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» Elterritorio
Fecha: 27/12/2025 18:47
Fentanilo contaminado: la peor crisis sanitaria del país y un reclamo de justicia latente A mediados de mayo, mientras decenas de familias despedían a sus seres queridos, la Justicia Federal dio a conocer el inicio de una causa que dejó al descubierto una cadena de fallas graves: ausencia de controles, protocolos incumplidos, irregularidades en dos laboratorios y un entramado de impunidad. Desde entonces, allegados de más de 173 personas fallecidas buscan saber si fueron víctimas del fentanilo contaminado. Se trata de una de las peores crisis sanitarias de la historia argentina. Mientras la investigación avanza, Ariel García Furfaro y accionistas de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. permanecen detenidos y procesados. La denuncia que encendió la alarma La causa se originó en abril, a partir de una denuncia del Hospital Italiano de La Plata. La institución alertó a las autoridades sobre la presencia de dos bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp dentro de ampollas de fentanilo que eran administradas a pacientes internados y que podrían estar vinculadas a múltiples muertes ocurridas en el centro de salud. La investigación fue impulsada por la Agencia Noticias Argentinas, medio que tuvo acceso temprano al expediente judicial y pudo seguir de cerca los avances del caso. Inicio de la investigación judicial Con la denuncia, la causa quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, con la intervención de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El 8 de mayo, la ANMAT emitió una alerta sanitaria para que no se utilizara en todo el país el lote 31202 de fentanilo producido por HLB Pharma, al encontrarse en investigación por desvío de calidad. Aunque oficialmente se habló de un solo lote contaminado, la Justicia no descarta la existencia de otros. De las 154.530 ampollas distribuidas, el 27,5% habría sido administrado a pacientes y, al momento, no queda ningún frasco sin localizar. Alertas, prohibiciones y clausuras El 13 de mayo, la ANMAT reforzó la medida y prohibió el uso, comercialización y distribución del lote 31202 en todo el territorio nacional. También ordenó el recupero inmediato del producto, que había sido enviado a más de 300 hospitales del país. Además, se dispuso la inhibición total de la producción en la planta de HLB Pharma hasta que se reúnan las condiciones técnicas y sanitarias adecuadas. La misma medida alcanzó a Laboratorios Ramallo S.A., donde se habrían elaborado las ampollas. Ambas firmas pertenecen al empresario Ariel García Furfaro. En lo que va de 2025, los laboratorios acumularon múltiples alertas y sanciones de la ANMAT por irregularidades en la trazabilidad de medicamentos como dopamina, propofol, diclofenac, morfina y fentanilo. Allanamientos y hallazgos clave Como primera medida contra los 24 imputados, la Justicia ordenó la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país. Durante los allanamientos, se detectaron 29 pallets de medicamentos en la empresa Cables Epuyén SRL, propiedad de Damián García Furfaro, hermano del dueño de HLB Pharma. El cargamento equivalía a un camión completo de diclofenac y paracetamol bajo la marca del laboratorio investigado. Otro hallazgo clave fue una enorme cantidad de ampollas de fentanilo apiladas a la intemperie en uno de los patios del laboratorio Ramallo S.A. Ante esta situación, se dispuso la preservación del lugar, registro fotográfico, elaboración de un croquis y la intervención urgente del Ministerio de Medio Ambiente bonaerense. Las pericias y una verdad demoledora Tras semanas de informes técnicos y pericias, el juzgado concluyó que los responsables conocían la contaminación de las ampollas. No hubo controles, ni seguimiento adecuado, y el fentanilo adulterado fue administrado a pacientes que fallecieron tiempo después. Las pruebas indicaron una cadena de decisiones conscientes, omisiones graves y alertas ignoradas. Detenciones y procesamiento El 20 de agosto, mientras los familiares de las víctimas marchaban en pedido de justicia, el juez Kreplak ordenó la detención de Ariel García Furfaro, sus hermanos, su madre, accionistas de ambas empresas y personal técnico. Todos quedaron procesados. García Furfaro, vinculado a la familia Kirchner, fue considerado coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales por la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración peligrosa para la salud pública. Según la imputación, intervino junto a otros 16 integrantes de los laboratorios en decisiones vinculadas a la fabricación, distribución y venta del lote 31202, cuya orden de producción había sido emitida el 16 de diciembre de 2024. El proceso de fabricación presentó múltiples falencias críticas que derivaron en la contaminación del producto, pese a las reiteradas alertas que no fueron atendidas, señala el expediente judicial. Testimonios, informes y pruebas científicas Mientras los acusados continúan detenidos algunos bajo arresto domiciliario, se conocieron declaraciones clave y un informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema. Empleados de ambos laboratorios confirmaron que se sabía de la contaminación, pero que la información era ocultada para no frenar las ventas. El informe médico forense fue contundente: en 38 de las 40 muestras analizadas, la administración del fentanilo contaminado fue determinante en el desenlace fatal. Solo en dos casos no se pudo establecer un vínculo directo. El rol del Estado y la comisión del Congreso En paralelo, el Congreso conformó una comisión especial que durante meses investigó responsabilidades institucionales. El 2 de diciembre presentó su informe final. El documento concluyó que el Estado no logró garantizar la trazabilidad del fentanilo ni ejercer un control efectivo sobre los laboratorios. También reveló ocultamiento de casos por parte de hospitales, documentación armada con posterioridad y una reacción tardía y deficiente de los organismos de control. Para la comisión, las muertes no fueron un accidente: se trató de una cadena de fallas evitables, encubrimientos y un laboratorio que operaba con registros inconsistentes, hechos confirmados incluso por sus propios empleados. El reclamo que no cesa Mientras la causa judicial sigue su curso, los familiares de las víctimas continúan reclamando justicia y condenas ejemplares para los responsables de la peor crisis sanitaria del país vinculada a un opioide adulterado. En más de seis meses de investigación, se realizaron al menos tres marchas en La Plata y Rosario para mantener vivo el reclamo y el recuerdo de quienes murieron por un medicamento que debía aliviar el dolor y terminó causando muerte.
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