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» La Verdad
Fecha: 28/12/2025 09:27
Por Redacción Grupo La Verdad En los últimos días, tuvo mucha repercusión a nivel local y hasta nacional el caso de Naranja Mandarina, una pequeña empresa textil de Junín que quedó al borde del cierre luego de una sentencia laboral millonaria. La pyme fue condenada a pagar más de 190 millones de pesos. Además, la Justicia trabó un embargo por más de 330 millones de pesos y bloqueó todas sus cuentas. La sentencia se dio producto de un juicio laboral iniciado por un ex trabajador, quien había tenido un litigio comercial tras su desvinculación de la empresa. El hombre se consideró como empleado y no como proveedor, por lo que demandó a la marca. En junio de este año, el Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín dictó sentencia: consideró que el distribuidor era un trabajador en relación de dependencia y fijó una indemnización cercana a los 14 millones de pesos. Sin embargo, los jueces aplicaron el denominado fallo Barrios de la Suprema Corte bonaerense, un antecedente polémico que impacta sobre la actualización de créditos laborales, y la cifra trepó a los 190 millones de pesos. La versión desde el lado del demandante Ante este caso, Grupo La Verdad habló con el abogado laboralista José Borruto, representante de Fernando, el trabajador involucrado. El entrevistado detalló los hechos del conflicto y compartió la mirada y la postura de uno de los actores intervinientes. En primer lugar, aclaró si se trataba de un empleado o un distribuidor: Lo que se mostró en los medios de comunicación es una realidad completamente desvirtuada. Fernando es un simple vendedor de ropa que trabajó 12 horas por día durante 7 años en absoluta clandestinidad, en negro. Se le ha intentado atribuir el carácter de distribuidor, cosa que quedó muy alejada de probarse en el expediente, y de tener una vinculación civil en lugar de laboral. A él se le aplicaba lo que se llama el Estatuto Especial de Viajantes de Comercio, en virtud de que vendía no solo en Junín sino también en la zona. Su trabajo era cargar la mercadería de la empresa en la camioneta y todas las mañanas salir a recorrer las localidades de la zona para tratar de conseguir nuevos clientes. Cobraba una comisión por ventas, la típica forma de remuneración de los viajantes de comercios, que es un beneficio mutuo: un incentivo para que el trabajador trate de vender más, a cambio de que la empresa gane más, explicó. Origen del conflicto Borruto contó cómo se originaron y desarrollaron los hechos del litigio laboral. Fernando generó muchos clientes en la provincia con un nivel de venta muy importante, pero cuando llegó la pandemia, la mayoría de las empresas empezaron a agilizar las ventas digitales y el e-commerce. Por lo tanto, no tenía sentido seguir sosteniendo al vendedor; su función y su sueldo terminaron siendo un despropósito para la empresa. En ese momento había dos vendedores. A uno lo desvincularon, pero llegaron a un acuerdo indemnizatorio. Lamentablemente, con Fernando, en lugar de sentarse a negociar, le hicieron firmar un contrato de distribución porque les servía que siga realizando algunas tareas, luego de casi 7 de años de no haberle hecho firmar nada. Le abrieron una cuenta corriente y pretendían que compre la mercadería y la revenda, expresó. Sin embargo, dijo que eso nunca ocurrió; la modalidad de trabajo siguió siendo igual. Fernando vendía a los precios y condiciones que la empresa imponía. Las facturas y las cuentas corrientes las tenían los clientes directamente con la empresa. Por lo tanto, el siguió siendo un vendedor, con la diferencia de que lo empezaron a despojar de ventas y reducir las comisiones. Cuando él pasaba una orden de pedido de 20 pantalones, le decían que tenían 5. Cuando Fernando advierte que eso ya no daba para más, reclama. Y ahí empieza todo esto. La empresa tomó la posición de no reconocerle nunca ese trabajo. Nosotros en muchas oportunidades buscamos negociar. Fernando siempre tuvo la voluntad de querer resolverlo, pero nos encontrábamos con una posición muy cerrada en todo momento. Era difícil de entender. Pero cada uno tiene que hacerse cargo de las decisiones que toma, señaló. Y agregó: Con el mismo método que se utilizó para actualizar la sentencia, que no es más que la actualización por inflación, la empresa evadió fiscalmente más de 240 millones de pesos, a plata de hoy. Generó un fraude en el sistema previsional. Si la empresa hubiese tenido registrado al trabajador, hubiese tenido que ingresar al sistema de la seguridad social el equivalente a esa suma. Esto significa que, al no haber registrado al trabajador y al haber perdido el juicio, la empresa todavía sigue ganando dinero en relación al monto de la sentencia. Hay que tomar dimensión. Los 190 millones de la sentencia responden en un 80% a sanciones e indemnizaciones que son incrementadas como consecuencia de la falta de registro del contrato de trabajo. Cómo está la causa hoy Borruto se refirió a la instancia actual del caso: Ahora el expediente está en la Corte, como consecuencia de una queja presentada. Nosotros solicitamos el embargo de las cuentas bancarias para tratar de garantizar de alguna forma el crédito. La firma está absolutamente infracapitalizada y tiene su funcionamiento comercial. Vamos a esperar la resolución de la Corte, pero mientras tanto vamos a hacer todo lo posible para poder garantizarle la cobrabilidad a Fernando, pero sabemos que no es fácil por la posición de la empresa, manifestó. +++++++++++++ También puede interesarte: Todo el Deporte en: La Deportiva Escuchar las notas más importantes en: LT20 Radio Junin Escuchar LT20 Radio Junín en VIVO: Escuchar ahora
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