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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 29/12/2025 20:54
El Gobierno nacional resolvió apelar en los próximos días el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 que ordenó dejar de aplicar el protocolo antipiquetes en las manifestaciones. Desde el Ejecutivo sostienen que la herramienta es legítima, que garantiza el derecho constitucional a la protesta y que resulta clave para preservar la paz social. Según indicaron fuentes oficiales, los operativos de seguridad garantizan la paz social y rechazaron que el protocolo carezca de legitimidad, tal como sostuvo en su sentencia el juez federal Martín Cormick. En ese marco, las autoridades confirmaron que recurrirán a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para defender la medida, que se aplica desde los inicios de la gestión libertaria. Desde la Casa Rosada remarcaron que el 70% de los argentinos está a favor del protocolo y calificaron el fallo como una decisión de carácter político. Se va a apelar. No vamos a dar un paso atrás. Sin protocolo vuelve el desorden y el caos, señalaron voceros del Ejecutivo. En las últimas horas, Cormick hizo lugar a una acción de amparo y consideró que el procedimiento antipiquetes presenta vicios en su conformación legal, al entender que el Poder Ejecutivo se habría atribuido facultades que la Constitución reserva al Congreso. El fallo respondió a un planteo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El magistrado sostuvo que, mediante la resolución 943/2023, el Ministerio de Seguridad habría intentado legislar sobre materia penal y procesal, competencias que corresponden al Poder Legislativo. Sin embargo, desde el Gobierno rechazaron esa interpretación y afirmaron que la Justicia ya validó en reiteradas oportunidades la constitucionalidad de los operativos. En ese sentido, destacaron que el protocolo no limita derechos, sino que ordena la metodología de la protesta y permite garantizar tanto el derecho a manifestarse como la libre circulación. El Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, emitió un comunicado en el que confirmó la apelación y advirtió que si se deja sin efecto el protocolo, vuelve el caos. En el texto oficial, la cartera remarcó que el procedimiento es legítimo, cuenta con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos y que, desde su implementación, permitió que las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar, circular y vivir en libertad. La propia Monteoliva se pronunció en redes sociales y consideró que el fallo responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina. Vamos a defenderlo a toda costa, porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos, afirmó en un mensaje que fue replicado por el presidente Javier Milei. Desde el oficialismo también señalaron que el mismo juez había ordenado recientemente la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, al igual que ocurrió con la Emergencia en Discapacidad, normas que permanecen suspendidas tras su aprobación en el Congreso. En la misma línea se expresó la diputada Patricia Bullrich, antecesora de Monteoliva en el Ministerio de Seguridad, quien sostuvo que existe un trasfondo político detrás del fallo y recordó que el protocolo fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre falla contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización. Los perjudicados, siempre los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz, escribió Bullrich.
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