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Parana » ER 24
Fecha: 29/12/2025 14:40
Gualeguay: Lavado, Allanamientos y la Familia de la Justicia Gualeguay no está discutiendo solamente un expediente. Está discutiendo una señal. Un operativo federal por presunto lavado de activos y evasión tributaria, con allanamientos en serie, secuestro de documentación, dinero, vehículos y medidas patrimoniales, sería suficiente para encender alarmas en cualquier ciudad. Pero en Gualeguay el hecho adquiere otro espesor: porque, según trascendidos locales consistentes, la trama investigada rozaría a la Familia de la Justicia. Conviene precisar el término: no hablamos de familia judicial en el sentido habitual quienes trabajan en el Poder Judicial sino de algo más delicado, más incómodo y más corrosivo para la confianza pública: familiares directos de quienes hoy ejercen funciones centrales. Familiares que, de acuerdo a lo que se comenta en la ciudad, habrían quedado comprendidos en el universo de allanados o investigados en una causa de lavado. Y allí aparece el núcleo del problema: no se trataría de una banda integrada por funcionarios judiciales nadie serio podría afirmarlo sin pruebas sino, en todo caso, de una banda que estaría integrada por hermanos o familiares directos de dos jueces de Garantías de Gualeguay. Dicho de otro modo: los procedimientos no serían contra jueces, pero sí tocarían a la familia inmediata de quienes en la ciudad ocupan el rol más sensible: garantizar derechos, controlar detenciones, autorizar allanamientos, vigilar el avance de las investigaciones. La primera obligación en un tema así es ser justos: es perfectamente posible que los jueces no tengan nada que ver. Y de hecho, en términos estrictos, una investigación penal no autoriza a extender sospechas por parentesco. Pero la segunda obligación la que la política y la institucionalidad suelen evitar es reconocer que las coincidencias en un sistema chico no son inocuas. Porque la Justicia vive de algo que no se compra ni se decreta: credibilidad. En una ciudad donde todos se conocen, donde los apellidos pesan, donde las redes sociales trabajan más rápido que los comunicados oficiales, que una causa de lavado salpique aunque sea lateralmente a familiares directos de quienes deciden sobre libertades y allanamientos genera una reacción inevitable: preguntas. Cada vez más preguntas. Preguntas que no son capricho ni malicia. Son el reflejo de un fenómeno real: el descreimiento social frente a instituciones que con frecuencia parecen operar con doble vara. Y el lavado de activos, además, es el tipo de delito que la sociedad asocia a estructuras, a protección, a circuitos que no funcionan sin engranajes. Aun cuando se trate de percepciones, el daño se produce igual. Porque una cosa es investigar a un desconocido. Otra cosa es que el rumor social diga: en esta historia aparecen, otra vez, apellidos ligados al poder. Por eso el punto no es alimentar sospechas; el punto es exigir transparencia y resguardos. Si la causa está bajo secreto o reserva, se entiende el cuidado de ciertos detalles. Pero la reserva judicial no puede ser la excusa para dejar a la sociedad con la sensación de que todo se cocina en silencio. En casos así, lo mínimo imprescindible es: Claridad institucional sobre el alcance de los procedimientos (sin linchamientos mediáticos, pero sin opacidad). Separación estricta de cualquier intervención local que pudiera rozar vínculos familiares: excusaciones, subrogancias, fiscales o jueces sustitutos cuando corresponda. Un mensaje explícito de que en Gualeguay no hay apellidos blindados, ni por parentesco ni por cercanía. Porque si no se hace, gana el peor de los escenarios: la sospecha permanente. Y la sospecha permanente destruye algo esencial: la confianza en que la Justicia actúa para todos, no para un círculo. La noticia de fondo, entonces, no es solo hubo allanamientos por lavado. La noticia la verdaderamente grave es que, una vez más, en Gualeguay el poder institucional parece quedar rodeado por la idea de que las tramas sensibles siempre terminan tocando a la Familia de la Justicia. Quizá sea casualidad. Quizá no. Pero cuando las coincidencias se repiten, la gente deja de hablar de casualidades y empieza a hablar de sistemas. Y la Justicia, si quiere ser creída, no puede darse el lujo de responder con silencio. Debe responder con hechos, con reglas claras y con distancia real. Porque en una comunidad pequeña, donde el rumor se vuelve verdad social en cuestión de horas, la única forma de recuperar legitimidad es una sola: luz sobre el expediente y distancia institucional de los vínculos. En definitiva: si los jueces probablemente no tengan nada que ver, como todo indica y como corresponde presumir, entonces el mejor modo de protegerlos y de proteger al sistema no es callar. Es garantizar que la investigación avance con total independencia y que, frente a la Familia de la Justicia, rija exactamente la misma regla que frente a cualquier vecino: la ley sin apellidos.
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