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» El Ancasti
Fecha: 28/12/2025 04:28
Hay decisiones de política económica que, aun cuando se presenten como técnicas o administrativas, producen un desplazamiento profundo en la relación entre el Estado, los recursos naturales y el desarrollo. La redefinición del control político de YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio) es una de ellas. Catamarca queda, por primera vez en décadas, en condiciones de conducir de manera efectiva y con alto grado de autonomía una empresa estratégica para su estructura productiva. Es un cambio de escala en la capacidad de decisión provincial sobre la renta minera. La ratificación legislativa de los acuerdos por los cuales la Nación deja de intervenir de manera gravitante en YMAD altera el equilibrio interno de la empresa, beneficiando a la provincia. Al renunciar la Nación a su rol central en la toma de decisiones, se desplaza el centro de gravedad del poder dentro de la empresa. Catamarca no solo conserva el 60 por ciento de las utilidades; también asume la presidencia, contará con tres de los cinco integrantes del directorio y tendrá la potestad de nombrar al gerente general. Es, en términos estrictos, la transferencia del comando político de la empresa a la provincia. Una herramienta que, bien utilizada, puede ser decisiva para encarar una nueva etapa de expansión minera con anclaje en la economía local. El acuerdo es, en sí mismo, una ganancia neta para Catamarca. Le permite definir con autonomía el rumbo de YMAD, alinear la gestión empresaria con objetivos de desarrollo provincial y evitar la lógica de decisiones tomadas a distancia, con prioridades ajenas al territorio. Pero esa ganancia trae aparejada una responsabilidad proporcional. A partir de ahora, teniendo en cuenta que la participación de la Universidad Nacional de Tucumán es marginal, los aciertos y los errores corresponderán casi enteramente a la provincia, que será dueña de las decisiones y, por lo tanto, de sus consecuencias. Ese dato es central porque la minería catamarqueña carga con una historia reciente que dejó aprendizajes obligatorios. El nuevo escenario abre una oportunidad concreta para avanzar en la construcción de la licencia social de la actividad, entendida no como una campaña comunicacional sino como un proceso material de redistribución de beneficios. Las comunidades locales solo convalidan la minería cuando perciben que la renta se reinvierte en el territorio, cuando hay empleo genuino, cuando los proveedores locales acceden a la cadena de valor y cuando el impacto ambiental es controlado con rigor estatal. Sin ese esquema, la conflictividad no es una anomalía sino una consecuencia lógica del malestar de la población con un sistema productivo que no deja casi beneficios. Otro desafío relevante es una mirada estratégica de desarrollo a partir de la renta minera. Es decir, utilizar los recursos escasos que provienen de la actividad minera para la diversificación de la economía provincial, motorizando el desarrollo, por ejemplo, según lo mencionado por el propio ministro provincial de Minería, Marcelo Murúa, de la agroindustria y el turismo, actividades más sustentables en el tiempo. La centralidad de YMAD Además, YMAD vuelve a ocupar un lugar central a partir de la anunciada reactivación de Bajo La Alumbrera y, en el mediano plazo, del desarrollo del proyecto Agua Rica. La empresa recupera peso específico en el mapa minero nacional y provincial. Esa centralidad exige una gestión profesional, controles estrictos y un estándar de transparencia muy superior al que rigió en etapas anteriores. La legitimidad de esta nueva fase dependerá menos de los anuncios que de los resultados verificables. Pero el desafío excede a YMAD. La etapa que se abre interpela al conjunto del esquema de administración de la renta minera en Catamarca. Es una oportunidad para ordenar, transparentar y someter a control efectivo a los fideicomisos mineros, hoy atravesados por una opacidad difícil de justificar. No existe información pública detallada ni actualizada sobre ingresos, egresos, licitaciones o contratos. Esa ausencia alimenta sospechas y erosiona la confianza social. En ese marco, el reclamo de transparencia que impulsa la oposición política tiene sustento objetivo y debería ser atendido como parte de una agenda institucional mínima. En paralelo, la minería del litio consolida su presencia en la provincia. Más allá de la volatilidad de los precios internacionales, la puesta en marcha del proyecto Tres Quebradas, sumada a Fénix, que ya lleva casi tres décadas de explotación en el Salar del Hombre Muerto, reafirma a Catamarca como actor relevante en este segmento estratégico. Ambos proyectos requieren mayor control estatal y una presencia provincial más activa, retomando iniciativas de la Mesa del Litio orientadas a agregar valor local. Exportar carbonato sin procesos industriales asociados es resignar desarrollo y empleo. Obligar a que parte de la producción se industrialice en el país forma parte de una decisión de política económica. Oportunidad y riesgo La minería catamarqueña ingresa, así, en una fase que combina oportunidad y riesgo. La oportunidad de corregir desvíos históricos y construir un esquema de desarrollo sustentable; el riesgo de repetir errores que han ocasionado grandes costos. Aprender del pasado es una exigencia también en términos económicos. Son condiciones indispensables para que la minería deje de ser una promesa recurrente y se convierta en un motor real de desarrollo para las comunidades donde se asienta, los controles estatales firmes, las reglas claras, una gestión ambiental seria y la transparencia en el manejo de los recursos.
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