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Parana » AIM Digital
Fecha: 07/01/2026 07:53
La oposición denunció la desarticulación del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, una política sanitaria creada en 2008 y convertida en ley en 2023, mientras que desde el Gobierno nacional salieron a rechazar las acusaciones y aseguraron que el sistema continúa funcionando. La controversia expuso fuertes diferencias sobre el rol del Estado en la atención de una de las patologías más sensibles de la infancia. Según información a la que accedió AIM, legisladores de Unión por la Patria y de Provincias Unidas alertaron que el ministerio de Salud avanzó en un proceso de vaciamiento del programa, clave para garantizar derivaciones y cirugías de alta complejidad a bebés nacidos con cardiopatías congénitas en todo el país. Acusaciones de la oposición Diputados recordaron que la ley fue aprobada en 2023 con un amplio respaldo parlamentario y que solo contó con dos votos en contra. En ese marco, advirtieron que la eliminación del equipo profesional encargado de la coordinación federal limita el acceso equitativo a la atención y pone en riesgo la vida de miles de recién nacidos. Desde el Congreso señalaron que cada año nacen más de cuatro mil bebés con cardiopatías congénitas y que, al menos la mitad, requiere una cirugía en centros de alta complejidad. Supo AIM que varios legisladores calificaron la medida como una violación grave al derecho a la salud y cuestionaron que el ajuste recaiga sobre un área considerada estratégica para la salud pública. Críticas desde el ámbito médico y político Constató AIM que médicos y legisladores con formación sanitaria remarcaron que el programa permite articular una red nacional que trasciende las capacidades provinciales, garantizando derivaciones oportunas y cobertura integral. En ese sentido, advirtieron que su desmantelamiento no solo sería ilegal, sino que también implicaría un retroceso en términos de equidad sanitaria. Las críticas también se extendieron al plano político, donde se acusó al Ejecutivo de priorizar el recorte del gasto por sobre la protección de las infancias, y de avanzar por vía administrativa sobre una política que no logró frenar en el Congreso. La respuesta oficial Frente a las denuncias, el ministerio de Salud negó que el programa haya sido eliminado y aseguró que su continuidad está garantizada. Desde la cartera sanitaria indicaron que, durante 2025, el programa contaba con trece personas y que el volumen de consultas no justificaba esa dotación, por lo que se decidió reorganizar y optimizar su funcionamiento, sin afectar la atención. Según el Gobierno, el personal desafectado habría intentado vaciar el programa mediante una renuncia masiva. Aun así, afirmaron que en lo que va de 2026 todas las consultas fueron atendidas y correctamente derivadas, y que la coordinación médica se mantiene a través del Hospital Garrahan, en articulación con centros de alta complejidad de todo el país. Un debate abierto Más allá del desmentido oficial, la controversia dejó al descubierto un debate de fondo sobre el alcance del ajuste en el sistema de salud y el impacto de las reestructuraciones en políticas sensibles. Desde sectores de la oposición sostienen que la atención no puede medirse solo en cantidad de llamadas o trámites administrativos, sino en la capacidad real de garantizar respuestas rápidas y federales para pacientes en situación crítica. El futuro del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas quedó así en el centro de la escena política y sanitaria, en un contexto donde las decisiones presupuestarias y de gestión continúan generando fuertes tensiones entre el Gobierno y el Congreso.
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