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Fecha: 31/12/2025 15:29
La Argentina enfrenta varios reclamos en la justicia internacional, pero el juicio en EE.UU. por la expropiación de YPF es el más importante, ya que pesa sobre el país una condena de primera instancia por US$16.000 millones. Mientras espera por una resolución favorable de la apelación en segunda instancia de esa sentencia, que dejaría sin efecto cualquier intento de ejecución del fallo original, el Gobierno acusó a los demandantes de hostigar al país. Leé también: En 2026, el Gobierno enfrentará vencimientos por US$12.500 millones con bonistas y el FMI Lo que sucede es que, como la Argentina interpuso ese recurso sin haber depositados las garantías exigidas, los beneficiarios del fallo siguen intentando cobrar mientras se tramita la apelación. Ante esa situación los demandantes, financiados por el fondo Burford, intentan cobrar por diferentes vías y no descartan pedir sanciones. Una de ellas es probar que ciertas instituciones (como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas) son alter ego de la Argentina. Su objetivo es intentar embargar activos de esas organizaciones. Como parte de ese proceso, se está realizando una etapa de discovery en la que los beneficiarios del fallo pretenden que la Argentina entregue chats y mails de funcionarios actuales y pasados. Hace algunas semanas, Eton Park y Petersen redoblaron la presión sobre el país para que presente esas comunicaciones y advirtieron que, de no obtener la información, pedirán sanciones. Entre ellas, no descartan pedir que se declare al país en desacato debido a las demoras. Leé también: Bandas del dólar, vencimientos de deuda y subsidios: los primeros indicios del plan económico para 2026 La Argentina, por su parte, indicó a la jueza Loretta Preska que se trata de comunicaciones privadas y que, por ello, debe tener el consentimiento de los involucrados antes de entregarlas. El Gobierno acusó a los demandantes por hostigamiento Fuentes oficiales calificaron la orden de discovery como un intento inadmisible de hostigamiento contra un Estado soberano y sus funcionarios, en contradicción con el derecho internacional público y con las reglas básicas que rigen las relaciones entre Estados. Este miércoles, la Procuración del Tesoro -que lleva adelante la defensa argentina- aclaró que el país no se encuentra en desacato. La República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes, señalaron fuentes del organismo. Además, remarcaron que el país apeló la orden de Preska de entregar comunicaciones personales de funcionarios y ex funcionarios por considerarla ilegítima e ilegal tanto bajo el derecho argentino como bajo el derecho estadounidense. Leé también: En 2025, el campo ingresó más de US$31.000 millones Se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, y se está colaborando activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios involucrados, indicaron desde la Procuración. En ese contexto, desde el Gobierno interpretaron que al discovery como una estrategia para desviar la atención del momento adverso que atraviesa el litigio. Y lo relacionaron con la fuerte baja de que tuvieron las acciones de Burford Capital este año. Las fechas clave del juicio por YPF en 2026 En la apelación principal en la Cámara, no hay fecha prevista para el fallo. Los más optimistas, creen que la decisión se podría conocer en los primeros meses del año que está a punto de empezar. El fondo Burford, en cambio, consideró que se podría extender hasta 2027. En cuanto al proceso de discovery para definir los eventuales alter ego de la Argentina, la jueza aceptó el cronograma sugerido por los beneficiarios del fallo: - El 15 de enero los demandantes presentarán sus argumentos. - La Argentina tendrá tiempo para responder hasta el 19 de febrero. - Los beneficiarios del fallo podrán publicar su réplica hasta el 5 de marzo. - Preska se reservó el 23 y 24 de marzo de 2026 para realizar una audiencia probatoria.
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