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Concordia » Hora Digital
Fecha: 29/12/2025 14:50
El Gobierno de Javier Milei se prepara para enfrentar en enero de 2026 uno de los desafíos financieros más complejos desde el inicio de su gestión: el pago de vencimientos de deuda externa que superan los US$4.200 millones. Estos pagos incluyen obligaciones con acreedores privados, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales. Estas obligaciones forman parte de un calendario anual más amplio que, según proyecciones económicas, podría situarse entre US$17.000 y US$20.000 millones, lo que mantiene bajo presión las reservas del Banco Central. El primer vencimiento relevante será el 9 de enero, cuando se deberán afrontar pagos por US$4.225 millones. Para esa fecha, el Tesoro ya cuenta con US$1.800 millones asignados, pero aún debe reunir cerca de US$2.400 millones adicionales. Entre los recursos disponibles se encuentran la emisión del BONAR 2029N, la compra de reservas realizada en las últimas semanas y el posible uso, total o parcial, de los US$700 millones que ingresarán por las concesiones hidroeléctricas, fondos que actualmente forman parte del esquema oficial de financiamiento. Desde el Ejecutivo reconocen que el margen es ajustado, pero insisten en que el pago está garantizado. Tanto Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteraron que la deuda será cumplida en tiempo y forma mientras se definen las herramientas para cubrir el monto restante. Entre las alternativas en estudio se encuentran la negociación de un acuerdo REPO con bancos privados y nuevas colocaciones en el mercado de deuda local. El ministro Caputo descartó la opción de volver a los mercados internacionales para financiarse y planteó como objetivo estratégico reducir la dependencia de Wall Street. Explicó que la apuesta del Gobierno es fortalecer el mercado de capitales interno y avanzar hacia un esquema de financiamiento más autónomo. En ese sentido, afirmó que es muy difícil que un país logre crecer de manera sostenida sin un mercado financiero local más profundo y desarrollado. Caputo señaló que el REPO ya nos asegura que podemos, pero estamos trabajando en otras alternativas. Además, remarcó que la intención oficial es que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina, al menos en lo que respecta a bonos soberanos. Por su parte, Milei se mostró optimista de cara a enero y aseguró: Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas. Eso lo va a resolver el ministro. El inicio de 2026 se acerca y el mercado financiero sigue con atención cada señal que emite el Ministerio de Economía. En el centro de la escena están los vencimientos de deuda de enero, que rondan los US$4.300 millones, y la necesidad de definir cómo se cubrirán. La posibilidad de cerrar un préstamo REPO con bancos privados o avanzar con una nueva colocación de deuda local se volvió clave para despejar dudas y evitar sobresaltos. Si Argentina llega a esa fecha sin haber asegurado una refinanciación, el impacto podría ser inmediato y profundo. El primer escenario que preocupa a los analistas es el de un default técnico. Aunque el Gobierno mantenga la voluntad de pago, una falta puntual de liquidez podría activar las cláusulas de incumplimiento cruzado previstas en los contratos de deuda. Esto permitiría que otros acreedores reclamen el pago anticipado del total de los bonos, cerrando el acceso al crédito internacional y profundizando el castigo sobre los activos argentinos, tanto bonos como acciones. Otra opción sería utilizar las reservas del Banco Central para cumplir con los compromisos. Sin embargo, esta decisión implicaría un costo elevado en términos de estabilidad macroeconómica. Un pago de esta magnitud reduciría significativamente el margen de maniobra del BCRA, debilitando su capacidad para intervenir en el mercado cambiario. Ante este escenario, la presión sobre el dólar financiero y los tipos de cambio paralelos podría intensificarse, ampliando la brecha cambiaria y generando nuevas tensiones. Las consecuencias tampoco se limitarían al frente financiero. La falta de certezas sobre el rumbo de la deuda suele trasladarse a la economía real. Con un riesgo país en alza y mayor volatilidad, las empresas tienden a postergar inversiones y a frenar proyectos de expansión. A su vez, la presión cambiaria suele anticipar ajustes de precios, lo que podría afectar el proceso de desaceleración inflacionaria que el Gobierno busca consolidar. En este contexto, el Tesoro aceleró la compra de reservas con vistas a cubrir los vencimientos de enero de 2026, buscando asegurar la disponibilidad de fondos para cumplir con los compromisos financieros y evitar impactos negativos en la economía nacional.
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