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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 07/01/2026 11:18
Después de dos años de Gobierno, el presidente Javier Milei tendrá su presupuesto. La llamada ley de leyes es una hoja de ruta previsiones respecto de como serán los ingresos y en qué se gastará cada peso que entre al Estado. Será, entre otras cosas, la primera radiografía de cómo será la billetera del libertario después de dos años de ajuste. Por primera vez en una década, el presupuesto oficial de la Nación deja ver con nitidez una verdad incómoda: la política discute cada vez menos el destino del gasto público. ¿A qué se debe esta afirmación? Desde 2016, y por primera vez, más de la mitad de los recursos corresponden a la seguridad social, es decir, ya están asignados de antemano y ofrecen una de las porciones menos flexibles del gasto público. Es verdad que este fenómeno se dio en los dos ejercicios anteriores, pero en ellos, a diferencia de ahora, no había presupuesto aprobado sino que prórrogas de leyes anteriores. La Argentina tiene un Estado cada vez más grande en términos nominales, pero cada vez más rígido en términos reales. Un Estado que recauda, redistribuye y paga, pero que invierte poco y decide menos. Un Estado capturado por compromisos automáticos, donde la discusión presupuestaria pierde sentido estratégico. La política mantiene una férrea discusión por el tamaño del Estado, pero el verdadero debate está en otro lado: qué parte del gasto es verdaderamente gobernable. Hoy, esa porción es cada vez más pequeña. Mientras no se discuta el corazón del gasto el sistema previsional, sus reglas de actualización, su vínculo con el mercado laboral y la informalidad, cualquier intento de reforma será marginal. El presupuesto crece, pero la capacidad del Estado para orientar el desarrollo se achica. No es solo un problema fiscal. Es, sobre todo, un problema de poder político. Porque cuando el presupuesto se vuelve automático, la política deja de gobernar y pasa a administrar. Jubilaciones, pensiones, asignaciones y transferencias sociales ocupan un lugar dominante y creciente, mientras el resto del Estado se comprime, se ajusta o empieza a representar porciones cada vez más chicas del gasto total. Los números son elocuentes. En 2016, la Seguridad Social representaba el 41,4% del presupuesto. Pasaron 10 años, cuatro de Mauricio Macri, otros tantos de Alberto Fernández y los dos de Milei y entonces, esta partida ya en 2026, absorbe el 56,4% del total. En el medio, llegó a tocar un máximo de 58,2% en 2025, pero entonces, como se dijo, sin presupuesto. Actualmente, la cuenta es simple. La billetera de Milei deberá destinar casi 60 pesos de los que gasta a la seguridad social. Es decir, ese porcentaje ya no está sujeto a decisiones discrecionales sino a actualizaciones que están ya establecidas. La inelasticidad del gasto no es un fenómeno nuevo, pero sí una tendencia que se consolidó y se volvió estructural. La discusión, entonces, se encamina directo a una pregunta: ¿se puede pensar un Estado distinto sin pensar el gasto en seguridad social? La respuesta es que, si en los últimos años esta partida creció casi 14 puntos porcentuales en la totalidad del presupuesto, la Argentina debería revertir este sesgo, al menos para empezar a tener más dinero disponible para otras áreas ligadas al desarrollo. De ahí que el Gobiero puso en la mira la reforma previsional. En su hoja de ruta, lo dice explícitamente, este proyecto está pensado para no antes de 2027. En la Casa Rosada dicen, con justa razón, que no es posible avanzar en este camino con la mitad del trabajo en negro. Además, más de la mitad de los monotributistas pertenecen a las categorías más bajas y el aporte de ellos a la seguridad social es muy bajo, de menos de $20.000 por mes. A este panorama se suma la sedimentación de las políticas kirchneristas de entregar jubilaciones sin aportes. Hoy el sistema está quebrado y casi el 60% se deriva a las prestaciones sociales. La energía es otro de los ejemplos más nítidos de cómo los subsidios distorsionaron la lógica del presupuesto y convirtieron una política sectorial en una variable de emergencia permanente. En 2016, cuando iniciaba el aumento de tarifas en el macrismo después de 12 años de ver las banderas del populismo energético que enarboló el kirchnerismo, el rubro Energía, combustibles y minería absorbía 11% del gasto total, reflejo de un sistema de tarifas atrasadas y subsidios generalizados. Con el macrismo, el peso relativo cayó abruptamente: 6% en 2017, 6,3% en 2018 y 5,2% en 2019, producto de la recomposición tarifaria y el retiro parcial del Estado. La pandemia y el regreso del kirchnerismo de Cristina Elisabet y Alberto Fernández, rompió ese sendero: en 2020 el gasto volvió a crecer y llegó a 6,8%, y explotó en la pospandemia, cuando el congelamiento de tarifas y el rebrote inflacionario empujaron la partida a 10,9% en 2021 y 9,9% en 2022, para quedar en 8,4% en el último año de mandato, cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, aumentó el precio de la energía para los sectores con mayores ingresos. En 2024, ya con las políticas libertarias al mando, esa partida se redujo 1,1 puntos porcentuales y quedó en 7,3%. El año pasado la billetera de Milei sólo gastó $4,4 de cada 100 en este items, mientras que prevé para 2026 una erogación similar. El resultado es un péndulo fiscal clásico: ni tarifas que reflejen costos ni subsidios focalizados. Solo un gasto que se expande cuando el sistema colapsa y se recorta cuando la caja manda, dejando al Estado atrapado entre la urgencia fiscal y el conflicto social. Una de las discusiones más fuertes en cualquier Gobierno es el gasto en educación. En 2016, el rubro representaba el 6,1% del presupuesto nacional, mientras que al año siguiente tuvo un leve repunte (6,4% en 2017). Sin embargo, desde allí inició una caída persistente durante el período 20182019 (5,8% y 5%, respectivamente), que se profundizó en 2020 con la pandemia (4,6%). El rebote posterior fue limitado y de corta duración: 5,4% en 2021, 6,1% en 2022 y un máximo de la serie en 2023, con 7,3%, impulsado por refuerzos transitorios y recomposiciones parciales. A partir de allí, el ajuste volvió a concentrarse en el sector: 5,6% en 2024, 5,3% en 2025 y 5,2% en 2026. En una década en la que el presupuesto total se multiplicó en términos nominales, la educación no perdió recursos absolutos, pero sí centralidad política: gana cuando hay margen y retrocede cuando la caja aprieta, confirmando que, en la Argentina, el capital humano aún es una variable de ajuste. Lo que Educación pierde, la Seguridad Social lo absorbe casi punto por punto. Mientras el gasto en Educación y Cultura se mueve en una franja cada vez más estrecha del 6,1% en 2016 al 5,2% en 2026, con un pico excepcional del 7,3% en 2023, la Seguridad Social sigue una trayectoria inversa y dominante. En el mismo período, el gasto previsional pasa de representar algo más del 41% del presupuesto a estabilizarse por encima del 56% hacia 2025 y 2026. La relación no es casual: en los años en que la educación retrocede 2018, 2019, 2020 y nuevamente desde 2024, el peso del gasto previsional avanza o se consolida. El Estado no reduce su tamaño ni achica el gasto total; reordena prioridades. Y en ese reordenamiento, la educación queda subordinada a un sistema previsional que funciona como gasto automático, indexado y políticamente intocable. Hace 10 años, el gasto en transporte representaba el 5,5% del total, con una leve suba en 2017 (5,6%). Durante el macrismo, el rubro se mantuvo relativamente estable, aunque con vaivenes: 5,2% en 2018 y 5,6% en 2019, en un contexto de reducción gradual de subsidios y recomposición tarifaria parcial. La pandemia marcó un quiebre abrupto: en 2020 el transporte cayó a 4% del presupuesto, una baja de 1,6 puntos porcentuales en un solo año, producto del derrumbe de la movilidad y el congelamiento de inversiones. El rebote posterior fue limitado y transitorio: 5% en 2021, pero sin consolidarse. Desde entonces, el ajuste volvió a concentrarse en el sector: 4,7% en 2022, 4,5% en 2023, hasta desplomarse a 3% en 2024 y 2,4% en 2025. En 2026, ya con la consolidación de la transferencia de la jurisdicción y el pago de los subsidios a las provincias, apenas muestra una corrección marginal (2,6%), muy lejos de los niveles de una década atrás. Salud muestra una dinámica distinta al resto de las áreas sociales: no se ajusta de manera lineal, pero tampoco logra consolidarse como prioridad estructural. En 2016, este item representaba el 3,5% del presupuesto nacional, con una leve suba en 2017 (3,7%) y un período de estabilidad durante los años 2018 y 2019 (3,6% en ambos años). La pandemia alteró bruscamente ese equilibrio: en 2020 el gasto en salud saltó a 4,8%, y alcanzó su pico inmediato en 2021, con 5,6%, impulsado por la emergencia sanitaria, compras extraordinarias y refuerzos al sistema público. Pero, como en otros rubros, el shock fue transitorio. En 2022, el peso relativo cayó a 4% y volvió a retroceder en 2023 (3,6%), prácticamente el mismo nivel previo al Covid. Es decir, más allá de los reclamos actuales del kirchnerismo respecto de causas como la del Hospital Garraham, en términos porcentuales no mejoraron el peso de la salud en el total de gastos. Pese a la cantidad de protestas y quejas públicas, Milei empezó con un camino ascendente. En su primer año de Gobierno de aquellos 3,6 pesos por cada 100 que gastaba el Estado se pasó a 4,9%, pasa llegar a 5,5% en 2025. Para el año próximo, siempre en términos porcentuales, se previsionó un 6%, el valor más alto de la serie en lo súltimos 10 años. El presupuesto argentino ya no discute prioridades: administra inercias. Educación, transporte y salud se mueven al ritmo de la emergencia y la caja, suben cuando la crisis lo impone y retroceden cuando el ajuste se vuelve inevitable. En paralelo, la Seguridad Social consolida su lugar como gasto dominante, automático y políticamente intocable. El resultado es un Estado cada vez más grande en términos nominales, pero cada vez más limitado en su capacidad de decidir hacia dónde va. No se trata solo de cuánto se gasta, sino de qué país se posterga cuando el futuro queda siempre para después.
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