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Parana » Plazaweb
Fecha: 09/01/2026 12:21
El senador provincial Rubén Dal Molín (JxERFederación) se refirió a la prórroga de la emergencia en obras públicas aprobada en la Cámara Alta, abordó la situación de la Dirección Provincial de Vialidad y analizó el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional, al advertir sobre su impacto en los recursos coparticipables de Entre Ríos. En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Dal Molín explicó que la norma respondió a un escenario heredado de la gestión nacional anterior. Había un sinnúmero de obras que el gobierno nacional venía financiando hasta 2023 con recursos de distintos organismos, como el Enohsa, y que estaban en convenio con el gobierno provincial, señaló, y recordó que durante 2024 fue necesario regularizar este tipo de obras viendo qué obras quedaban a cargo de la provincia, cuáles a cargo de Nación y cuáles se eliminaban por falta de financiamiento. En ese marco, indicó que la definición final con Nación se alcanzó en septiembre y que los plazos no permitieron cerrar todos los contratos. No le dio el tiempo al gobierno provincial para terminar las obras, de modo que la ley le daba al Ejecutivo una herramienta para poder seguir negociando los contratos sin llegar a una judicialización, y esto fue lo que nosotros aprobamos, afirmó. El legislador aclaró que el Senado introdujo modificaciones al texto original. El 31 de diciembre concluía el plazo de la ley y se cambió el artículo 1 que planteaba una prórroga y se cambió a restablecer la ley. Esto es una ampliación de un año, pero refiere específicamente a eso, precisó, y agregó que la norma prevé que la emergencia pueda darse por concluida antes si la provincia finaliza las gestiones pendientes. Dal Molín destacó además que la ley incluyó a los municipios. Hay un artículo para que los municipios puedan realizar los mismos procedimientos, porque hay muchos que firmaron convenio directamente con Nación sin pasar por la provincia y que son obras que todavía están inconclusas, sostuvo. También explicó que, ante las consultas por la demora en el envío del proyecto, el ministro señaló que no había voluntad de parte del Ejecutivo de prorrogar esta ley, pero que fue necesaria porque quedaron contratos sin resolver. En relación con la polémica por la subejecución presupuestaria en la Dirección Provincial de Vialidad, el senador consideró que se trata de un problema estructural. La subejecución es una situación crónica que se viene dando en la provincia, y mucho tiene que ver la tremenda burocracia que tiene el Estado y puntualmente el organismo de Vialidad, afirmó. Según explicó, el actual gobierno provincial intentó avanzar con alternativas. Ha promovido los consorcios camineros que permiten ser más ejecutivos, más efectivos en la ejecución del gasto; ha promovido convenios con los municipios y se hizo una ley para afectarle recursos a Vialidad, detalló. En ese sentido, remarcó que ahora los fondos no ejecutados no pasan a Rentas Generales como históricamente ocurría, sino que quedan como crédito para Vialidad para el ejercicio siguiente. Dal Molín reconoció que la emergencia vial permitió resolver algunos obstáculos, aunque no todos. Es un organismo pesado y la emergencia en materia vial permitía zanjar algunas cuestiones burocráticas, pero no todas, afirmó, y recordó que los propios consorcistas manifestaron que la burocracia es un problema. A modo de síntesis, sostuvo que muchas veces los procesos burocráticos del Estado entorpecen el desarrollo de la gestión. Consultado por la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, el senador consideró que se trata de una discusión necesaria. Es necesaria la reforma laboral, y lo pide la actividad económica en general de las economías regionales y la actividad primaria por lo que denominan la industria del juicio, afirmó, y se mostró a favor de la modernización laboral y la necesaria adecuación con tiempos modernos. No obstante, reconoció el impacto fiscal que podrían generar los cambios impositivos asociados. Hay análisis de consultoras privadas que determinan que para Entre Ríos es una cifra de impacto de 82.000 millones para el año que viene de menores recursos provenientes de coparticipación, señaló, aunque relativizó el efecto al compararlo con los ingresos totales. Para la provincia significan 2,4% de impacto, explicó. Dal Molín sostuvo que se trata de un dinero que no se debe desconocer, pero consideró que podría compensarse con otras variables. Con algún reordenamiento del gasto o buscando algún otro recurso por otro lado, se podría resolver, afirmó, y recordó que el gobernador recibió recientemente 240.000 millones, una cifra superior a la eventual pérdida anual. De todos modos, admitió que el recorte tendría consecuencias concretas. Son casi 6.300 millones de pesos mensuales que no se pueden obviar, expresó, aunque insistió en coincidir en la importancia que tiene la reforma laboral. Finalmente, señaló que también deberán analizarse otros tributos, como el impuesto a los combustibles, y concluyó: En tiempos de vacas flacas, 10 pesos son 10 pesos.
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