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Diamante » Neonetmusic
Fecha: 21/01/2026 20:00
Raúl Guglielminetti, ex integrante de los servicios de inteligencia de la última dictadura cívico-militar, falleció a los 84 años tras haber obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria por graves problemas de salud. El represor, conocido con los alias de El Ronco o Mayor Guastavino, murió sin haber aportado datos sobre el destino de las personas desaparecidas ni haber manifestado arrepentimiento por los delitos cometidos. Su trayectoria dentro del aparato represivo comenzó a fines de la década del sesenta, cuando se incorporó al Batallón de Inteligencia 601. Durante el terrorismo de Estado actuó en algunos de los principales engranajes del sistema ilegal, entre ellos el centro clandestino Automotores Orletti, Campo de Mayo, la Superintendencia de Seguridad Federal y operativos en la provincia de Neuquén, donde se lo vinculó a secuestros, torturas y desapariciones. Con el regreso de la democracia, su figura volvió a escena al ser identificado como parte de la custodia presidencial de Raúl Alfonsín, lo que generó un fuerte escándalo político. Tras ser expuesto públicamente, se refugió en España, aunque fue extraditado meses después por una causa penal. Sin embargo, en aquella etapa logró recuperar la libertad y durante años permaneció fuera del alcance de la Justicia. Recién en 2006 fue detenido nuevamente, esta vez por orden judicial en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad. A partir de entonces acumuló condenas a prisión perpetua. En los últimos años, había solicitado reiteradamente el arresto domiciliario, primero invocando su edad avanzada y luego un deterioro severo de su estado de salud, agravado tras una descompensación que motivó su internación. El Tribunal Oral Federal autorizó su regreso temporal a su domicilio en septiembre pasado, luego de informes médicos que señalaban que su condición superaba la capacidad de atención del sistema penitenciario. Guglielminetti murió antes de cumplir cuatro meses fuera de la cárcel, cerrando su vida lejos de los tribunales, pero dejando abiertas, para los organismos de derechos humanos, las deudas de verdad y justicia con las víctimas del terrorismo de Estado.
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