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Concordia » Diario Junio
Fecha: 02/01/2026 16:41
Tres décadas de intervenciones y sanciones de Estados Unidos a Venezuela 3.ª parte: Del reconocimiento de Guaidó al bloqueo naval A lo largo de más de treinta años, Estados Unidos aplicó una política de presión creciente sobre Venezuela que incluyó sanciones, gobiernos paralelos y bloqueos, con el control de recursos estratégicos como telón de fondo. El asedio económico a Venezuela se vio agravado por una maniobra política en enero de 2019 para reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino. No se trataba de diplomacia, sino de un acto de guerra jurídica, es decir, la utilización de mecanismos legales para alcanzar objetivos militares o políticos estratégicos. Más de 50 naciones siguieron el ejemplo de EE. UU. y reconocieron a un gobierno paralelo que carecía de control sobre el territorio, la policía o las fuerzas militares. Este reconocimiento proporcionó, en forma artera, la justificación legal necesaria para la incautación de activos. En consecuencia, los EE. UU. y Reino Unido congelaron y transfirieron el control de miles de millones de reservas de oro de las arcas venezolanas (ladrones igual que los europeos con los fondos rusos). Así confiscaron las acciones de COTGO (filial venezolana en EE. UU.). El Departamento de Justicia de los EE. UU. apoyó esta acción, utilizando su sistema judicial para la ejecución de la propiedad de un Estado extranjero. Ya a lo largo de 2019, Trump y sus funcionarios afirmaron que todas las opciones estaban sobre la mesa, lo que incluía la intervención militar. Y luego vemos cómo la misma historia que vemos hoy es que Donald Trump y el Departamento de Justicia presentaron cargos sin fundamentos por narcoterrorismo contra Maduro y otros funcionarios, ofreciendo una recompensa de US$ 15 millones de dólares. Al mismo tiempo, EE. UU., con un claro pretexto, intensificó los ejercicios paramilitares en las proximidades y desplegó activos navales en el Caribe, sin la magnificencia de lo que es hoy el teatro de operaciones. Después del primer gobierno de Trump, sobrevino la administración Biden, que suavizó moderadamente, pero mantuvo las sanciones impuestas durante Obama y Trump, a pesar del considerable costo humanitario. En abril de 2021, la Casa Blanca afirmó que EE. UU. no tenía planes de levantar las sanciones, ya que esperaba que la población civil se levantara contra el Gobierno. Hubo un proceso diplomático entre el gobierno de Maduro y la oposición, pero en México. Tras las conversaciones, cuando Maduro liberó a presos políticos y accedió a un fondo especial que gestionaba la ONU utilizando activos congelados de Venezuela en los EE. UU., la respuesta fue la detención de un importante diplomático, Alex Saah, por sospecha de blanqueo de capitales, cuando en realidad lo que transmitió fue un mensaje claro: las negociaciones serán posibles sobre una base de rendición incondicional. El regreso de Donald Trump en 2025 ha dado lugar a un conflicto más abierto, pero más peligroso. Por esto: la Ley de Autorización Democrática de Venezuela se aplicará con una estructura inversamente paralela a las Enmiendas Boland de los años 80. En lugar de restringir la ayuda a los contras, esta legislación haría obligatoria la ley y asignaría inicialmente US$ 150 millones de dólares al Departamento de Defensa con el fin de proporcionar asistencia en materia de seguridad, incluyendo formación, equipamiento y apoyo en materia de inteligencia a los grupos venezolanos comprometidos con el restablecimiento de la democracia en Venezuela (?). Estos fondos asignados se canalizarían a través de mecanismos opacos a contratistas militares privados, como Silvercorp y Blackwater. Ambos grupos, con vínculos del expresidente (Biden), establecerían en secreto instalaciones de entrenamiento operativo y reclutarían personal entre los desertores militares venezolanos. En una medida basada en los incidentes navales que se produjeron durante la era Biden, el presidente Trump emitió posteriormente la Orden Ejecutiva 14101, titulada Declaración de una zona marítima para combatir el narcoterrorismo dirigido contra los EE. UU.. Esta orden estableció una zona de 200 millas náuticas frente a la costa venezolana. La orden estipulaba que cualquier buque en esa zona sin autorización previa explícita de los EE. UU. estaría sujeto a interdicción, abordaje y posible destrucción, cortando así las últimas rutas marítimas que le quedaban a Venezuela tanto para la exportación de petróleo como para la importación de alimentos. La implementación de un bloqueo casi total daría paso a la expropiación de los activos venezolanos en EE. UU. Así fue cuando, en agosto de 2025, un tribunal de Delaware, citando el reconocimiento por parte de VDRA de un gobierno venezolano en el exilio liderado por Leopoldo López, ordenaría la venta forzosa de los activos de refinería y oleoductos de CITGO para satisfacer las reclamaciones de los acreedores, incluidas las de Crystallex y ConocoPhillips, según el mismo Financial Times (2025). Al mismo tiempo, y bajo presión política, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminaría que el Banco de Inglaterra debe transferir las reservas de oro de Venezuela por US$ 1.800 millones de dólares a una cuenta controlada por este gobierno en el exilio (?). Esta acción constituiría la mayor incautación sin compensación de los activos en el extranjero de una nación soberana, superando a lo actuado en Irak y Afganistán, salvo la pretensión inédita de la Unión Europea de apoderarse de los activos rusos depositados en Bruselas para ayudar a Ucrania, por un valor de US$ 300.000 millones de dólares. Así les fue a los europeos, porque Putin les cerró totalmente el gas que iba a Europa y ahora, que están en pleno invierno, la industria y los habitantes sufren las consecuencias de apoyar a líderes arrogantes, incapaces y corruptos en pleno invierno europeo. Posteriormente se prevé que el Pentágono despliegue, según los planes operativos filtrados y publicados por The Intercept (2025), fuerzas que funcionarían como base de despegue de las Fuerzas Especiales del Ejército de los EE. UU. (Boinas Verdes) y los paramilitares de la CIA. Su mandato sería apoyar a los contratistas militares en la realización de operaciones en la zona minera del Orinoco. Esta agresión se semeja a la invasión de Granada de 1983, que se justificó como una misión para rescatar a estudiantes de medicina, pero que en última instancia sirvió para derrocar a un gobierno de izquierda. El despliegue de tropas de EE. UU. en territorio venezolano para proteger las minas de coltán y oro confirma de plano la pretensión injerencista de los EE. UU. En el mismo decreto, Trump ha intensificado la actividad militar, pero el Congreso no lo autoriza a invadir. Por eso, en su desesperación, ha autorizado el uso de la fuerza letal contra buques venezolanos, bombardeándolos indiscriminadamente y cometiendo delitos contra el Derecho Internacional. Habrá que ver con qué armas China y Rusia le van a contestar, sobre todo China, que ha invertido US$ 60.000 millones de dólares en Venezuela, y no por la histeria desenfrenada de un presidente al que se le termina el tiempo para la cosecha y no ha logrado absolutamente nada, salvo a sus aliados europeos, a quienes les soltó la mano en la guerra contra la Federación Rusa. Fuente: con información de Prensa Alternativa
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