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Parana » AIM Digital
Fecha: 05/01/2026 08:43
El decreto de necesidad y urgencia que reformó la Ley de Inteligencia volvió a colocar al Congreso en el centro de la escena política y abrió un conflicto institucional de alto voltaje. La norma, firmada por el Poder Ejecutivo a fines de diciembre y publicada en el primer Boletín Oficial de 2026, habilita nuevas facultades para la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), reaviva tensiones internas en el oficialismo y forzó a la oposición a reorganizarse antes de lo previsto, supo AIM. Según constató AIM, el nuevo DNU se convirtió en el primer tema capaz de unificar a sectores opositores que habían quedado desarticulados tras las elecciones legislativas de octubre y con escaso margen de acción durante el período de sesiones extraordinarias. Un antecedente que vuelve a escena No es la primera vez que un decreto vinculado a la Side genera resistencia parlamentaria. En 2024, con un oficialismo en minoría en ambas cámaras, el Congreso rechazó un DNU que asignaba fondos adicionales al organismo de inteligencia. Aquella decisión no tuvo consecuencias prácticas inmediatas, pero dejó un antecedente político que ahora vuelve a ser invocado en los despachos legislativos. Quince meses después, con una composición parlamentaria más favorable al oficialismo, el nuevo decreto reabrió un debate sensible y activó alertas en distintos bloques. Supo AIM que, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, la oposición interpreta este DNU como una oportunidad para forzar una discusión de fondo y recuperar protagonismo institucional. Reclamos por las bicamerales En ese marco, diputados de distintos bloques opositores reclamaron la conformación urgente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada de analizar los DNU, y de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. El pedido fue elevado a las autoridades de ambas cámaras, ante la falta de integración de esos cuerpos tras el recambio legislativo. Informaron a AIM fuentes parlamentarias que, una vez que el Poder Ejecutivo remita formalmente el decreto al Congreso, comenzarán a correr los plazos establecidos por la Ley 26.122. Si la bicameral no se expide dentro de los diez días hábiles, las cámaras quedarían habilitadas para tratar el DNU de manera directa en el recinto, incluso si el tema no figura en el temario de extraordinarias. Facultades controvertidas y tensión institucional El contenido del decreto despertó fuertes críticas opositoras. Legisladores advirtieron que la norma amplía de manera inédita las atribuciones de la Side, establece el secreto como regla general y habilita acciones que, según sostienen, avanzan sobre derechos y garantías constitucionales. Uno de los puntos más cuestionados es la posibilidad de detenciones sin orden judicial previa, interpretada por la oposición como una violación directa al marco constitucional. Además, la reforma introduce cambios en la estructura de control de la inteligencia, con la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, lo que también abrió tensiones dentro del propio oficialismo. Estrategias cruzadas y tiempos políticos Mientras la oposición analiza dejar vencer los plazos de la bicameral para forzar el tratamiento del DNU en el recinto, el oficialismo apuesta a dilatar la discusión y evitar que el decreto se convierta en el eje del verano legislativo. Según supo AIM, en el Gobierno confían en que el paso del tiempo y la dificultad para reunir quórum en enero atenúen la ofensiva parlamentaria. Sin embargo, en el Congreso admiten que febrero aparece como el mes clave. Allí podría definirse si el decreto logra sostenerse o si el Parlamento vuelve a rechazar una norma de este tipo, en un escenario que pondría en tensión la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y alteraría la agenda política prevista para el inicio del año.
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