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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 02/01/2026 11:18
Ana Laura Jaruf El año 2025 marcó para Argentina un punto de inflexión histórico en la tensión entre desarrollo económico y preservación ambiental. Con una política económica orientada explícitamente hacia la expansión extractiva, el país no solo definió su rumbo productivo para las próximas décadas, sino que también desató un debate profundo sobre qué modelo de nación aspira a construir. Esta discusión trasciende los indicadores macroeconómicos para cuestionar la protección de los bienes comunes frente a vulnerabilidades sociales y ambientales cada vez más evidentes. El eje de esta apuesta se consolidó en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un mecanismo diseñado para atraer capitales superiores a los 200 millones de dólares mediante privilegios fiscales, cambiarios y de estabilidad legal. Sin embargo, lejos de representar una transformación estructural, el RIGI operó en la práctica como un acelerador del modelo primario-exportador, minimizando controles ambientales y soslayando el derecho a la consulta previa. Su implementación en regiones de alta fragilidad ecológica desde el Golfo San Matías hasta los salares del noroeste revela una contradicción central: bajo el discurso de la modernización, se consolida un patrón de desarrollo que posterga, una vez más, la discusión sobre una transición productiva genuinamente sostenible. Esta tensión se manifestó con particular intensidad en el intento de reformar la Ley de Glaciares, norma sancionada en 2010 para proteger estos reservorios estratégicos de agua dulce. La propuesta gubernamental -enviada al Congreso recientemente- busca transferir a las provincias la delimitación de las áreas protegidas y habilitar actividades mineras e industriales en territorios hasta entonces considerados intangibles. Frente a esta situación, organizaciones ambientales, movilizaciones ciudadanas y un amplio espectro social advirtieron que se trataba de una regresión normativa que ponía en riesgo fuentes hídricas vitales y debilitaba una barrera natural clave frente a la sequía y el cambio climático. En este sentido, es importante destacar que los conflictos socioambientales demostraron que los costos de este modelo no son abstractos. En Neuquén, la expansión del fracking cerca del lago Mari Menuco enfrentó la resistencia organizada de comunidades mapuches y locales, que alertaron sobre la contaminación de napas freáticas y la erosión de sus modos de vida. Este escenario se repitió en otras provincias, donde el reclamo por consulta y consentimiento previo chocó sistemáticamente con políticas estatales que priorizaron la agilización de permisos y la relajación de salvaguardas ambientales. El desbalance resultante es profundamente social: no solo se degradan ecosistemas, sino que se ponen en peligro culturas y subsistencias directamente dependientes de ellos. Adicionalmente, se observa que el dilema argentino se refleja en una dinámica regional. En Bolivia, el RIGI fue analizado como un posible referente para atraer inversiones extractivas, reproduciendo el mismo debate entre oportunidad económica y riesgo socioambiental. En Chile y Perú potencias mineras de la región proyectos como Dominga o los conflictos por el agua en el desierto de Atacama exponen una tensión crónica entre el crecimiento impulsado por los commodities y la protección de territorios y comunidades. De esta manera, América Latina parece estar condenada a repetir un mismo dilema: cómo conciliar las demandas del mercado global con la sostenibilidad de sus ecosistemas. Resulta paradójico que una región con los recursos naturales necesarios para liderar una transición energética justa se enfrente con la ausencia de políticas climáticas coherentes y de mecanismos robustos de protección ambiental y termine, de esta manera, en una posición de vulnerabilidad. El debilitamiento normativo y la subordinación de los criterios técnicos a incentivos económicos redistribuyen riesgos hacia poblaciones que ya enfrentan sequías más intensas, temperaturas extremas y una acelerada pérdida de biodiversidad. De este modo, la falta de controles convierte la extracción de recursos en un proceso que consume y compromete el capital natural de las próximas generaciones. Argentina, por su vasto patrimonio natural y su diversidad climática, debería erigirse como referente de una gobernanza sostenible, no como laboratorio de desregulación. En 2026, el gran reto será construir un consenso que equilibre el desarrollo económico con la defensa de los bienes comunes. Esto exige que cualquier transición productiva priorice la justicia para las comunidades que dependen históricamente de su tierra. Solo así podrá evitarse la trampa de un crecimiento que, en nombre del progreso, hipoteca el porvenir. Fuente: Bae Negocios
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