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» Clarin
Fecha: 02/01/2026 10:58
En un decreto que podría definirse como tres en uno, el Gobierno 1) prorrogó un año más la emergencia sanitaria dictaminada hace 24 años, lo que demoró la explosión de una gran deuda del sector, que algunos llaman "la bomba de la salud"; 2) amplió las competencias del Ministerio de Salud dándole injerencia en materia de precursores químicos (tema puesto en agenda con el escándalo del fentanilo contaminado); y 3) formalmente incorporó a esa cartera (tal como había anunciado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hace unos días) la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad, que quedará rebajada al rango de secretaría. La cuestión de la emergencia sanitaria, que figura en el decreto 942/2025 y está fechada en el último día de 2025, tiene una trascendencia particular, ya que dispone un nuevo compás de espera a una bomba compuesta por una deuda aparentemente millonaria (nadie precisa la cifra), que unas 5.000 instituciones, entre centros de atención y diagnóstico, le deben al ARCA en concepto de aportes y contribuciones patronales, entre más impuestos acumulados desde la crisis de 2001. Como se informó en estas mismas líneas, aunque el Gobierno había incluido la emergencia sanitaria en la ley de Presupuesto Nacional 2026 y esperaba revalidar el halo de protección al sector de ese modo, ese pasaje del texto -junto con otros controversiales relacionados a los temas discapacidad y universidades- estaba incluido en el famoso capítulo 11 que no tuvo aval del Congreso. Por esa razón, los temores del sector de la salud empezaron a asomar y a crecer en los últimos días, ya que si la normativa no se prorrogaba o el Gobierno no hacía algo (expresó a este medio Hugo Magonza, titular de la Unión Argentina de Salud y director del CEMIC), desde el 1° de enero de 2026, con el vencimiento de la última prórroga de la emergencia sanitaria, se les podrían venir encima medidas cautelares y embargos desde el ARCA. Como plan B, el Gobierno finalmente lanzó esta semana dos medidas que patean el problema para después. Según volvieron a ratificar fuentes oficiales a Clarín, está la intención de, durante 2026, poner en marcha un plan que dé facilidades impositivas para que las empresas deudoras puedan reordenar sus cuentas. El objetivo del ministro Mario Lugones sería no volver a prorrogar la emergencia sanitaria cuando asome 2027. Por fuera de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Economía (aunque el organismo instrumentador es el ARCA) sacó el 23 de diciembre una resolución (la 2109/2025) que prorroga por seis meses (hasta el 31 de julio inclusive) la suspensión del inicio de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares. Tanto las empresas como el Gobierno aseguran desconocer el monto total de la deuda que condensa este conflicto. Clarín tramitó un pedido de acceso a la información pública dirigido al ARCA para conocer la cifra, pero, si bien hubo una respuesta, la información no fue provista todavía. El adiós a la Agencia Nacional de Discapacidad Además de la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2026, el nuevo DNU dispuso -como informó Adorni este martes- la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que viene atravesando largos meses de agonía. Ya tenía en vilo a familiares de pacientes y prestadores del sector por el atraso del llamado nomenclador (los montos escuetos que se pagan por las prestaciones de salud al sector), cuando en agosto explotó el mega escándalo de las coimas que hace meses tienes en jaque a funcionarios, ex funcionarios y empresarios del mundo farma, entre otros. El decreto alude a esos aspectos mencionando una auditoría interna en la que se encontraron irregularidades de gravedad en las contrataciones y en la gestión de gastos vinculados a insumos médicos, equipamientos y dispositivos de alta complejidad, particularmente en la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS). Señala que las irregularidades y debilidades detectadas, de carácter administrativo, financiero, tecnológico y de control, comprometen la regularidad, eficiencia y legalidad del funcionamiento de la ANDIS y colocan en riesgo el acceso efectivo de las personas con discapacidad a las prestaciones médicas, medicamentos de alto costo, dispositivos de apoyo y servicios esenciales. Para justificar la adopción inmediata de medidas estructurales que permitan lograr condiciones de mayor trazabilidad, eficiencia y transparencia en la gestión pública por fuera de la tramitación legislativa ordinaria (que el texto dice que no resulta idónea para atender con la urgencia requerida la reorganización institucional necesaria), alude a un riesgo cierto, actual e inminente para la continuidad y regularidad del otorgamiento de prestaciones a las personas con discapacidad. Fentanilo y precursores químicos: más competencias a Salud Además, el DNU sumó un poroto que es difícil no conectar con otro escándalo que simboliza a todo 2025: el del fentanilo contaminado con bacterias elaborado por los laboratorios HLB y Ramallo. Esas más de 300.000 ampollas producidas sin respeto por las buenas normas de fabricación, que -según busca demostrar la Justicia Federal, que ya imputó a una docena de personas- habrían causado la muerte de 124 pacientes. La novedad es una ampliación de competencias para el ministro Lugones en materia de control sanitario de los llamados precursores químicos, un tema que -contaron desde el Gobierno este viernes-, en algún momento estuvo bajo el control de la Sedronar, pero después pasó al Ministerio de Seguridad. Según expresaron desde la cartera sanitaria nacional, se incorporan competencias a Salud (Ley 22.520) para aportar lineamientos técnicos y evidencia sanitaria/toxicológica/epidemiológica vinculada al Registro de Precursores Químicos (Ley 26.045), en coordinación con el Ministerio de Seguridad Nacional. La intención es reforzar la fiscalización, prevención de desvíos, trazabilidad e intercambio de información, un aspecto especialmente demandado por las querellas en la causa del fentanilo contaminado. Desde Salud sumaron que la medida apunta a reducir riesgos sanitarios concretos: cortar el desvío antes de que se traduzca en sustancias más peligrosas o adulteradas, intoxicaciones y daño comunitario, con miras a anticipar el impacto con evidencia y trazabilidad, para que el problema no se gestione tarde (cuando ya explotó en guardias, hospitales) sino desde la prevención. AS Sobre la firma Mirá también Newsletter Clarín
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