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Fecha: 02/01/2026 15:08
La modificación de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional ya encendió las alarmas de la oposición que buscará convocar a la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia. La misma se puede autoconvocar sin la necesidad de que la citación la concreten las autoridades de las cámaras legislativas, Martín Menem, desde Diputados; o Victoria Villarruel por el Senado. Lee también: Milei retomará las giras por las provincias: Córdoba y Buenos Aires serán las primeras escalas El lilito Maximiliano Ferraro solicitó la pronta convocatoria de la comisión y posteó en las redes sociales: Si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas. Además, reclamó que los cambios se traten en el Congreso: Por qué no discutir un tema tan relevante con debate plural, contralor efectivo y el pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales?. La Comisión de Inteligencia Hasta el 9 de diciembre, la comisión fue presidida por el senador de la UCR, Martín Lousteau, quien venció su mandato y se incorporó a la Cámara de Diputados. La misma está integrada por 14 miembros, siete representantes por cada cámara legislativa. Actualmente, están designados 11 legisladores. Por el Senado, Beatriz Ávila del bloque Independencia; Eduardo de Pedro de UxP; Martín Gorerling Lara del Pro; Florencia López de UxP y Edith Terenzi de Despierta Chubut. Por la Cámara baja, Gabriel Bornoroni y Cesar Treffinger de La Libertad Avanza; Mariela Coletta de Provincias Unidas; Blanca Osuna y Rodolfo Tailhade de UxP; Cristian Ritondo del Pro. Restan aún designar un diputado y dos senadores y elegir sus autoridades. Por otro lado, deberá actuar la comisión Bicameral de Trámite Legislativo que tiene competencia para expedirse sobre la validez o invalidez de los DNU y elevar sus resoluciones al plenario de las Cámaras para su expreso tratamiento. La misma está presidida por el diputado desarrollista del MID, Oscar Zago. Ambas comisiones son permanentes y podrán autoconvocarse en cualquier momento del año, sin aguardar un llamado presidencial a sesiones extraordinarias. Varios legisladores ya están anticipando reuniones en enero para, en principio llevar adelante, no solo un primer contacto con la norma dictada por el Poder Ejecutivo, sino tener la posibilidad de solicitar oficialmente algún pedido de informes al organismo de Inteligencia. Lee También: El Gobierno oficializó el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal: los puntos clave Más opiniones desde el Congreso Desde Unión por la Patria (UxP), Jorge Taiana planteó: Básicamente, es una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo que ya hacen y a lo que quieren hacer. La consecuencia será un Estado policial. Además, alertó: El Gobierno está avanzando en su objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional, como impulsan desde hace años desde el Comando Sur. Mientras que el exdiputado Alejandro Topo Rodríguez entendió que, (Javier) Milei está creando un peligroso aparato parapolicial. Se trata de una superestructura de control, espionaje y persecución, que tendrá capacidad para detener personas e investigar a cualquier ciudadano, violando garantías constitucionales y por fuera del sistema judicial vigente. Desde el Senado. La cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, dijo: Un tema tan relevante como es la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional debe ser discutido en el Congreso de la Nación. Ese es el escenario en el que debe tratarse y no ser impulsado a través de un DNU. Ricardo Alfonsín, exdirigente de la UCR, pidió la intervención de la justicia: Si hay temas que sí o sí deben ser dialogados, debatidos, consensuados, este es uno de ellos. Es obvio que Milei no quiso hacerlo. Y esto es muy grave, porque no hay razones para el uso del DNU. Debería ser impugnado en la Justicia, y porque conozco el poco aprecio de Milei por los valores republicanos y democráticos. El Gobierno defendió la reforma de la SIDE: Los cambios están alineados con los más altos estándares democráticos El decreto publicado en el Boletín Oficial también dispone que todas las actividades de inteligencia pasen a tener carácter encubierto, por su sensibilidad y para reducir el riesgo estratégico nacional. En ese marco, la contrainteligencia queda definida de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos, dejando atrás prácticas del pasado vinculadas a persecución política, espionaje doméstico o control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos. Otro punto central es la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), cuya existencia según el Ejecutivo generaba superposición con los organismos del Estado Mayor Conjunto. Con ese cambio, el Gobierno afirma que busca un esquema más eficiente, integrado y coherente en materia de defensa.
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