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» Redaccion Rosario
Fecha: 29/12/2025 11:20
La judicialización, criminalización y censura del periodismo confluyen en un año en que la reforma laboral atenta contra el estatuto que ofrece derechos a los trabajadores de la información. Entre los muchos artículos que conforman la reforma laboral que el sector libertario está impulsando en el Congreso y cuyo tratamiento aún no se definió si será en lo que queda de diciembre o en febrero , uno está dedicado específicamente a la derogación de la Ley 12.908, conocida como el Estatuto del Periodista Profesional, y promulgada en 1946. Pero este ataque no viene solo, como un golpe aislado: se enmarca en un contexto de cada vez más precarización de la labor periodística, de enorme concentración mediática y de ataques directos por parte del Presidente de la Nación muchos en forma de tuits, aquella comunicación minimalista en el espacio privado de Elon Musk, donde parece que se desenvuelve gran parte de la discusión política actual. El Estatuto del Periodista Profesional es la ley que regula el desenvolvimiento de los periodistas; otorga derechos tanto en términos laborales como en facilitar el acceso a las fuentes de información de interés público y a distintas dependencias del Estado en pos de garantizar la libertad de expresión y la comunicación. Como la reforma laboral en su conjunto, la palabra que signa esta eliminación es desregulación. La mentada desregulación implica la libertad de acción de las empresas en sus relaciones con los trabajadores, así como el socavamiento de las bases legales que, aun no respetadas en su integridad por una multiplicidad de factores, son una herramienta que se pone en juego ante conflictos e incumplimientos. Entre estos derechos se consignan una jornada laboral de máximo 36 horas semanales; un periodo de prueba que no puede durar más de 30 días; la regulación de las vacaciones; garantías salariales, por enfermedad o accidentes; entre otros. Como el espíritu de la modernización bien lo señala, todos estos elementos podrían ser acordados libremente entre el empleador y aquel que desee ser empleado. El pasado jueves 18 de diciembre, el Sindicato de Prensa de Rosario llamó a movilizar a la Plaza 25 de mayo Buenos Aires y Córdoba con una consigna que señalaba el rechazo explícito tanto a esta derogación como a la ley de modernización laboral en su conjunto. Defendemos nuestros estatutos del periodista profesional y del empleado administrativo de empresas periodísticas, defendemos nuestros convenios colectivos y el derecho inalienable a un trabajo digno y con respeto irrestricto a la libertad de expresión, expresaron en un comunicado que, a su vez, sentenció: Se pretende un país con trabajadores sin derechos. Persecución de palabra y de justicia En un reciente informe elaborado en conjunto por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA ), la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), se expresa la preocupación por la libertad de expresión en un sentido amplio, así como el crecimiento de la represión, judicialización, persecución al periodismo, y la censura de información de interés público. En el año que pasó, se consolidó una política estatal orientada a restringir sistemáticamente el derecho a la protesta y la libertad de expresión, así como la búsqueda y la difusión de información por parte de periodistas profesionales. Esta política se instrumentó mediante la reiteración de prácticas de represión y criminalización de manifestantes y periodistas, sustanciales restricciones administrativas y físicas al trabajo de la prensa y un uso intensivo de mecanismos judiciales y administrativos para silenciar las voces críticas. Esta lógica se vio además acompañada por campañas de estigmatización impulsadas desde el propio Poder Ejecutivo Nacional y sus voceros, ampliadas y replicadas por cuentas afines en redes sociales y algunos medios de comunicación, detalla el informe, que consigna entre sus páginas uno de los casos más emblemáticos del año pasado, el del fotoreportero Pablo Grillo, herido por una bomba de gas lacrimógeno que le lanzó la gendarmería e impactó directamente sobre su cabeza. Continúa en recuperación. De su caso, sólo salió imputado un gendarme, y poco hubo de responsabilidad política de parte de quienes dieron la orden y movilizaron a las fuerzas de seguridad. Como contracara de las restricciones de la justicia en la condena a los autores del hecho, sobresale la persecución judicial contra periodistas. Julia Mengolini, Carlos Pagni, Ari Lijalad, Viviana Canosa y Nicolás Lantos fueron denunciados directamente por Javier Milei por injurias, entre otras cosas. Si bien ninguno de estos casos tiene aún una sentencia clara, el proceso judicial está abierto, lo que redunda en tiempo, gastos en abogados, y la efectiva posibilidad de prisión para periodistas que, en vez de abocarse al oficio aun cuando tengamos reservas respecto al oficio de algunes, deben abocarse al tránsito de un proceso judicial. El informe interpreta esto, además, como una efectiva presión indirecta, o un mensaje: para quien opine, ya sabe lo que le puede pasar. Por otro lado, y más allá de los casos mediáticos, en la calle se multiplicaron las detenciones efectivas de periodistas que participaron de la cobertura de distintas manifestaciones. La figura más común usada, y que según SiPreBa porta ya un carácter sistemático, fue la de resistencia a la autoridad. El informe, además, consignó que, para fines de octubre, hubo un total de 83 periodistas agredidos durante la cobertura de manifestaciones: intoxicaciones por gases, impactos de balas de goma, golpes y vejámenes; esto representaría un aumento del 66 por ciento respecto del 2024, en que los casos habían llegado a 50. El informe relevó que, además de las demandas penales clásicas por calumnias, injurias u otras figuras, en 2025 se usaron mecanismos administrativos (sumarios, expulsiones migratorias), civiles (procesos por daños y perjuicios) y contravencionales destinados a disciplinar voces críticas mediante el ataque judicial y la estigmatización pública. La persecución no se limitó a las opiniones críticas sobre funcionarios, sino que también incluyó a quienes hicieran algunas expresiones sobre gobiernos extranjeros por ejemplo, críticas al gobierno israelí por el genocidio en Gaza; se criminalizaron publicaciones en redes sociales como se vio en los detenidos por publicaciones en redes sociales en Jujuy, lo que sin embargo tiene por principal actor al gobernador de esa provincia, Gerardo Morales; y, según señala el informe, se criminalizaron incluso homenajes y acciones sindicales y de memoria como la colocación de baldosas por desaparecidos. Otro caso que consigna el informe es el de Tucumán, en que el juez subrogante Lucas Taboada dictó una medida cautelar que le prohibía difundir a la empresa de medios Compañía de Circuitos Cerrados (CCC), su director Gustavo Olarte y todo su personal periodístico, todo contenido que injurie, desacredite, tergiverse o distorsione la actuación de fiscales, funcionarios judiciales y magistrados provinciales. Graciosamente: la Justicia, amenazada por señalamientos de estos medios, fue la misma que les prohibió seguir haciéndolos. Además de los mecanismos judiciales en tanto persecución específica, otro caso paradigmático fue uno de censura, e involucró a los audios de Karina Milei Secretaria General de la Presidencia que presuntamente la vincularían directamente con la recaudación de sobornos de la industria farmacéutica. Esto constituye una cuestión de interés público por lo que, según el Estatuto del Periodista Profesional que se quiere eliminar, el acceso a los datos al respecto deberían estar garantizados. Sin embargo, el 5 de septiembre, luego de difundidos los audios de Karina, el Gobierno presentó una denuncia de espionaje ilegal y una demanda que impediría publicar nuevos audios. El juez federal Alejandro Patricio Maraniello, en consecuencia, dictó una medida cautelar que ordenó la prohibición de difundir los audios en cualquier soporte, medio o red social. El informe sostiene que esta censura representó una ruptura de otro límite sostenido a partir del consenso democrático de las últimas cuatro décadas. El gobierno logró en una sola movida la judicialización preventiva para impedir la difusión de contenidos de interés público y la utilización de mecanismos penales con argumentos vinculados a la seguridad estatal para silenciar investigaciones periodísticas incómodas para el poder, detalla. NO ODIAMOS LO SUFICIENTE A LOS PERIODISTAS BASURAS (90%) Para mentir, calumniar, injuriar y decir todo tipo de barbaridades son muy rápidos y jamás piden perdón ni se retractan por sus comportamientos aberrantesPN°10(E) Javier Milei (@JMilei) June 27, 2025 En su cuenta personal de X (ex Twitter), Milei sostuvo la consigna No odiamos lo suficiente a los periodistas en varias ocasiones. En una entrevista con La Derecha Diario, de junio de este año, polemizando con el periodismo, señaló: Los medios mienten todo el tiempo, dicen todo tipo de mentiras. Mienten sobre mí, mienten sobre personas del espacio, mienten sobre nuestras políticas. Y nosotros lo que hacemos es solamente exponer sus mentiras. Y yo no creo que eso sea violento. Si vos mentís, bueno, hoy el archivo es instantáneo y las redes automáticamente te van a mostrar las mentiras. Evidentemente, hay un trecho entre exponer sus mentiras y detenerlos bajo distintas excusas legales, perseguirlos judicialmente y censurar la difusión de audios de la Secretaría General de la Presidencia a través de medidas cautelares. Al problema de la libertad de expresión, la nueva reforma laboral y la concentración mediática cuyo nuevo y último grito viene de la mano de Scaglione, temática trabajada en este periódicos en sus últimas ediciones suman la desarticulación de sus puestos de trabajo, y el direccionamiento gerencial como nunca antes del oficio periodístico. Publicado en el semanario El Eslabón del 27/12/25 ¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por 8000 pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Para suscribirte, contactanos por Whatsapp.
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