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» La Nacion
Fecha: 07/01/2026 18:45
La CGT apunta a los indecisos para bloquear la reforma laboral de Milei en el Senado En pleno receso, la central obrera activó una ofensiva silenciosa a través de su ala dialoguista; contactos con radicales, provinciales y peronistas no K; reproches velados al bloque PJ - 5 minutos de lectura' Mientras el Congreso baja la persiana por el receso de verano, hay un actor que decidió no tomarse vacaciones. Frente a una reforma laboral que amenaza con mermar sus ingresos y capacidad de representación, la CGT aceleró las gestiones políticas para bloquear el proyecto impulsado por Javier Milei en el Senado. La estrategia es clara: salir a disputar los votos del centro político, entre radicales, bloques provinciales y peronistas no kirchneristas que no responden a la Casa Rosada pero tampoco se alinean con una oposición frontal. La tarea quedó en manos del ala más dialoguista de la central obrera. Cristian Jerónimo, del sindicato del vidrio, y Jorge Sola, del gremio del seguro -dos de los tres secretarios generales de la CGT- encabezan las conversaciones. El tercero, Jorge Arguello, de Camioneros, representa la facción más intransigente. La reforma ya cuenta con dictamen de comisión. Fue respaldada por los libertarios y acompañada, con disidencias, por Pro, la UCR y los bloques provinciales, mientras que el kirchnerismo votó en contra. Pero la avanzada que lideró Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, se empantanó antes de llegar al recinto. La discusión quedó postergada para febrero ante la posibilidad concreta de que el texto sea desguazado artículo por artículo. El quiebre terminó de consolidarse durante el debate del Presupuesto 2026 en Diputados, una sesión que profundizó la desconfianza entre el Gobierno y sus aliados tradicionales. Desde entonces, los libertarios se concentraron en recomponer ese vínculo, una tarea que dejó en suspenso el avance de la reforma laboral. En la CGT leyeron el aplazo como la primera batalla ganada. Con febrero cada vez más cerca, intensificaron los contactos con senadores indecisos que se corrieron del oficialismo. El objetivo es reunir entre siete y ocho voluntades para bloquear los artículos más sensibles, aquellos que -según advierten- golpean directamente el financiamiento sindical y erosionan su rol de intermediación. Entre los nombres con los que hubo conversaciones figuran la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Mauricio Camau Espínola. También apuntan a los santacruceños de Movere, Natalia Gadano y José Carambia, a la neuquina Julieta Carroza y a un grupo de radicales que evitan subordinarse sin matices a la Casa Rosada. Por lo bajo, en la central obrera deslizan un reproche hacia el bloque PJ, al que acusan de correrse de la pelea fina por los votos. Nadie va a hablar por nosotros, repiten los más críticos. La queja expone, además, una tensión interna: mientras Jerónimo y Sola apuestan al diálogo parlamentario y evitan la amenaza de un paro general, el sector más duro -referenciado en Camioneros, bajo la conducción Argüello- presiona por una confrontación abierta. El corazón del conflicto está en la letra chica del proyecto. La CGT apunta contra la ampliación de las actividades consideradas esenciales, que deberán garantizar servicios mínimos en caso de huelga; la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que habilitaría la primacía de acuerdos por empresa sobre los pactos sectoriales; y la posibilidad de renegociar la cuota solidaria que aportan los trabajadores no afiliados, hoy fijada por convenio. Pero el punto que genera mayor resistencia -y que incluso en el Gobierno admiten que podría no reunir los votos necesarios- es la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL) como alternativa al régimen de indemnizaciones. El fondo se financiaría con un aporte obligatorio del 3% de los empleadores, recursos que dejarían de ingresar al sistema previsional y serían administrados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), bajo la órbita de los ministerios de Economía y Capital Humano. Desfinancia el sistema previsional y de salud y le entrega al Estado un manejo discrecional de esa caja, advierten en la CGT. El 10 de diciembre pasado, la central obrera mantuvo un primer encuentro con el bloque PJ del Senado. Fue el punto de partida de una ofensiva política más amplia para frenar una iniciativa que califican de inconstitucional y antisindical. Luego tendieron puentes con los gobernadores de Provincias Unidas, con una cumbre inicial en el Banco de Chubut, de la que participaron los Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), antes incluso de que el texto oficial ingresara al Congreso. Pullaro lo explicó en términos generales: Como en ese momento no teníamos el texto, hablamos en abstracto. Hubo muchas coincidencias. Hay una sensatez muy grande frente a los problemas que tiene la Argentina. Después, obviamente, ellos defenderán a los trabajadores, y está bien que así sea. Del otro lado, el Gobierno también mueve fichas. El ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará una gira durante enero para sumar respaldo de los gobernadores: en las últimas horas se encontró con Torres en Chubut y prevé reunirse con al menos diez mandatarios provinciales. Chaco y Mendoza figuran entre las próximas paradas, con Leandro Zdero y Alfredo Cornejo, dos aliados electorales de los libertarios. Bullrich, en tanto, planea activar las reuniones la próxima semana. La estrategia oficial es avanzar en espejo en el Senado y Diputados, donde Martín Menem sigue de cerca el trámite, para evitar cambios que obliguen a devolver el proyecto a la Cámara de origen y dilaten el calendario. En esa pulseada, la CGT apuesta a llegar a febrero con los votos necesarios para torcer el rumbo de la reforma.
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