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Concepcion del Uruguay » Uruguayenses.com
Fecha: 19/01/2026 20:57
Dirigentes radicales volvieron a cuestionar con dureza la situación financiera y de gestión de la Obra Social de Entre Ríos (OSER). Según datos oficiales de la Justicia, entre febrero y diciembre de 2025 la obra social sufrió 5.520 embargos por un total de $15.224.338.973,76, una cifra que expone, a juicio del sector, el fracaso del nuevo esquema sanitario. El abogado Rubén Pagliotto, referente de un sector de la UCR, detalló que esos números implican un promedio diario de 24 amparos judiciales, con $83.650.214 descontados cada día directamente de las cuentas bancarias de OSER. Ese dinero salió de los aportes de trabajadores y jubilados estatales, muchos de ellos con ingresos por debajo de la canasta básica, y del aporte patronal del Estado financiado con impuestos, subrayó. Pagliotto recordó que OSER fue creada en junio de 2025 con el objetivo explícito de poner fin a la judicialización, los amparos, los embargos y el endeudamiento crónico del sistema. Esas promesas están incumplidas. La obra social ya no está intervenida: los interventores pasaron a ser directores, por lo que la responsabilidad es plenamente política y de gestión, afirmó. Según explicó, los 5.520 embargos son la consecuencia directa de amparos judiciales que no fueron cumplidos en tiempo y forma. Aclaró además que los registros judiciales sólo reflejan los casos que llegaron a embargo, ya que existen otros amparos que sí fueron cumplidos y, por lo tanto, no figuran en esas estadísticas. El abogado también recordó que, durante el debate legislativo que dio origen a OSER, el diputado Marcelo López intentó llevar tranquilidad al señalar que la ley podría revisarse más adelante si la obra social no funcionaba. Miles de afiliados siguen litigando y el dinero de la salud continúa yéndose por amparos en lugar de destinarse a mejorar las prestaciones de más de 300.000 afiliados, pero hasta hoy esa promesa no se cumplió, sostuvo. Pagliotto precisó que el 11 de diciembre de 2025 enviaron cartas formales al gobernador, a la vicegobernadora, a senadores, diputados y a los presidentes de las comisiones de Salud de ambas cámaras. En ellas plantearon una pregunta central: ¿Cuánto termina pagando de más el Estado entrerriano cuando OSER incumple sus obligaciones y fuerza a sus afiliados a litigar para obtener prestaciones esenciales?. Hoy esa pregunta tiene una respuesta concreta: más de $15.224 millones en embargos durante 2025, lo que equivale al 15% del total de los aportes de los afiliados, remarcó. Y agregó: Desde la creación de OSER, todos los entrerrianos cargamos con su déficit, ya sea como afiliados, como contribuyentes o como ciudadanos. En ese sentido, sostuvo que se desechó la alternativa advertida por UCR Activa de transformar al IOSPER en una verdadera obra social conforme a las leyes nacionales 23.660 y 23.661. Se optó por un diseño institucional que hoy demuestra ser incapaz de garantizar eficiencia, previsión y acceso oportuno a la salud, evaluó. Pagliotto también cuestionó con dureza la actuación de los organismos de control. La inacción de los síndicos resulta alarmante. Una auditoría integral podría revelar que los aportes de los trabajadores y el aporte patronal del Estado no se transfieren en tiempo y forma a OSER, sino que permanecen transitoriamente en la Tesorería provincial como créditos contables, señaló. Según su análisis, en ese esquema OSER recibiría fondos sólo a demanda, para cubrir embargos o urgencias, lo que explicaría los incumplimientos reiterados y el mayor costo final para los afiliados. Por último, el abogado se hizo eco de un rumor que calificó como inquietante: la posible intervención de SIDECREER, la UFI o algún organismo internacional para financiar el déficit de OSER. De confirmarse, el costo del desorden se trasladaría una vez más a los mismos de siempre: los entrerrianos, advirtió. Recordó además que, mientras se debatía la creación de OSER en la Legislatura, un afiliado falleció por no recibir a tiempo un marcapasos, hecho que derivó en una denuncia penal contra los interventores del IOSPER patrocinada por el propio Pagliotto y que expone graves irregularidades administrativas. El comunicado concluye con una pregunta directa al poder político: ¿Las autoridades del Poder Ejecutivo, los legisladores y los órganos de control, hasta cuándo van a mirar para otro lado? La salud no admite promesas futuras ni silencio político. Los números hablan por sí solos.
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