos y reputacionales. Desde la perspectiva de Trump, las acciones de JP Morgan Chase no se limitaron a la finalización de una relación comercial, sino que configuraron una campaña de debanking destinada a excluirlo del circuito financiero tradicional. El mandatario ya había denunciado en ocasiones anteriores que algunos de los principales bancos estadounidenses, incluyendo a Bank of America, también rechazaron sus negocios tras el fin de su primer mandato. Las acusaciones de debanking formaron parte de la agenda del presidente, quien promovió iniciativas para castigar a las entidades que restringieran servicios a clientes por razones políticas o religiosas. En agosto, Trump firmó un decreto dirigido a penalizar a las instituciones financieras que discriminen a clientes en función de sus creencias políticas o religiosas. La normativa instruyó a agencias federales y al Departamento del Tesoro a desarrollar mecanismos regulatorios para evitar este tipo de exclusiones. No obstante, en el sistema estadounidense no existe una obligación legal para que los bancos mantengan cuentas a cualquier persona o empresa, y las entidades suelen argumentar que deben cumplir con regulaciones para proteger la integridad financiera. La querella presentada por el presidente no constituye su único frente judicial contra compañías del sector financiero. El entorno de Trump también promovió acciones similares contra otras entidades, como Capital One, por supuestas tácticas de exclusión. Medios internacionales relataron que la estrategia legal del mandatario incluye demandas contra grupos mediáticos y tecnológicos, a quienes reclamó indemnizaciones de miles de millones de dólares por acciones consideradas lesivas para su figura pública y sus intereses comerciales. La reacción de JP Morgan Chase fue inmediata. A través de un comunicado, la entidad aseguró que la demanda carece de fundamento y ratificó que no cierra cuentas por razones políticas ni religiosas. Voceros del banco explicaron que, en ocasiones, deben cancelar relaciones comerciales por riesgos legales o regulatorios, en cumplimiento de normativas vigentes. La institución afirmó que tanto la administración actual como las anteriores recibieron pedidos para actualizar las reglas que inciden en este tipo de decisiones, y aseguró respaldar los esfuerzos para evitar la politización del sector bancario. La disputa entre Trump y JP Morgan Chase escaló en un contexto de alta tensión entre el mandatario y el sector financiero. En el Foro Económico Mundial en Davos, Dimon criticó públicamente una propuesta del presidente para imponer un tope del 10 por ciento a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, calificándola de riesgosa para la economía de los hogares estadounidenses por su posible impacto en el acceso al crédito. Las fricciones se intensificaron tras conocerse que la fiscalía abrió una investigación penal contra el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien enfrentó cuestionamientos directos de la Casa Blanca por su postura en materia de política monetaria.
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