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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 16/01/2026 16:55
En el marco de la investigación por la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA, la Cámara Federal confirmó una resolución judicial que reemplazó la prohibición de innovar sobre los bienes de los imputados por embargos patrimoniales, aunque ordenó readecuar o incrementar esas medidas antes de su eventual levantamiento definitivo y exhortó al juez de la causa a avanzar con mayor celeridad en la investigación. El tribunal avaló los embargos sobre bienes y dinero de los imputados por un monto inicial de $36.875.000, fijados por un plazo de 90 días, pero advirtió que, en función del estado de la causa y de la complejidad de la maniobra investigada, ese monto deberá ser revisado y eventualmente ampliado. La Sala I de la Cámara Federal ratificó así la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien dispuso los embargos sobre los bienes y/o fondos de Hayden Mark Davis, Sergio Daniel Morales, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Favio Camilo Rodríguez Blanco de Orlando, Rodolfo Mellino, Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, en relación con el perjuicio denunciado por los presuntos damnificados. Embargos confirmados y advertencia al magistrado En su fallo, los camaristas señalaron que, antes de levantar la prohibición de innovar, el juez deberá fijar un prudente aval patrimonial ajustado a la realidad del caso, que tutele las metas del proceso, considerando la entidad de los hechos, la cuantía del daño y el grado de participación de cada imputado. El tribunal remarcó que las medidas cautelares patrimoniales resultan procedentes, dado que se encuentran acreditados los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, aunque aclaró que su aplicación debe ser excepcional y proporcional. En ese sentido, sostuvo que la inmovilización total de los bienes no puede prolongarse indefinidamente, ya que impacta de manera severa sobre la libertad patrimonial de las personas involucradas. La Cámara también puso el acento en la necesidad de que la investigación avance de forma efectiva, para evitar que las medidas cautelares se transformen en una sanción anticipada. Según advirtió, si la instrucción no progresa en paralelo, los fundamentos que justifican los embargos podrían desnaturalizarse. Finalmente, la Sala I confirmó la resolución apelada, pero dispuso que, una vez vencido el plazo fijado, el magistrado deberá evaluar nuevamente la necesidad de prorrogar, modificar o aumentar los embargos, de acuerdo con la evolución del expediente y la eventual aparición de nuevas víctimas o mayores perjuicios económicos. En ese sentido, la querella informó como hecho nuevo que, con posterioridad a la resolución cuestionada, se solicitó la incorporación de dos nuevas víctimas como querellantes, quienes habrían sido damnificadas por una suma cercana a dos millones de dólares. La causa incluye, además, la denuncia contra el presidente Javier Milei, a raíz de la promoción de la criptomoneda $LIBRA realizada desde su cuenta de X el pasado 14 de febrero.
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