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  • SE PRESENTÓ UNA DENUNCIA PENAL CONTRA LA INTENDENTA ROSARIO ROMERO - Entre Rios 24

    Parana » ER 24

    Fecha: 29/12/2025 14:46

    DENUNCIA PENAL A ROSARIO ROMERO POR EL TRANSPORTE, EL ABOGADO BERTA SCHROEDER FORMALIZO LA PRESENTACION. En Paraná el transporte no colapsó de un día para otro: lo fueron llevando hasta el borde, paso a paso, como quien deja que el reloj corra, que venza lo conocido, que se apague lo que funciona con defectos, sí para después estrenar una solución que llega tarde, llega mal y llega con olor a armado. Por eso la denuncia penal contra Rosario Romero no cae del cielo. Llega como resultado lógico de meses de decisiones políticas que, según el escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal, no solo habrían sido torpes: habrían sido preordenadas, direccionadas y eventualmente delictivas. denunciapenalrosariormerocolect La historia que describe la denuncia arranca con una fecha que cualquier municipio serio tendría marcada en rojo: el 6 de diciembre de 2025, vencimiento de la concesión del servicio urbano. Era el momento de planificar una transición, sostener la continuidad, asegurar competencia real, ordenar pliegos, anticipar contingencias, cuidar a la ciudad. En cambio, lo que se denuncia es lo opuesto: un camino que habría conducido, casi con obsesión, a un único destino. Y ese destino se llama Licitación Pública N.º 31/2025, el proceso que hoy queda bajo sospecha. denunciapenalrosariormerocolect Según la presentación, el pliego no fue un instrumento neutro para elegir el mejor servicio. Fue en los hechos un dispositivo para expulsar actores y acomodar al favorecido. Se lo describe como inequitativo, armado para quebrar condiciones de competencia y cargar costos críticos en un sentido: el de empujar a los operadores existentes hacia la inviabilidad. Y ahí aparece un corazón explosivo del conflicto: lo laboral. Porque el transporte no es solo unidades y recorridos; es gente que trabaja, familias que dependen y un sistema que no puede reiniciarse como si fuera una app. La denuncia sostiene que el diseño licitatorio habría buscado eludir o vaciar la continuidad de empleo ligada al art. 225 de la LCT, habilitando un borrón y cuenta nueva que en la vida real no existe. denunciapenalrosariormerocolect En ese escenario, el texto señala a Transporte San José S.A. UTE como el operador predeterminado para quedarse con el servicio. Pero lo más grave si se confirma no es solo quién gana: es cómo se ejecuta. La denuncia dice que el contrato y la adjudicación se muestran bajo la forma de una UTE, pero que los actos concretos, registros y trámites se habrían ido realizando a nombre de una sociedad anónima individual, Transporte San José S.A., como si la UTE fuera un decorado jurídico. Y ahí el tema deja de ser político y pasa a ser penal: si el que opera no es el mismo sujeto que el Estado evaluó y adjudicó, entonces el servicio público entra en un terreno de ilegalidad estructural. denunciapenalrosariormerocolect La denuncia incluso plantea señales concretas: menciona constancias y registros vinculados al sistema SUBE que se habrían asentado a nombre de la S.A. individual, cuando el adjudicatario formal sería la UTE. No es una discusión de tecnicismos: es el tipo de detalle que, en una contratación pública, define si hubo transparencia o si se montó un armazón para simular legalidad mientras se ejecuta por fuera. denunciapenalrosariormerocolect Mientras todo eso ocurría en expedientes y oficinas, afuera estaba la ciudad. Y estaban los trabajadores. Y estalló lo inevitable: la Justicia laboral aparece en la narración como un golpe directo al corazón del armado. La denuncia refiere que el 26 de noviembre de 2025, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 7 (CABA) dictó una cautelar innovativa ordenando a la adjudicataria absorber transitoriamente la totalidad del plantel que venía prestando el servicio, justamente para evitar el daño social y preservar la continuidad laboral. denunciapenalrosariormerocolect Pero el relato no termina en la resolución judicial: ahí empieza el capítulo más crudo. Porque la denuncia sostiene que, aun notificada esa orden, el 7 de diciembre de 2025 el nuevo operador habría arrancado igual, con nuevos empleados, dejando afuera a quienes venían trabajando. Y se menciona además una postura pública del gerente general en Paraná, Hugo Ruiz, en el sentido de no acatar, lo que de ser así no solo agrava el conflicto: lo vuelve un desafío frontal a la legalidad. denunciapenalrosariormerocolect Con ese cuadro, la denuncia no habla de irregularidades aisladas. Habla de una maniobra: direccionamiento, desviación de poder, afectación del interés público, posible administración fraudulenta, tráfico de influencias o concertación, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Y pide medidas: el expediente completo de la licitación, dictámenes, ofertas, actas, impugnaciones, contrato, SUBE, pedidos de acceso a información, actas notariales, y la individualización de responsabilidades políticas y administrativas. denunciapenalrosariormerocolect Ahora bien: todo esto tiene una consecuencia que se ve, se sufre y se mide en minutos de espera bajo el sol o la lluvia. Porque cuando la política hace del transporte un laboratorio de poder, el resultado es un servicio peor. Y acá entra lo que nadie quiere decir en voz alta: lo que se instaló en Paraná fue un sistema sostenido a fuerza de fatiga. Choferes con jornadas extensas, cansancio acumulado, presión para cubrir lo que no cubre la planificación. Menos frecuencias, más demanda, más exigencia. Un colectivo puede ser nuevo; la fatiga, no. Y un transporte con choferes exhaustos es precarización, pero también es riesgo: para el trabajador, para el pasajero y para terceros. La denuncia penal pone una lupa donde el poder municipal preferiría niebla. No discute una empresa contra otra empresa. Discute algo más simple y más grave: si el Estado municipal administró una licitación para garantizar un servicio o para fabricar un resultado. Y si la intendenta Rosario Romero gobernó para la ciudad o para un armado. En el medio, como siempre, quedan los que pagan sin firmar nada: los usuarios, los barrios, y los trabajadores que sostienen con el cuerpo lo que la política no sostuvo con previsión.

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