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Fecha: 30/12/2025 18:31
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 concluyó este martes la lectura de las acusaciones en la causa conocida como Cuadernos y el juicio se retomará el 3 de febrero del 2026, a las 9 de la mañana. Durante la audiencia de este martes, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel escucharon la lectura del sexto requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal federal Carlos Stornelli, que comprende la adjudicación irregular de contratos para los corredores viales. Stornelli, en su requerimiento del 12 de noviembre de 2019, explicó que frente a la magnitud de la maniobra ilegal vinculada al otorgamiento y control de la obra pública en la Dirección Nacional de Vialidad, se decidió separar la investigación de los hechos ocurridos en el periodo comprendido entre los años 2003 y 2007 en el Órgano de Control de Concesiones Viales -OCCOVI-. Agregó que la investigación buscó esclarecer la existencia de intercambios ilegales en el señalado período en el marco de la ejecución de los contratos de concesiones viales. En este tramo los principales acusados son Julio De Vido, Claudio Uberti y varios empresarios como Miguel Marcelino Aznar, Patricio Gerbi, Marcela Edith Sztenberg, Obdulio Ángel Barbeito, Juan Manuel Colazzo, Marcelo Marcuzzi y Miguel Ángel Marconi. El fiscal atribuyó a Uberti un rol clave en la presunta asociación ilícita liderada por Cristina Kirchner, al desplegar las acciones tendientes a concretar la recaudación de fondos y/o reconducción de los mismos hacia los estamentos superiores de la organización entre mayo de 2003 y agosto de 2007. A De Vido, Uberti y Aznar se les imputa coautoría en cohechos pasivos, mientras que Gerbi, Sztenberg, Barbeito, Colazzo, Marcuzzi y Marconi enfrentan cargos por cohecho activo. La jornada también estuvo marcada por la queja de varios abogados de los acusados, como Carlos Beraldi, defensor de la expresidenta, que cuestionó el límite de 45 minutos por defensa para exponer en febrero. Fabiana León, fiscal del caso, respondió al planteo y aseguró que el derecho de defensa no se concreta en un derecho a exponer sin limitaciones y que es facultad del tribunal establecer límites, especialmente en un juicio complejo. Propuso extender horas o días de audiencia si fuera necesario, y respaldó la transmisión íntegra del debate para mayor transparencia. Al respecto, la fiscal remarcó que hay muy pocas audiencias fijadas durante el mes de febrero, y que ellas son de muy corta duración". Si nos atenemos al panorama que se nos dio a conocer, no son más de 4 horas de audiencia, cada martes y cada jueves, y no hay audiencias previstas para otros días, agregó. El calendario para el 2026 El juicio se reanudará el 3 de febrero con las defensas de Fernández de Kirchner, De Vido, Baratta, Álvarez, Balán y Clarens. Seguirán jornadas los días 5, 10, 12 y 24 de febrero con la exposición de los demás imputados. En esa primera audiencia de febrero, cada equipo de defensa dispondrá de 45 minutos para exponer sus argumentos. No habrá audiencias el 17 y 19 de febrero. Las sesiones serán virtuales, excepto las indagatorias, que serán presenciales. Los martes empezarán a las 13:30 y los jueves a las 9. La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros/ entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban. El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios. Leé también: AFA: se suspendieron las audiencias de los presuntos testaferros de Toviggino en la causa por la mansión La investigación asegura que el dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411, CABA domicilio particular de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, en la Residencia Presidencial de Olivosy/o en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos. Sobre la responsabilidad de la expresidenta, la fiscalía insistió que quedó reflejada en las anotaciones de Oscar Bernardo Centeno y las declaraciones de los imputados colaboradores Ernesto Clarens y Claudio Uberti, siendo quien ejerció la jefatura de la organización y la única con capacidad efectiva de decidir cómo y qué hacer con los pagos realizados por los empresarios.
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