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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 29/12/2025 12:42
La interna del Sindicato de Obreros de la Fruta de Entre Ríos y Corrientes escaló este jueves a un nivel alarmante, luego de que un grupo de personas tomara por la fuerza la sede gremial de Concordia en un episodio que combinó violencia, antecedentes penales graves y una llamativa tolerancia policial. El secretario general del gremio, Alcides Camejo, radicó una denuncia penal tras constatar que la sede de calle Saavedra al 121 había sido ocupada luego de que desconocidos rompieran la cerradura y el candado del edificio. La acción fue presentada por sus impulsores como un intento de normalización institucional, aunque desde la conducción sindical la calificaron sin rodeos como una usurpación lisa y llana. Entre quienes encabezaron la irrupción figura Cristian Iván Amaro, condenado en 2016 por el intento de homicidio del exdiputado Alejandro Bahler, acompañado por el abogado Alejandro Jacobi. Ambos invocaron supuestas decisiones de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (FATREFU), sin exhibir documentación válida que respalde una intervención formal del sindicato. La gravedad del hecho no se limita a la ocupación del inmueble. Según consta en la denuncia, las personas que ingresaron no serían afiliados ni trabajadores del gremio, y estuvieron acompañadas por un grupo de unas 60 personas ajenas a la institución, lo que refuerza las sospechas sobre una maniobra de fuerza más cercana a una patota que a un proceso institucional legítimo. Uno de los puntos más cuestionados es el rol de la Policía. Aunque los efectivos constataron que el ingreso se produjo tras dañar los accesos, permitieron que los ocupantes permanecieran en el lugar bajo el argumento de evitar disturbios mayores, una decisión que generó fuerte malestar en la conducción sindical y abre interrogantes sobre la aplicación desigual de la ley. Camejo advirtió además sobre el riesgo concreto para fondos millonarios del sindicato, destinados al pago de aguinaldos: cinco cheques por un total de seis millones de pesos y alrededor de diez millones en efectivo, además de documentación sensible y equipos informáticos. La situación expone no solo un conflicto gremial, sino un posible delito con consecuencias directas sobre los trabajadores. Mientras el caso queda ahora en manos de la Justicia, el episodio deja al descubierto una trama preocupante: disputas de poder que se dirimen por la fuerza, personajes con antecedentes penales encabezando acciones sindicales y un Estado que, al menos en los hechos, optó por mirar para otro lado. Un cóctel explosivo que vuelve a poner en discusión quién protege realmente los derechos de los trabajadores.
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