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Federal » Federal Al Dia
Fecha: 29/12/2025 23:00
El cierre de año encuentra a los barrios populares atravesados por una realidad alarmante: la demanda de alimentos creció como nunca, mientras la asistencia estatal se redujo de manera drástica. En comedores y merenderos se multiplican las filas, llegan familias enteras y cada vez son más los adultos mayores que buscan un plato de comida para poder cerrar el día, dijo a AIM la dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), Tamara Berales. Este aumento de la demanda no es casual. La caída del empleo formal, la creciente precarización laboral y la pérdida sostenida del poder adquisitivo empujaron a miles de hogares a una situación de extrema vulnerabilidad. Hoy se trabaja más y se gana menos, y el salario dejó de ser una garantía para acceder a lo básico. El hambre ya no distingue entre quienes tienen trabajo y quienes no, señaló Berales a esta Agencia. En este contexto, el Estado nacional profundizó su retiro de las políticas alimentarias. A pesar de los fallos judiciales que ordenaron al Ministerio de Capital Humano distribuir alimentos, esos recursos nunca llegaron a los territorios dejando así toneladas de comida retenida en depósitos oficiales hasta echarse a perder, mientras en los barrios la urgencia crecía. Por otro lado, remarcó, la Legislatura de Entre Ríos sancionó la ley que crea la Mesa de Diálogo Social para abordar el derecho a la alimentación. Sin embargo, en un contexto de profunda crisis social la creación de este espacio resulta insuficiente si no viene acompañada de recursos, políticas de aplicación inmediata y reconocimiento del trabajo comunitario. Sin financiamiento ni decisiones concretas que garanticen la llegada efectiva de alimentos a todos los territorios y el reconocimiento salarial de quienes sostienen comedores y merenderos, la Mesa corre el riesgo de quedar reducida al debate y al diagnóstico, sin garantizar el derecho a la alimentación y alimentación de calidad para miles de familias entrerrianas. Frente a esta ausencia, consideró Berales, el trabajo comunitario volvió a sostener lo que el Estado abandonó. Comedores, merenderos distribuidos en toda la provincia garantizan diariamente la alimentación en condiciones de enorme precariedad, sin reconocimiento salarial y con recursos cada vez más escasos. Es por este motivo que consideramos que el trabajo comunitario no puede seguir funcionando como parche de políticas que no existen y de un Estado que cada vez se ausenta más. El cierre del año deja una conclusión contundente: mientras desde el Estado nacional se recortan políticas alimentarias y se desoyen fallos judiciales, el hambre crece y la desigualdad se profundiza. A nivel provincial, el año también se cierra sin respuestas concretas para quienes sostienen la emergencia en los territorios, sin reconocimiento salarial para las trabajadoras sociocomunitarias y sin políticas alimentarias con alcance real en toda la provincia. Todo ello responde a orientaciones políticas que impactan de lleno en la vida cotidiana de los más vulnerables. Las consecuencias se reflejan en mesas vacías, ollas que no alcanzan, familias que ya no logran sostener lo básico a pesar de tener 3 trabajos o más (en absoluta precariedad). Este escenario deja un fin de año atravesado por la incertidumbre y anticipa un comienzo del próximo aún más complejo, sin señales claras de que la situación social vaya a revertirse, indicó la referente. #AIM #federalaldia #radiointegracion905
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