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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 30/12/2025 12:47
Lejos de un error procedimental, lo ocurrido en Diputados fue una decisión política deliberada. El oficialismo eligió frenar el juicio político contra la vocal del STJ Susana Medina y luego intentó culpar al PJ con argumentos falsos, números manipulados y una estrategia evidente de desgaste y confusión pública. La polémica en torno al frustrado avance del juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo, dejó al descubierto una práctica cada vez más habitual del oficialismo: tomar decisiones políticas incómodas y luego esconderse detrás de versiones falsas para eludir costos ante la opinión pública. Tras las acusaciones de la diputada oficialista Carola Laner contra el bloque del PJ, la respuesta del justicialismo fue directa y documentada. No solo desmintió punto por punto los argumentos del oficialismo, sino que expuso con claridad que la falta de tratamiento del expediente fue una decisión exclusiva del bloque gobernante y sus aliados. Los números no cierran para el relato oficial. La Comisión de Juicio Político cuenta con 19 integrantes, de los cuales apenas seis pertenecen al PJ. El reglamento es explícito: el quórum se alcanza con mayoría simple, es decir, diez legisladores. El oficialismo no necesitaba al justicialismo para emitir dictamen. Si no lo hizo, fue porque no quiso. Todo lo demás es un intento burdo de desviar la atención. Tampoco es cierto que el dictamen dependa de la firma de la oposición. La normativa interna habilita la emisión de dictámenes por mayoría, algo que el propio oficialismo utilizó sin reparos durante estos dos años de gestión para aprobar iniciativas sin consensos. Sin embargo, cuando el tema involucra a una integrante del máximo tribunal provincial, la vara cambia y aparece la parálisis selectiva. La maniobra se vuelve aún más evidente al analizar lo ocurrido en el recinto. La Constitución provincial exige un quórum agravado para la sesión de juicio político, pero el PJ estuvo presente y dispuesto a garantizarlo. Aun así, el oficialismo decidió no avanzar, pese a contar con los votos necesarios tanto para aprobar como para rechazar un dictamen. La conclusión es ineludible: la decisión ya estaba tomada. En lugar de asumirla con transparencia política, el bloque gobernante optó por construir un relato victimista, señalando a la oposición y sembrando confusión entre los entrerrianos y entrerrianas. Una estrategia que no solo degrada el debate institucional, sino que erosiona la credibilidad del propio proceso de control político. El trasfondo es aún más grave. Todo indica que el oficialismo apuesta a dejar correr el reloj hasta que venza el plazo constitucional para impulsar el juicio político, evitando así pronunciarse de manera explícita sobre un tema sensible. No es torpeza ni improvisación: es cálculo político. El caso Medina no expone una traba opositora, sino una decisión oficialista de cerrar el camino del juicio político sin dar explicaciones claras. Y en democracia, cuando un gobierno elige mentir para tapar sus propias decisiones, el problema ya no es reglamentario: es político e institucional. #Confirmado
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