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Parana » Bicameral
Fecha: 05/01/2026 16:14
El oficialismo buscará conseguir la sanción definitiva del proyecto del Poder Ejecutivo que busca prorrogar por un año más la Emergencia en Obra Pública, vencida a fines de 2025. La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados en la última sesión, desarrollada el 23 de diciembre, y allí el peronismo, al igual que en la sesión especial de la mañana de ese mismo día, se ausentó criticando el "tratamiento exprés" de las iniciativas. En un contexto donde también se discutían los pedidos de juicio político a Susana Medina, cuestionaron puntualmente que el gobierno provincial contará con esta emergencia por tercer año consecutivo. En las últimas horas, a esa situación se sumaron los cruces entre oficialismo y oposición, en base a la subejecución de partidas en torno a lo recaudado para trabajos viales. Según había detallado el legislador nacional del peronismo Guillermo Michel (Unión por la Patria), de los $23.238 millones recaudados a través del Fondo de Desarrollo y Conservación Vial creado por las leyes 9.602 y 11.142 y financiado con el 50% del Impuesto Inmobiliario Rural solo se ejecutaron $11.090 millones. El campo puso el dinero pero no fue a donde debía ir, afirmó Michel, al tiempo que cuestionó el destino real de esos recursos. Rubén Dal Molin (Juntos por Entre Ríos Federación) le respondió que la subejecución no es un fenómeno reciente, sino un problema estructural que se arrastra desde hace más de una década. "La discusión no puede darse desde consignas ni oportunismos. Los datos muestran que el problema es histórico, señaló. El Senado, que desarrollará esta semana su segunda sesión de prórroga, podría acelerar el trámite legislativo y buscar la aprobación del proyecto. Los detalles del proyecto En la iniciativa, a la cual tuvo acceso Bicameral, la gestión provincial señaló que la solicitud a los legisladores "resulta necesaria y razonable frente a la persistencia de las circunstancias extraordinarias que motivaron su dictado y la sucesión de otros hechos, normas y convenios que sobrevinieron a su sanción, aparejando un impacto administrativo, financiero y jurídico de carácter significativo". Y agregaron: "En particular, corresponde destacar la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), dispuesta por Decreto Nº 1020/2024 PEN, y la consecuente transferencia a la Provincia de Entre Ríos de la ejecución, administración y cierre de numerosas obras públicas financiadas originalmente con fondos nacionales". Desde el Ejecutivo resaltaron que la situación derivó en la suscripción del Convenio Marco de Colaboración entre Nación y Provincia, junto con sus respectivos acuerdos específicos, mediante los cuales el Estado Provincial asumió obligaciones que implican "complejos procesos de regularización administrativa y financiera". "La implementación de dichos acuerdos ha generado un volumen extraordinario de trámites administrativos, particularmente en materia de solicitudes de adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios, muchas de las cuales se rigen por normativa nacional diversa a la aplicada por los organismos provinciales competentes, lo que hace necesario extremar los controles y adecuar los procedimientos de formación de la voluntad estatal. El cúmulo de expedientes, los procedimientos sucesivos de aprobación y la posterior emisión de certificados de obra, determinan plazos prolongados que exceden los términos ordinarios previstos en la legislación vigente, tornándose inviable su conclusión sin la continuidad del régimen de emergencia", explicaron. Para cerrar, el texto sostiene que la normativa vigente "ha permitido instrumentar novedosos y eficientes mecanismos de asistencia financiera y reconocimiento de deuda a favor de los contratistas del Estado Provincial, orientados a regularizar certificados de obra emitidos e impagos bajo esquemas previsibles, transparentes y acordes a las disponibilidades financieras de la Provincia. Sin embargo, una parte sustancial de las obras transferidas a la Provincia, presenta certificados aún pendientes de emisión como consecuencia directa de redeterminaciones y adecuaciones no concluidas, lo que impide la inclusión de dichas empresas en los mecanismos previstos".
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