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Fecha: 02/01/2026 22:08
En las últimas horas se confirmó el distanciamiento del PRO del Gobierno, pese a que fueron aliados durante los primeros dos años de gestión del Presidente Javier Milei. A través de un comunicado, el bloque de Diputados indicó que todavía no tiene una postura definida respecto del DNU que modificó la Ley de Inteligencia. Consideramos que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva, señalaron en el partido fundado por Mauricio Macri a través de un comunicado. Leé también: La encrucijada del PRO en el 2026: resolver el conflicto con LLA o apuntar a ser una alternativa en 2027 Sucede que en las últimas semanas de diciembre, la relación entre el PRO y La Libertad Avanza alcanzó su pico máximo de tensión, con desplantes públicos luego de una polémica sesión en Diputados, donde el PRO denunció un acuerdo entre LLA y el kirchnerismo por cargos en la Auditoría General de la Nación. Este último capítulo llevó al límite al vínculo: Dejamos de ser aliados, sentenciaron en el bloque que conduce Cristian Ritondo a este medio. Desde ese momento no hubo grandes gestos de acercamiento entre las partes. Solo hubo una comunicación breve entre Ritondo y el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, para intentar acercar posiciones, sin éxito. Leé también: Javier Milei se prepara para insistir en Davos en la apertura comercial y las críticas a la agenda woke Desde el Bloque del PRO conformamos un equipo especializado que se encuentra analizando el Decreto 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional introdujo modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, indicaron los legisladores encabezados por Ritondo. Y la postura excede a este tema en particular, es un razonamiento más de fondo. Del mismo modo que estamos actuando con este DNU, vamos a actuar ante cada votación, remarcó a TN un dirigente del PRO. Conformar un equipo especializado que estudie los temas en profundidad y que pueda rescatar los aspectos positivos y los que deben ser mejorados, detalló. De nuevo, el mensaje es claro: ya no hay un apoyo incondicional. A partir de ahora, acompañarán lo que estén de acuerdo y objetarán lo que no. Pese a esta situación, también hubo guiños para el Gobierno. Es importante señalar que la modificación de la ley de inteligencia a través de un DNU es una herramienta utilizada en el pasado por gobiernos de distintos signos políticos. En ese sentido, entendemos que no se trata de un mecanismo inédito dentro del funcionamiento del Estado argentino, indicaron. En la misma línea, explicaron: Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos. Uno de los puntos que destacamos como claramente positivo es la integración y unificación de bases de datos estatales. Esta modernización era una deuda histórica: Argentina se encontraba décadas atrasada, detallaron. La Ley 25.520 fue sancionada en el año 2001. Además, recordaron que el tratamiento de esos datos no es discrecional, sino que se encuentra estrictamente limitado y regulado por las leyes de protección de datos personales vigentes. Por ello, no advertimos riesgos legales en la integración de información, afirmaron. Y sentenciaron: Seguiremos analizando la normativa complementaria y los protocolos que el Poder Ejecutivo dicte en los próximos días, y una vez que contemos con esa información, expresaremos nuestra postura final con la seriedad que el tema exige.
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