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  • Baigorrí retomó el camino de Quattropani y aplicó mano dura en Flagrancia

    » Tiempo San Juan

    Fecha: 29/12/2025 09:48

    Como pocas veces sucedió desde su creación, el Sistema de Flagrancia funcionó un sábado y la decisión, que fue adoptada por el Fiscal General Guillermo Baigorrí, llamó la atención no sólo por lo inédito de la medida, sino por las similitudes de exigencia y "mano dura" que pretendía Eduardo Quattropani con la justicia exprés, de la supo quejarse un año atrás. Es que, con la intención de dar respuesta a la fuerte demanda de causas en Flagrancia, la nueva gestión del Ministerio Público ordenó que el sábado 27 de diciembre se realicen 9 audiencias y, para ello, designó tres fiscales de turno. Con un mensaje escueto, a través de la mensajería oficial del Poder Judicial, la Fiscalía General invitó a la prensa a cubrir la agenda de audiencias programadas, en la que también participaron tres jueces. Fuentes allegadas reconocieron que el funcionamiento de Flagrancia durante un fin de semana siempre fue considerado excepcional, pero la orden fue directa y sin margen de interpretación. Es por eso que el mensaje resulta inequívoco: descomprimir audiencias, acelerar respuestas y mostrar un Ministerio Público activo, incluso fuera de los esquemas tradicionales, a finde dar cumplimiento a los plazos fijados en el Código Procesal Penal. Si bien puede entenderse como una decisión obligada por las fechas que corren, con la feria judicial cual espada de Damocles, la medida de Baigorrí no surge en el vacío. Por el contrario, retoma una de las últimas batallas Quattropani, quien durante 2024 protagonizó duros cruces con la Corte de Justicia por el funcionamiento limitado de Flagrancia. En aquel entonces, el Fiscal General denunció reiteradamente que el sistema no trabajaba en horario vespertino, lo que generaba un amontonamiento de audiencias por la mañana y afectaba la capacidad investigativa de los fiscales. En noviembre de 2024, Quattropani llegó a exponer agendas completas, estadísticas y hasta comunicados públicos para sostener su postura. Reclamaba que Flagrancia trabajara hasta las 21 horas, como el resto de las UFIs, y no sólo hasta el mediodía. Incluso debió reforzar el área con fiscales de otras unidades, ante la falta de respuesta del aparato administrativo del Poder Judicial. El conflicto escaló cuando desde el ámbito comunicacional de la Corte se filtró una planilla con audiencias supuestamente programadas en horario vespertino. Quattropani salió al cruce y calificó el episodio como una maniobra infantil, aclarando que las audiencias mostradas alrededor de las 14 horas no eran trabajo de tarde, sino una extensión del horario matutino. En uno de sus comunicados más duros, sostuvo que Flagrancia estaba cerrado a la tarde, que feriados y fines de semana eran no laborables para el aparato administrativo y que apenas 56 de 1.852 audiencias se habían realizado fuera del horario tradicional. Para el entonces jefe de los fiscales, la justicia exprés funcionaba con una lógica de mediodía, incompatible con la demanda real del sistema penal. A un año de aquellos cruces, Baigorrí avanza donde Quattropani chocó. La orden de trabajar un sábado no sólo apunta a resolver coyunturalmente la saturación de audiencias, sino que también se inscribe en la primera etapa de su gestión, marcada por movimientos calculados: acercamiento con la Corte, desactivación de conflictos heredados y señales firmes hacia adentro del Ministerio Público. El nuevo fiscal general ya había mostrado su impronta al dejar sin efecto directivas polémicas de su antecesor sobre el Complejo Forense, disolver la Unidad de Soluciones Alternativas por bajos resultados y retomar el contacto directo con la prensa, un sello distintivo de la era Quattropani. Ahora, con Flagrancia activa en fin de semana, suma un gesto que combina pragmatismo y autoridad. La decisión de Baigorrí tiene múltiples lecturas. Hacia la sociedad, implica mayor respuesta del sistema penal. Hacia los fiscales, una exigencia concreta de productividad. Y hacia la Corte, una señal de que el Ministerio Público no se resigna a los límites administrativos cuando la demanda judicial lo desborda.

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