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» Corrienteshoy
Fecha: 29/12/2025 11:27
La senadora Gabriela Valenzuela votó a favor del desfinanciamiento de la educación, una decisión que pone en riesgo a 173 escuelas técnicas de la provincia. Sin embargo, su nombre vuelve a aparecer ligado a denuncias por nepotismo, cargos irregulares y uso político del sistema educativo, tanto en el nivel secundario como en el superior. Entre 2018 y 2022, su hermano Arsenio Valenzuela fue designado Rector Normalizador en una institución secundaria que acababa de independizarse. Los reclamos por esa designación no fueron informales ni tardíos: se realizaron personalmente ante Práxedes López, quien en ese momento se desempeñaba como Directora de Nivel Secundario. La situación resultaba aún más inexplicable porque ya existía conducción institucional: La única docente titular del colegio había asumido cumpliendo todos los requisitos exigidos por el sistema, lo que deja sin sustento la supuesta necesidad de normalización. No había nada que normalizar, remarcan docentes. Aun así, Arsenio Valenzuela asumió en 2018, y en el padrón 2019 ya figuraba como Rector, sin ser profesor del establecimiento y sin ser personal titular. La irregularidad se profundiza en 2022, cuando continuaba viniendo en el padrón como Vice rector sin ser personal titular o Interino del establecimiento, es decir, sin pertenecer formalmente a la planta del colegio. Pese a recursos administrativos reiterados, reclamos formales y exposiciones ante autoridades, nunca se corrigió la designación. El silencio administrativo volvió a operar como mecanismo de encubrimiento. Como recordamos en la última denuncia de corrupción en el ISFD Ferreira, el problema no se limita al nivel secundario. Allí también se denunciaron maniobras de favoritismo, concursos ignorados y expedientes cajoneados durante meses, que solo comenzaron a moverse bajo presión legal y pública, incluso en fechas llamativamente tardías. Lo más grave es que, lejos de actuar como órgano de contralor, la influencia política de la senadora parece extenderse al nivel superior, donde Asesoría Legal y Supervisión Técnica actúan de manera funcional a las autoridades de los institutos, en lugar de garantizar equidad, transparencia y debido proceso frente a los reclamos docentes. Un dato especialmente alarmante refuerza estas sospechas: el hermano de la senadora tenía conocimiento inmediato de cada recurso presentado en su contra, lo que plantea serias dudas sobre la confidencialidad administrativa, el acceso indebido a información interna y la independencia de los circuitos de control. El hermano de Valenzuela renunció recién en 2022, y solo después de que el gremio SUTECO hiciera público que el cargo correspondía legalmente a otra persona. La salida se produjo tras años de reclamos ignorados y coincidió con el inicio del mandato de Gabriela Valenzuela como senadora. Mientras se ajusta la educación pública y se compromete el futuro de 173 escuelas técnicas, las denuncias por nepotismo, encubrimiento administrativo, filtración de información y uso político del sistema educativo siguen sin investigación ni respuestas claras. La educación no es un botín político. Los cargos no son premios. Y los reclamos no pueden seguir siendo vigilados desde el poder.
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