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» Clarin
Fecha: 29/12/2025 11:56
"Nos encontramos ante prácticas organizadas, sistemáticas y sostenidas en el tiempo mediante las cuales efectivos policiales no sólo brindaban cobertura a actividades ilícitas, sino que también intervenían activamente en su organización y su direccionamiento", aseguró en su alegato ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín el fiscal Marcelo García Berro, quien necesitó cuatro audiencias para poder completar el complejo entramado de la causa. Basta hacer memoria para darse cuenta de que lo que empezó hace más de un año en los tribunales federales de San Martín no registra antecedentes: 32 acusados, entre ellos 24 policías bonaerenses (algunos de alto rango), dos abogados y media docena de testigos truchos comenzaron a ser juzgados por integrar una inmensa maquinaria de corrupción que se alimentaba del vínculo con narcotraficantes. Y la conclusión de García Berro llegó este lunes, con el pedido de pena: el fiscal solicitó condenas de hasta 17 años de cárcel para los jefes policiales involucrados. Entre ellos está Adrián Baeta (alias "Palermo"), que trabajaba en la DDI de Quilmes, aparece como el cerebro del robo de media tonelada de cocaína y tenía contactos con un financista narco al que, se sospecha, mandó a matar. Preso en el Complejo Penitenciario II de Ezeiza, Baeta escuchó todo por Zoom, cuidando no aparecer en las imágenes de las cámaras del Servicio Penitenciario Federal (SPF). A Baeta -y a otros dos oficiales jefes de la DDI de Quilmes- el fiscal los consideró coautores de los delitos de "uso de documento público falso", "falsedad ideológica", "peculado" (coimas) y "tenencia de estupefacientes para su comercialización agravado por ser funcionarios públicos". El requerimiento de penas fue menos severo para cuatro arrepentidos que declararon en la causa. Eso sí, un testigo falso implicado en el caso más grave en el juicio ("Leones Blancos") recibió un pedido de pena de 15 años y medio de prisión. Por otro lado, a los policías de la DDI de San Isidro se los acusó de formar una "asociación ilícita" dedicada a manejar el negocio del narcomenudeo en su zona -robándoles la droga a los propios narcos- y para uno de sus jefes García Berro solicitó 17 años de prisión. "Ellos se alinearon con la lógica del narcotráfico, adaptándose a sus movimientos, protegiendo su circulación, facilitando su expansión y -lógicamente- impidiendo su represión. En el camino se quedaron con parte del negocio ilícito mientras que muchos narcotraficantes siguen libres gracias a esa complicidad", agregó dando un panorama crudo que pocas veces se escucha en un un juicio oral. Se trata de un caso escandaloso por donde se lo mire. Aunque hay cuatro hechos en cuestión -en su momento investigados por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado-, uno de ellos se destaca: el operativo "Leones Blancos" (diciembre de 2013), un armado policial, un falso procedimiento montado para robarle media tonelada de cocaína al poderoso clan Loza Perlita 1: entre los acusados principales está el policía bonaerense Adrián "Palermo" Baeta (55), supuesto cerebro de esa "mexicaneada". El dato de la droga se lo había entregado su contacto en la City, Diego Guastini (45), el mayor narco lavador argentino que terminó asesinado por sicarios en Quilmes el 28 de octubre de 2019, tras declarar como arrepentido. Video La mañana del 28 de octubre de 2019, Diego Xavier Guastini se despidió de su esposa, se subió a su elegante Audi A4, se calzó su pistola Glock calibre 40 en la cintura, chequeó sus dos iPhone y se dispuso a ir desde su casa, en Quilmes, hasta su oficina en el microcentro porteño. Sólo llegó a hacer unas pocas cuadras.En un operativo que incluyó una camioneta Toyota Hilux (con las chapas patentes cambiadas), un Ford Fiesta Kinetic y una moto Honda CB190, lo cercaron y lo mataron de un balazo a metros de la Municipalidad. Apenas diez días antes había hecho su última declaración como arrepentido ante la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar): mandó al frente a un policía amigo suyo, Adrián "Palermo" Baeta, quien terminó preso por robarse media tonelada de droga del clan Loza durante un operativo que le entregó Guastini. Mirá el video para conocer la historia completa del crimen de Diego "Dolarín" Guastini. Baeta fue el primero en llegar a la escena del crimen. Algunos hasta piensan que él lo mandó a matar. Perlita 2: este caso es el que le costó el puesto al ahora ex fiscal Claudio Scapolan, intocable en su momento, quien hasta el momento llegará a juicio -acusado de delitos menores- en una segunda etapa. Pero esta causa le costó la destitución. Y en su alegato el fiscal Marcelo García Berro lo apunto especialmente. Tres párrafos clave: 1-"Otro de los eslabones fundamentales fue el entonces fiscal Claudio Scapolan. Su intervención en los hechos permite comprender por qué, en lugar de dar intervención al fiscal federal de turno correspondiente a la jurisdicción de Moreno, como indicaba el deber funcional, los jefes policiales eligieron deliberadamente contactarlo a él". 2-"La maniobra se ajusta a lo que en la jerga policial se denomina 'hacer un rulo': esto es, construir artificialmente una intervención en una jurisdicción ajena, en este caso desde la DDI de Quilmes, valiéndose para ello de recursos humanos y logísticos. De este modo, lograron enmascarar la operación encubierta bajo un supuesto procedimiento legal, mientras se proponían a sustraer una gran cantidad del cargamento de cocaína de alta pureza". 3-"En este juicio ha quedado plenamente demostrado que reducir la responsabilidad de Scapolan a una simple falsedad documental -como si se tratara apenas de un acto aislado de adulteración administrativa- constituye una visión errónea y notoriamente insuficiente. Esa calificación le queda chica. (...) Su intervención no se limitó a refrendar formalmente un acta o a convalidar de modo pasivo un procedimiento irregular". "Por el contrario, su rol fue estructural dentro del esquema delictivo: participó de forma consciente, activa y sostenida en la ejecución de las maniobras criminales. Supo de antemano lo que ocurriría, participó en el diseño del operativo simulado, y brindó cobertura judicial para que pudiera cometerse el robo de estupefacientes, manipular pruebas y garantizar impunidad a los verdaderos responsables y a él mismo", completó. El megajuicio La primera audiencia del juicio fue a fines de octubre de 2024 y comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, a cargo de una investigación difícil, que logró sacar adelante pese va innumerables presiones políticas. Aunque pueda parecer tedioso, leer de corrido la acusación contra los policías impresiona: Haber formado parte de una organización destinada -en apariencia- a garantizar una eficiente prestación del servicio de justicia y de prevención y persecución de delitos, cuando, en verdad, se trató de una empresa criminal estratégicamente montada por los imputados -mayormente funcionarios judiciales y policiales-". Los acusados "utilizaron de manera tergiversada las herramientas funcionales que les confería la potestad punitiva estatal para investigar y perseguir hechos de narcotráfico, con el exclusivo fin de beneficiarse personalmente de la regulación y gerenciamiento mismo del narcotráfico al que muchos de ellos, en razón de sus funciones estaban obligados a combatir, mediante el despliegue de una variada gama de conductas delictivas orientadas a tal fin". "Se trató, en definitiva, de una red de ilegalidad que involucró abuso de poder y corrupción de funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, con altas responsabilidades y amplias facultades, de las que se valieron para estructurar un esquema que administró, gestionó y en alguna medida reguló el tráfico de estupefacientes, constituyéndose en un engranaje más en la cadena de tráfico, y en cuyo marco, se han cometido innumerable cantidad de delitos". La causa que llegará a veredicto recién a principios de 2026- debido a la feria judicial- explotó a mediados de 2020, en plena cuarentena por el COVID-19. Por entonces se hicieron decenas de allanamientos en comisarías, delegaciones y hasta la oficina de Scapolan. El panorama que reveló el expediente fue brutal: media tonelada de cocaína -robada de un operativo antidrogas por policías de la Bonaerense- que hizo escala en un pelotero de Quilmes, propiedad de un oficial, y terminó en Mar Chiquita para su venta en la Costa. Esto ultimo fue declarado por un ex policía que trabajaba para la banda. En el debate se ventiló el caso "Leones Blancos" (tráfico internacional) pero también otros que tenían una lógica distinta: hacer operativos a bandas de narcomenudeo del conurbano para controlar el mercado interno. "En este segundo fenómeno se impone un dispositivo de control territorial de la venta de estupefacientes, sosteniendo estadísticas fraguadas (...) En este fenómeno los miembros de la DDI de San Isidro robaban a narcos que traficaban localmente y cometían otros delitos con la finalidad de controlar el mercado". El panorama que planteó García Berro y su equipo -integrado por Guillermo Silva y Mercedes Soiza Reilly- es terrorífico: "Estos grupos continúan operativos lo que otorga al presente juicio una relevancia especial. No se trata sólo de asegurar que los imputados reciban la sanción que les corresponde, sino de reparar el profundo daño que estos hechos de corrupción y narcotráfico producen en el entramado social". EMJ Sobre la firma Mirá también Newsletter Clarín
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