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Parana » AIM Digital
Fecha: 18/01/2026 12:22
El oficialismo busca apoyos para llevar el proyecto al recinto en febrero mientras el peronismo continúa atravesado por internas que limitan su capacidad de respuesta. La agenda internacional fortalece la centralidad del Presidente. El inicio del calendario político dejó atrás la pausa estival y reactivó las negociaciones en torno a la reforma laboral, que el Gobierno prevé tratar en el recinto el 11 de febrero. La estrategia oficial combina diálogo con los gobernadores y construcción de mayorías ajustadas, en un escenario donde los votos no están garantizados y cada apoyo se vuelve decisivo. La Casa Rosada procura sostener un canal de entendimiento con las provincias, conscientes de que los mandatarios provinciales serán determinantes para la aprobación de la llamada Ley de Modernización Laboral. En ese marco, surgieron propuestas de negociación como una eventual baja progresiva del impuesto a las Ganancias para empresas, con el objetivo de evitar un impacto brusco sobre los recursos coparticipables. Demandas provinciales y negociación abierta Los gobernadores, sin embargo, no acompañan sin condiciones. En los últimos días se multiplicaron los reclamos vinculados a fondos, obras públicas, deudas previsionales y coparticipación de tributos. Desde Neuquén, Tucumán, Mendoza y otras provincias hicieron llegar pedidos concretos al Ministerio del Interior, que encabeza la articulación política con las jurisdicciones. El ministro Diego Santilli mantiene una agenda de viajes por distintas provincias con el objetivo de consolidar respaldos. Ya sumó señales favorables de varios mandatarios, aunque persisten resistencias, especialmente entre sectores del peronismo que rechazan de plano la reforma y condicionan cualquier acercamiento a la resolución de conflictos financieros con Nación. El vínculo con las provincias muestra, además, un cambio de estilo en la estrategia oficial: diferenciación entre aliados y opositores, con premios y castigos según el grado de acompañamiento político. Esa lógica empieza a reconfigurar el mapa de relaciones entre la Casa Rosada y los gobiernos locales. El peronismo, entre la interna y la falta de agenda Del otro lado, el peronismo continúa atravesado por disputas internas que dificultan la construcción de una posición unificada. La tensión entre Axel Kicillof, el kirchnerismo y La Cámpora se profundiza en la provincia de Buenos Aires, con la elección partidaria como nuevo foco de conflicto. A esa fragmentación se suma el debate por la posible derogación de la norma que limita las reelecciones indefinidas en territorio bonaerense, una discusión que expone diferencias estratégicas entre los principales sectores del espacio. La falta de una conducción clara y de una narrativa común limita la capacidad de la oposición para disputar la agenda pública. En paralelo, sectores del peronismo trabajan en un borrador alternativo de reforma laboral que contempla mayor protección sindical e incluye a trabajadores de plataformas, aunque sin una participación orgánica de la CGT, que permanece distante del armado. Agenda internacional y centralidad presidencial Mientras se desarrollan las tensiones internas de la oposición, el Presidente capitaliza la exposición internacional. Su participación en eventos y foros globales, junto con la repercusión de procesos como el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea o la crisis en Venezuela, contribuyen a sostener su centralidad política, incluso cuando su intervención directa en esos hechos es limitada. La combinación de presencia local e internacional refuerza el posicionamiento del Gobierno en la conversación pública. La oposición, en contraste, permanece concentrada en debates internos, con dificultades para instalar temas que interpelen a una sociedad que sigue observando el escenario con distancia. Un test clave para el oficialismo La reforma laboral aparece así como el primer gran desafío parlamentario del año. Su aprobación dependerá del delicado equilibrio entre negociación política, concesiones a las provincias y capacidad de ordenamiento interno. Para el Gobierno, se trata de una prueba de gobernabilidad. Para la oposición, de una oportunidad aún no capitalizada para reconstruir protagonismo.
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