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» La voz
Fecha: 29/12/2025 00:16
Libertad de prensa. En Tanti, el periodismo molesta: poder, silencios y democracia En Argentina, la libertad de prensa no es una concesión del poder. Es un derecho protegido por la Constitución Nacional. En los pueblos chicos, parece que todo se sabe. Sin embargo, el periodismo tiene una tarea vital: contar lo que pasa cuando el poder se siente observado y las puertas se cierran; visibilizar y abrir el debate público, y poner en palabras lo que otros, por miedo, callan. Esa es la tarea que lleva adelante en Tanti una mujer de 79 años que se ha convertido en el rostro del periodismo independiente, pero también en el principal objetivo de quienes se sienten incomodados por el escrutinio de la opinión pública. Cristina Coudray (79) vive en Tanti desde hace décadas. Allí fundó Aprendamos a Sumar, un medio comunitario que durante más de 20 años se editó en papel y que muchos conocen como el diarito de Tanti. No es un medio poderoso ni cuenta con grandes recursos. Es, simplemente, una voz persistente. Una de esas voces que, en pueblos pequeños, cumplen una tarea sencilla pero clave: ir a las sesiones del Concejo Deliberante, escuchar, registrar y contar qué se discute y cómo vota cada representante. Desde que el diarito volvió hace algunos meses, ahora en formato digital a través de Facebook, publica videos breves, fragmentos de debates, resúmenes de sesiones públicas para vecinos que muchas veces no pueden asistir a esas reuniones. Para algunos dirigentes locales, esa visibilidad resultó incómoda. Una ordenanza cuestionable La respuesta no fue mejorar la comunicación institucional ni transmitir las sesiones completas para toda la comunidad. Fue otra: sancionar una ordenanza para restringirlo. En septiembre de 2025, el Concejo Deliberante de Tanti aprobó la ordenanza 1.542/25. La norma establece requisitos para la filmación de las sesiones públicas y prohíbe expresamente la difusión de material fragmentado, recortado o descontextualizado. Establece que las grabaciones sólo pueden ser publicadas completas y aclara que la regla se aplica a periodistas, vecinos y cualquier persona que registre las sesiones. La ordenanza parece neutra, pero introduce una idea peligrosa: que el poder político local puede decidir cómo debe informar la prensa sobre actos públicos. Que el problema no es lo que se dice en una sesión, sino quién y de qué manera lo muestra. El conflicto escaló cuando una concejala de Tanti intimó formalmente a Cristina Coudray mediante carta documento. En el texto, le exigió que cesara con ese tipo de publicaciones y la amenazó con iniciar acciones penales por calumnias e injurias, además de demandas civiles si no rectificaba el contenido de un video que resumía una sesión del 10 de diciembre, en la que se discutieron el Presupuesto y la ordenanza tarifaria. La escena es conmovedora: una periodista mayor, con una trayectoria reconocida en su comunidad, recibe una intimación legal en vísperas de Navidad por difundir fragmentos de un debate público. No se reclama por información falsa, sino por el modo en que se mostró lo que ocurrió en un ámbito institucional. En Argentina, la libertad de prensa no es una concesión del poder. Es un derecho protegido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos. El artículo 14 garantiza el derecho a publicar ideas sin censura previa. El artículo 32 va aún más lejos: prohíbe que el poder político dicte normas que restrinjan la libertad de imprenta. La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, tratado con rango constitucional, también rechaza de manera clara cualquier forma de censura indirecta. La ordenanza es claramente inconstitucional. El problema no es sólo jurídico: es político. Cuando un concejo deliberante sanciona normas para condicionar la cobertura periodística y cuando una funcionaria utiliza esas normas para intimidar a una periodista, el mensaje se expande más allá del caso puntual. El mensaje es: mejor no publiques, mejor no muestres, mejor no incomodes. En comunidades pequeñas, ese mensaje pesa más. No hay grandes redacciones que respalden, ni estudios jurídicos propios, ni anonimato. Por eso, cada gesto de presión tiene un efecto multiplicador: no sólo afecta a quien recibe la intimación, sino a todos los que miran y toman nota. Defender el periodismo local es una necesidad democrática. Sin periodistas que cuenten lo que sucede en los concejos deliberantes, las decisiones quedan en manos de pocos y el control ciudadano se debilita. La democracia no se vacía de golpe: se erosiona cuando el silencio reemplaza a la información. Allí donde el poder se siente cómodo y la prensa es pequeña, como en Tanti, la tentación de disciplinar al que informa siempre está presente. Proteger a periodistas como Cristina Coudray es proteger el derecho de las comunidades a saber, a preguntar y a decidir con información. La democracia no se defiende con ordenanzas que callan ni con cartas documento que intimidan; se defiende con transparencia, con instituciones abiertas y con periodismo libre, incluso (y sobre todo) cuando incomoda. Periodista
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