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Fecha: 01/01/2026 06:03
El oficialismo ya despliega su estrategia para sancionar los proyectos de Modernización Laboral y los cambios a la Ley de Glaciares en febrero. Los proyectos ya fueron dictaminados por la mayoría libertaria y busca consensuar con los senadores dialoguistas. Habrá nuevamente un rol fundamental de la senadora Patricia Bullrich, del diputado Martín Menem y del ministro del Interior, Diego Santilli. A partir del próximo 2 de febrero habría una nueva convocatoria al Congreso por parte del Presidente Javier Milei. Las dos primeras iniciativas ya cuentan con el dictamen de las comisiones respectivas, pero se buscarán avanzar durante enero con acuerdos y consensos políticos. El proyecto vinculado a la reforma del Código Penal debe ingresar aún al Congreso. El Gobierno tenía decidido enviarlo a Diputados, pero la construcción de mayorías alcanzadas en el Senado para aprobar el Presupuesto 2026, incluso con votos peronistas, hacen dudar al oficialismo de la conveniencia de iniciar el debate por la Cámara alta. Lee También: El comunicado del Gobierno tras el masivo corte de luz que afectó a un millón de usuarios en el AMBA La Reforma Laboral El dictamen se firmó durante diciembre y la senadora Patricia Bullrich, jefa del oficialismo y titular de la Comisión de Trabajo, programó para el próximo 11 de febrero la sesión para discutir el proyecto. Sabe Bullrich, con su experiencia legislativa, fue varias veces diputada nacional, que sin consensos la iniciativa podría correr riesgos de ser aprobada. El dictamen está abierto para escuchar propuestas , dijo la legisladora porteña. En el oficialismo, Pablo Cervi le dijo a TN: La Argentina arrastra desde hace décadas un problema estructural en el mercado de trabajo: alta informalidad, bajo nivel de creación de empleo privado y una legislación laboral que no se adapta a la realidad productiva actual. Más del 40% de los trabajadores está fuera del sistema formal, sin derechos ni protección. El objetivo central (de la ley) es generar más empleo formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas, que son las principales creadoras de trabajo, pero también las más afectadas por la rigidez normativa y la alta litigiosidad. Mientras que desde Unión por la Patria (UxP), el diputado Hugo Yasky, en sintonía con la bancada de senadores peronistas que lidera José Mayans posteó en sus redes sociales: Las dos CTA nos reunimos con el gobernador (de Buenos Aires) Axel Kicillof ante el peligro para el trabajo y la producción que representa la reforma laboral. Es ridículo creer que una reforma en la que el Estado financia los despidos con la plata de los jubilados puede crear más empleo. Es exactamente al revés: la intervención del Estado para fomentar la producción y el consumo interno pasa por impulsar el aumento de los salarios y el poder adquisitivo. Lee También: Cancillería desplazó a un diplomático argentino en Siria por darle me gusta a un posteo en contra de Israel Un punto de conflicto La Reforma ya generó posturas encontradas respecto a la litigiosidad ante el incumplimiento de las normas que regulan el Trabajo, el senador libertario Bartolomé Abdala entiende que el proyecto del Poder Ejecutivo, termina con la industria del juicio, que perjudica tanto a Pymes como a trabajadores. Por eso, respaldo la necesidad de contar con reglas claras y acuerdos que desarticulen el conflicto permanente. Por su parte, el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, emitió un comunicado donde expresó respaldo a la Modernización Laboral, pero dejó en claro que, resulta necesario advertir que cualquier proceso de actualización normativa en materia laboral debe encuadrarse estrictamente dentro de los límites del bloque de constitucionalidad federal y de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de derechos de los trabajadores y trabajadoras. Resulta inconstitucional equiparar la capacidad de negociación de trabajadores y empleadores, desconociendo la desigualdad estructural de la relación laboral y la función tuitiva del Derecho del Trabajo. Así, la sustitución de la negociación colectiva por acuerdos de voluntad individual o el intento de asimilar el contrato de trabajo a un contrato de derecho privado común, importa un desconocimiento de la protección constitucional vigente, manifestó Gil Lavedra. Cambios en la Ley de Glaciares El segundo proyecto que ya dictaminaron las comisiones de Ambiente y de Minería, Energía y Combustibles, es la Ley de Glaciares. Otro proyecto con final abierto para lograr las mayorías requeridas. El principal respaldo de esta iniciativa son los mandatarios provinciales. Dos de ellos, el de San Juan, Marcelo Orrego y de Catamarca, Raúl Jalil, pasaron por el plenario parlamentario. Orrego dijo que en su provincia existe la voluntad de proteger los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial en tanto constituyan reservas de agua relevantes y estratégicas, y remarcó la necesidad de contar con una ley de protección mínima que permita su adecuada aplicación. Por su parte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, señaló: En la provincia se registran cerca de 3000 puestos de trabajo directos y un efecto multiplicador de aproximadamente 5000 empleos en otras actividades. Mientras que el Foro de Encuentro Reformista cuestionó la modificación a la Ley de Glaciares: Debilita la protección de uno de nuestros bienes estratégicos más vitales: el agua. No se trata de una disputa política circunstancial, estamos ante una ruptura estructural. En pleno Año Internacional de la Preservación de los Glaciares declarado por la ONU, se busca debilitar la Ley 26.639. La reforma propuesta transfiere a las provincias muchas sin capacidad técnica suficiente la decisión sobre qué glaciares proteger, reduce el rol del IANIGLA (Instituto Argentino de Glaciología) y desmantela la lógica constitucional de los presupuestos mínimos ambientales. Sin arbitraje nacional basado en conocimiento científico, se compromete el acceso al agua de millones de personas y se abren conflictos interjurisdiccionales que afectarán economías existentes. Argentina necesita generar recursos, la minería puede ser parte de la solución, pero no a cualquier costo. Cuidar el agua y los glaciares no es ser anti minero: es ser responsable. El documento lo firman, entre otros, Claudia Piñeiro, Diana Maffía, Laura Echezarreta, Elsa Mastronicola, Javier José Vázquez, Manuela Thourte, Daniel Sabsay, Ricardo Gil Lavedra, Inés Halm, Manuel Garrido, Lilia Puig, Juan Pedro Tunessi, Fabiana Túñez, Aníbal Barengo, Laura Musa, Maristella Svampa, Ariel Dulevich Uzal, Esteban Paulon y Lucía Alberti.
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