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Parana » Uno
Fecha: 07/01/2026 11:34
En la sesión de prorroga de Senadores, el legislador Víctor Sanzberro en forma conjunta con su par, Alberto Otaegui, presentaron un proyecto de comunicación dirigido a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, para convocar de forma urgente y extraordinaria a la Mesa de Diálogo Social para conocer la actual política de deistribución de la ayuda alimentaria. "No está en nuestro ánimo y voluntad mirar para el costado", expresó el legislador de Más para Entre Ríos en el recinto. Senadores piden explicaciones a Mesa de Diálogo Social por distribución de alimentos Senadores pidieron una reunión urgente de la Mesa de Diálogo Social por denuncias recibidas sobre irregularidades en distribución de ayuda alimentaria Más alla de que ambos senadores ya presentaron la solicitud en el Ministerio como acto administrativo, el proyecto tiene como fin obtener un respaldo del Senado al pedido de reunión extraordinaria. El motivo de programar un encuentro, explicó Sanzberro, se debe a las denuncias por la distribución alimentaria en la provincia. Ha circulado información en los medios de comunicación y procedimientos que la Justicia está llevando adelante respecto de este asunto. No está en nuestro ánimo y voluntad mirar para el costado siento parte de la Mesa de Diálogo. Y agregó: Nosotros formamos parte de dicha Mesa, cuyo ámbito tenemos que preservar porque es un Instituto de democracia participativa. Ante esta situación, en la iniciativa presentada se solicita un informe detallado respecto de la entrega de modulos alimentarios en la provincia. Queremos conocer el estado actual de la trazabilidad y los controles logísticos que se llevan a cabo. Además qué medidas se están llevando a cabo tras las denuncias. También, proponer mecanismo de transparencia como la digitalización, difusión o auditoría externa que nos de la garantía de que la distribución está funcionando bien. El pedido El pedido tiene como objetivo que autoridades del Poder Ejecutivo brinden información detallada sobre los mecanismos de autorización, entrega, control y rendición de los módulos y mercadería alimentaria distribuidos durante el año 2025, en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por la presunta entrega clientelar de alimentos. Durante la sesión, el senador Sanzberro explicó que la iniciativa se complementa con una nota enviada el pasado 4 de enero a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, en la que se solicita formalmente la reunión de la Mesa de Diálogo Social. No está en nuestro ánimo ni en nuestra voluntad mirar para el costado; creemos que la Mesa de Diálogo Social debe reunirse de manera extraordinaria, afirmó el legislador. El proyecto aprobado expresa que se vería con agrado que la señora ministra de Desarrollo Humano convoque en forma urgente y extraordinaria a una reunión de la Mesa de Diálogo Social, y propone una agenda de trabajo que incluye: un informe detallado del Ministerio sobre los mecanismos de autorización, entrega, control y rendición de cuentas de los módulos y mercadería alimentaria distribuidos durante 2025, incluyendo la cantidad total, el listado de organizaciones receptoras y los procedimientos de relevamiento y rendición. También se insta a conocer el estado actual de los controles administrativos y logísticos para garantizar la trazabilidad y el destino final de la asistencia alimentaria a las familias en situación de vulnerabilidad; y las medidas adoptadas o a adoptar ante las recientes denuncias periodísticas y los procedimientos judiciales en curso, incluyendo la colaboración con la Justicia y la realización de eventuales auditorías, publica APF. Asimismo, los senadores solicitaron conocer propuestas concretas para fortalecer la transparencia y el control participativo de la Mesa de Diálogo Social, tales como la digitalización de las entregas, la publicación periódica de información y la implementación de auditorías externas independientes. La denuncia La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) alzó la voz para denunciar irregularidades en la gestión de la asistencia alimentaria. A través de un documento conjunto, las organizaciones manifestaron su rechazo a cualquier tipo de manipulación de los recursos públicos destinados a los sectores más vulnerables. Los movimientos sociales, que sostienen gran parte de la red de comedores y merenderos en el territorio, enfatizaron que la falta de entrega de insumos no solo representa una falla administrativa, sino que deja a miles de familias sin el sustento básico diario. "Cada alimento que no llega a destino es un comedor que no puede abrir", advirtieron, señalando directamente la responsabilidad del Estado Provincial en la ejecución de estas políticas. El comunicado: El hambre no es botín político: exigimos transparencia, diálogo y planificación Desde la UTEP y desde los distintos espacios sociales y comunitarios que venimos trabajando y denunciando sostenidamente la situación alimentaria en la provincia, expresamos nuestro repudio ante cualquier forma de uso indebido, desvío o manipulación de alimentos destinados a políticas sociales. La alimentación no puede ser tratada como un recurso discrecional ni como herramienta de construcción de poder. El derecho a la alimentación es un derecho humano básico, y su vulneración impacta de manera directa sobre la vida cotidiana de miles de familias que hoy dependen de políticas públicas para garantizar un plato de comida. Cada alimento que no llega a destino no es una irregularidad menor: es un comedor comunitario que no puede abrir, una familia que queda expuesta y una trabajadora o trabajador territorial que debe sostener la emergencia sin respaldo ni respuestas claras del Estado Provincial. No se puede diseñar ni ejecutar política alimentaria sin escuchar a quienes garantizan su implementación cotidiana en el territorio. La emergencia alimentaria no se resuelve con parches, silencios ni opacidad. Se resuelve con planificación, control, participación social y decisión política. Reafirmamos que el hambre no es botín político, que la comida no se negocia y que los recursos públicos deben estar al servicio de garantizar derechos, no de reproducir desigualdades ni prácticas que degradan la función del Estado. Seguiremos exigiendo respuestas y defendiendo el derecho a la alimentación como lo que es: una condición básica para la dignidad y la vida de nuestro pueblo.
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