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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 16/01/2026 18:56
El decreto ingresó en la Cámara Alta y debe ser estudiado en un plazo de diez días hábiles. El DNU perderá su validez solo si ambas cámaras lo rechazan. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envió en las últimas horas al Congreso el DNU firmado por Javier Milei que reestructura el sistema de inteligencia y aumenta las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Se trató de una medida publicada el 1 de enero del 2026, en medio de los festejos por Año Nuevo desató un gran malestar de la oposición que objeta el contenido del decreto y de la forma que lo encaró el Ejecutivo. El envío del Decreto de Necesidad y Urgencia se dio un día antes que venza el plazo previsto por la ley 26.122, que regula el tratamiento de los decretos presidenciales. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo contará con diez días hábiles para emitir dictamen. En caso que no se reúna la bicameral en ese plazo y no se llegue a un dictamen, cualquiera de las dos cámaras podrá llevar el DNU al recinto para su votación. El decreto solo perderá vigencia si es rechazado por ambas cámaras. En cambio, si una sola lo impugna o si ninguna lo trata, el DNU quedará firme. El gran desafío para la oposición es reactivar la Comisión Bicameral. Posteriormente la ley 26.122 habilita a ambas cámaras a tratar el DNU en el recinto incluso sin dictamen previo. En ese sentido, los distintos bloques opositores deberán reunir el quorum y una mayoría simple(la mitad más uno de los votos) para rechazar la norma. Hay una realidad difusa en la oposición. El peronismo intenta mantenerse lo más solido posible, aunque hay constantes desprendimientos por las alianzas de los gobernadores con la Casa Rosada. En tanto, espacios del radicalismo y otros bloques dialoguistas expresan divisiones internas que serán cruciales para los votos finales. Más allá de la falta de un rotundo apoyo, el Gobierno espera el apoyo del PRO, que no criticó abiertamente la medida pero solicitó un debate abierto y transparente. Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, había indicado el jefe del bloque, Cristian Ritondo. La reforma de la SIDE Uno de los ejes del DNU es la redefinición del carácter de las tareas de inteligencia, que pasan a ser consideradas, de forma general, como actividades encubiertas. El criterio se apoya en la sensibilidad de la información que manejan estos organismos y en la necesidad de reducir lo que el decreto denomina riesgo estratégico nacional, lo que implica un giro conceptual en el funcionamiento del sistema. En este contexto, la normativa habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en situaciones de flagrancia, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad correspondientes. Esa facultad también podrá ejercerse cuando exista una orden judicial previa. Horas después de la publicación del extenso decreto de Milei que reformó la Ley de Inteligencia Nacional, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) defendió la medida y explicó los principales puntos del DNU. Según el organismo que conduce Cristian Auguadra, la iniciativa busca que el país cuente con un Sistema de Inteligencia Nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos. El objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI, señaló el comunicado. Por su parte, los sectores de la oposición que presentaron amparos contra el DNU indicaron que no existe necesidad y urgencia para que el Ejecutivo disponga de este decreto y no presente un proyecto en el Congreso que trate estas modificaciones a la Ley Nacional de Inteligencia. Y agregaron que la medida crea un sistema de inteligencia basado en influencia o injerencia, y destacan que se dispondrá una vigilancia estatal sin control judicial previo. Lesionan de manera actual e inminente derechos y garantías fundamentales de la totalidad de la ciudadanía, entre ellos el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la protección de datos personales, a la libertad de expresión, de asociación, de participación política y de peticionar a las autoridades, subrayaron.
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