21/01/2026 20:01
21/01/2026 20:00
21/01/2026 20:00
21/01/2026 19:59
21/01/2026 19:59
21/01/2026 19:59
21/01/2026 19:59
21/01/2026 19:59
21/01/2026 19:59
21/01/2026 19:59
Parana » Informe Digital
Fecha: 21/01/2026 19:01
La Cámara de Diputados celebró este miércoles 21 la Sesión Especial Nº 15 del 146º Período Legislativo, presidida por Gustavo Hein, en la que se otorgó sanción definitiva a la prórroga del régimen de emergencia en obras públicas y viales, que regirá desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. El expediente había sido aprobado inicialmente por la cámara de origen el 23 de diciembre de 2025. Sin embargo, tras recibir modificaciones en el Senado, debió regresar a Diputados para su tratamiento final, tal como lo establece el procedimiento legislativo. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, apunta a dotar al Estado provincial de herramientas para negociar en mejores condiciones con las empresas contratistas, facilitar el reconocimiento y cancelación de créditos, y habilitar la rescisión o renegociación de contratos cuando sea necesario. Asimismo, busca reducir de manera significativa la conflictividad judicial, mediante acuerdos que contemplen el desistimiento de acciones legales sin costos para la Provincia. Como miembro informante, la diputada Noelia Taborda, presidenta de la comisión de Obras Públicas y Planeamiento, detalló el trabajo realizado en comisión y contextualizó la propuesta. Señaló que la actual gestión se encontró con numerosas obras paralizadas, a lo que se sumaron las negociaciones con el Estado nacional y los procesos de diálogo con las empresas. En eso se sustenta este proyecto: se solicita un plazo mayor para que el Estado provincial pueda cumplir con compromisos ya asumidos. Es una adecuación legal necesaria y responsable, afirmó. Taborda también aclaró que la norma no amplía facultades discrecionales, sino que ratifica herramientas ya autorizadas por la Legislatura. En ese sentido, sostuvo que la ley aporta previsibilidad jurídica y resguarda la responsabilidad fiscal, con el objetivo de proteger el interés general de la provincia. Desde el oficialismo, la diputada Gabriela Lena respaldó la medida al considerar que la obra pública atraviesa una situación crítica. A su entender, la emergencia no implica un retroceso institucional, sino que permite revisar contratos, negociar y encauzar controversias dentro de un marco legal y transparente. La verdadera inseguridad jurídica sería mirar para otro lado, dejar que los conflictos se acumulen y que las obras queden abandonadas sin respuestas, enfatizó. Objeciones de la oposición Desde el bloque Más para Entre Ríos, varios legisladores fundamentaron su rechazo. El diputado Juan José Bahillo cuestionó que se esté normalizando una herramienta que, por definición, debería ser excepcional. A su criterio, el problema no radica en el volumen de obra pública, sino en falencias administrativas y de coordinación, en un contexto nacional adverso en materia de financiamiento. En la misma línea, la diputada Silvina Deccó advirtió que la ley habilita procedimientos extraordinarios en materia de inversiones, mientras que Lorena Arrozogaray marcó una contradicción entre el discurso del gobernador Rogelio Frigerio en defensa de la obra pública y la política de ajuste impulsada desde el gobierno nacional. Por su parte, Carlos Damasco, del bloque La Libertad Entre Ríos, coincidió en que las leyes de emergencia deben aplicarse a situaciones excepcionales y no transformarse en una regla permanente. Ordenamiento territorial Durante la sesión especial, el cuerpo también sancionó por unanimidad tres leyes vinculadas al ordenamiento jurisdiccional de distintas localidades entrerrianas. Una de ellas amplía los límites del ejido de Bovril, en el departamento La Paz; otra establece los linderos de la comuna de Antelo, en el departamento Victoria; y la tercera fija los límites jurisdiccionales de la comuna Distrito Sauce, en Nogoyá. La diputada María Elena Romero, presidenta de la comisión de Asuntos Municipales y Comunales, explicó que se trata de decisiones que exceden lo meramente técnico. No estamos discutiendo líneas en un mapa, sino una definición política sobre el modelo de provincia que queremos construir, sostuvo. Romero precisó que los expedientes cuentan con la revisión de organismos técnicos como la Dirección de Catastro y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), y que responden a demandas concretas de las comunidades involucradas. Además, remarcó que la delimitación de ejidos es una herramienta clave para ordenar el territorio, garantizar servicios públicos, planificar infraestructura y brindar seguridad jurídica.
Ver noticia original
.gif)
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por