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Concordia » Hora Digital
Fecha: 30/12/2025 19:05
Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y más de 800 personas firmantes expresaron su profunda preocupación por la no renovación de los contratos laborales de trabajadores y trabajadoras del Registro Único de la Verdad (R.U.V.) de la provincia de Entre Ríos, una decisión que advierten pone en riesgo políticas públicas claves de Memoria, Verdad y Justicia. La denuncia fue realizada a través de una solicitada pública enviada a la redacción de HORADIGITAL,allí alerta sobre el impacto de esta medida adoptada por el Gobierno Provincial, la cual implicaría el desmantelamiento de un área estratégica del Estado dedicada a la reconstrucción de lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar en la provincia. Desde el RUV se desarrolla una tarea silenciosa pero fundamental: el resguardo, análisis y sistematización de legajos, nóminas y documentos que conforman un acervo documental indispensable para la investigación histórica y el avance de las causas por delitos de lesa humanidad en el ámbito de la Justicia Federal. Según destacan los firmantes, no se trata de una labor meramente administrativa, sino de un trabajo de investigación especializado que requiere continuidad, formación y equipos estables. En la solicitada se remarca que, a pocos años de cumplirse el 50° aniversario del Golpe de Estado de 1976, la necesidad de sostener estos puestos de trabajo es más urgente que nunca. La memoria no se sostiene sola, señalan, y advierten que sin políticas públicas activas y sin un Estado comprometido, los consensos democráticos construidos durante décadas se debilitan. Los organismos sostienen que vaciar o precarizar el Registro Único de la Verdad no puede leerse como un simple ajuste administrativo, sino como un ataque directo a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, pilares fundamentales del sistema democrático. En ese sentido, subrayan que el trabajo del RUV es una garantía institucional para evitar que el autoritarismo vuelva a instalarse en la sociedad. La solicitada, que reúne más de 800 firmas de personas y organizaciones de derechos humanos de toda la provincia y el país, exige la inmediata reincorporación de los trabajadores y trabajadoras y el fortalecimiento del organismo, como parte de un compromiso indelegable del Estado con la democracia y los derechos humanos.
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