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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 02/01/2026 00:07
Tanto Diputados como Senadores no son transparentes al momento de publicar su información y cuando lo hacen es porque se lo ordenó la Justicia. La Legislatura de Entre Ríos integra el 90% de las legislaturas provinciales argentinas que ocultan datos sobre contrataciones de personal o manejo de fondos, según reveló en junio de 2024 una investigación conjunta de Poder Ciudadano y Ruido, una red nacional de periodismo de investigación. El informe colocó a Entre Ríos como pionera en casos de corrupción en el Poder Legislativo, citando condenas por desvío de fondos del Senado entre 1995 y 1999, y denuncias por contratación de personal fantasma en 2018. Diez meses después, cuando ANÁLISIS intentó acceder a información sobre actividad legislativa, composición de personal y transparencia de ambas Cámaras para el período diciembre 2023-diciembre 2025, las respuestas fueron parciales, contradictorias y, en algunos casos, directamente inexistentes. En octubre de 2024, las Cámaras publicaron -bajo apercibimiento judicial sus listados de personal de planta, contratos y subsidios otorgados. El dato no es menor: las autoridades legislativas se vieron forzadas a difundir información que debió ser pública desde siempre. Según el portal web oficial del Senado, la planta permanente se redujo en 2024 a 215 personas (bajó de 226 empleados en 2023, pero supera los 171 de 2022). Los contratos actuales suman 223, de los cuales 196 corresponden a personas cuyos convenios se renuevan semestralmente. La cifra marca una disminución notable frente a los 1.306 contratos de 2023 (692 personas) y los 1.159 de 2022 (616 contratados). Los contratos de servicios totalizan 14 en 2024, bajando de 19 en 2023 y 16 en 2022. El presidente del bloque de senadores de JxER, Rubén Dal Molín (Federación - Juntos por Entre Ríos) facilitó a la red Ruido un cuadro comparativo que muestra reducciones presupuestarias. Según registros de la Contaduría General, entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 los gastos de toda la Legislatura provincial se redujeron casi 50%. Diputados, datos incompletos En abril de 2024, la Cámara de Diputados protagonizó un hecho calificado como inédito: publicó en su página web datos relativos a empleados de planta permanente, contratos de servicios y contratos de obra, además de subsidios. El presidente Gustavo Hein anunció que la información se actualizaría periódicamente. Decidimos publicar en la web de la Cámara, datos relativos a empleados, contratados y subsidios. Con esta decisión, seguimos profundizando el proceso de transparencia y reordenamiento con el que nos comprometimos al comenzar la gestión, junto a nuestro gobernador Rogelio Frigerio, declaró Hein en conferencia de prensa. Los datos publicados abarcan desde 2022 hasta 2025. Diputados informó que tiene 16 contratos de servicio como planta transitoria. Sin embargo, existe un vacío fundamental en la información: ni Diputados ni Senadores publican la cantidad de asesores contratados que cobran a partir de los módulos que reciben los legisladores, ni cuántos empleados de planta se asigna a cada legislador, ni cuántos adscriptos se otorgan. La investigación de Ruido documentó un mecanismo clave de opacidad: los módulos. Cada diputado y senador recibe además de su dieta mensual que en marzo-abril de 2024 rondaba los 3,5 millones de pesos módulos con los cuales contrata asesores. Esa partida gigante puede ser usada para cuestiones específicas, explicaron fuentes de la Cámara de Diputados a los investigadores de Ruido. El sistema funciona así: De ese monto se asignan también los módulos que cada diputado distribuye como quiere. Podés tener 10 personas o una sola. Podés cobrar los módulos por un mes, seis meses, 12 meses o cuatro años. El presidente de Cámara tiene la potestad de la asignación de módulos, es decir puede sacarla o suspenderla. Según el Reglamento del Senado (artículo 35 quáter), los bloques partidarios propondrán la designación y/o remoción de sus asesores a la Presidencia de la Cámara. Los presidentes de bloques son jefes inmediatos de funcionarios y empleados, determinando sus tareas. Lo que no está blanqueado en las planillas del Presupuesto es cuántos asesores contrata cada legislador ni en qué condiciones. Las decisiones quedan a discreción de las autoridades y del legislador. No hay registro público. No hay control ciudadano. Personal y números Según las planillas del Presupuesto 2024, el Senado cuenta con 245 personas en planta, 17 senadores y 27 cargos políticos denominados Personal Superior Fuera de Escalafón (PSFE). Total: 289 personas. La cifra oficial con fecha de corte 10/12/2023 indica 293 personas desempeñándose en la Cámara alta. Estos números no incluyen asesores contratados por módulos, personal de planta asignado a cada senador ni adscripciones. En Diputados, la planta permanente suma 34 legisladores más personal administrativo y de apoyo, pero tampoco se detallan públicamente los asesores por módulos. ANÁLISIS solicitó información sobre cantidad de proyectos presentados por cada legislador y cuántos fueron aprobados entre diciembre 2023 y diciembre 2025. Resultado: no existen estadísticas públicas consolidadas, accesibles y actualizadas que permitan establecer un ranking de productividad legislativa. Las páginas oficiales (hcder.gov.ar y senadoer.gob.ar) publican: --Diarios de sesiones en formato PDF. --Buscadores de proyectos por número de expediente. --Perfiles individuales de algunos legisladores con listados de sus proyectos. Pero no existe un tablero unificado que muestre: legislador X presentó N proyectos, de los cuales M fueron aprobados. Leyes relevantes sancionadas Entre las iniciativas más importantes aprobadas en el período se destacan: 2024: -Código Electoral Provincial y Boleta Única de Papel (ley aprobada tras idas y vueltas entre ambas cámaras, diciembre 2024) -Presupuesto Provincial 2025 (diciembre 2024) -Ley de Transparencia y Ética de la Función Pública (agosto 2024) -Prórroga emergencia alimentaria hasta 31/12/2025 -Ley de Buenas Prácticas en Utilización de Fitosanitarios -Creación del Ente Mixto de Turismo (EMTURER) -Prórroga de emergencias económica/financiera y vial hasta 31/12/2025 -Derogación de pensiones especiales (Ley 4.506) -Régimen de Compre Provincial para Promoción de Industria 2025 (hasta diciembre): -Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial -Reforma Ley Consejo de la Magistratura -Modificaciones Ley de Juicio por Jurados -Creación Agencia Administradora de Bienes Inmuebles -Régimen Incentivo Nuevas Inversiones (RINI) - ampliación a actividades portuarias -Recategorización de comunas a municipios (casos puntuales) -Creación de cargos en Poder Judicial La opacidad de un caso El caso del juicio político a la vocal del Superior Tribunal de Justicia Susana Medina de Rizzo ilustra perfectamente cómo funciona la opacidad en la Legislatura entrerriana. Como documentó ANÁLISIS en investigaciones previas, la vocal acumuló 668 días hábiles de ausencias entre 2015-2024 (equivalente a 3 años judiciales completos), viajó a 60 países con fondos del STJ, y admitió que el empresario Eduardo Eurnekian le pagó 4 viajes a España y 1 a Colombia en avión privado. Cuando el juicio político llegó a la Cámara de Diputados en diciembre de 2024, el presidente Gustavo Hein, por directivas del gobernador Rogelio Frigerio, ordenó a los diputados oficialistas salvar a la magistrada. El dictamen mayoritario de la Comisión de Juicio Político fue una copia literal de 21 páginas de la defensa de Medina y quizás se trate el 5 de enero, cuando venzan los plazos o bien se dejará que el caso muera reglamentariamente y pase al archivo. El bloque justicialista, presidido por Laura Stratta, se ausentó estratégicamente de la sesión final, impidiendo el quórum necesario. El plazo venció el 5 de enero de 2026 y el expediente fue archivado de facto. Ni oficialismo ni oposición quisieron quemar sus naves en un tema espinoso. La diputada Gabriela Lena, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, circuló el dictamen por WhatsApp y expresó: Si alguien quiere hacer alguna acotación al respecto, lo puede hacer. Nadie tocó una coma. El único interrogador incisivo en la comparecencia de Medina fue el diputado libertario Roque Fleitas, a quien le dijeron que no siguiera en función de alianza política. La transparencia real que falta La provincia integra, según Poder Ciudadano y Ruido, el grupo de jurisdicciones con respuestas parciales junto a CABA, Catamarca, Mendoza, Río Negro y Tierra del Fuego. Solo tres provincias dieron respuestas completas: San Luis, Córdoba y Santa Cruz. Para que la Legislatura entrerriana alcance estándares mínimos de transparencia, debería publicar: -Asesores por módulos: listado completo de asesores contratados por cada legislador, con montos y funciones -Personal asignado: cuántos empleados de planta y adscriptos tiene cada diputado y senador -Estadísticas legislativas: tablero público actualizado con proyectos presentados y aprobados por legislador -Viáticos y gastos: detalle de viáticos, pasajes, gastos protocolares por legislador -Subsidios y aportes: destinatarios, montos, criterios de asignación -Asistencia a sesiones: registro público de presencias y ausencias -Votaciones nominales: cómo votó cada legislador en cada iniciativa Hoy, nada de esto es accesible de manera sistematizada, actualizada y en formatos abiertos. Legislaturas secretas tituló Ruido su investigación sobre Entre Ríos. El diagnóstico es preciso: mientras el discurso oficial celebra transparencia inédita, la realidad muestra opacidad sistémica en áreas clave. El sistema de módulos discrecional, no auditado, sin registros públicos permite contratar asesores sin control ciudadano. La ausencia de estadísticas sobre actividad legislativa impide evaluar la productividad de cada representante. La falta de información sobre viáticos y gastos deja un manto de sospecha sobre el uso de recursos públicos. Todo esto ocurre en una provincia donde el Presupuesto 2026 destina más de 6,4 billones de pesos al funcionamiento del Estado, donde el 70% del gasto es rígido, donde se proyecta emitir deuda por 500 millones de dólares, donde miles de entrerrianos beben agua contaminada mientras la Legislatura gasta millones en personal que nadie puede auditar.
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