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Fecha: 27/12/2025 15:19
Con 46 votos afirmativos, el oficialismo logró sancionar el proyecto impulsado por el Ejecutivo tras semanas de debate en el Congreso El Senado de la Nación aprobó y convirtió en ley el Presupuesto general de gastos y recursos para el ejercicio 2026, en lo que representa un hecho político central para el gobierno de Javier Milei, al tratarse de la primera norma presupuestaria sancionada durante su presidencia. El proyecto, que había sido enviado por el Poder Ejecutivo y ya contaba con media sanción de Diputados, fue avalado por la Cámara alta luego de semanas de discusión en ambas cámaras del Congreso. La votación reflejó el respaldo del oficialismo y de los bloques aliados, que alcanzaron los 46 votos afirmativos necesarios para la aprobación. Sin embargo, el debate estuvo atravesado por fuertes cruces con la oposición, que cuestionó el perfil fiscal del texto y advirtió sobre el impacto de las prioridades de gasto definidas para el próximo año. Desde el Gobierno destacaron que la sanción del Presupuesto 2026 es una señal de gobernabilidad y de compromiso con el orden de las cuentas públicas. En ese sentido, los senadores que acompañaron la iniciativa subrayaron que la ley es coherente con los objetivos centrales de la administración libertaria: avanzar hacia el equilibrio fiscal, reducir el déficit y orientar los recursos del Estado a metas de crecimiento económico sostenido. No obstante, incluso dentro de los bloques que apoyaron el proyecto se reconoció que el camino hacia ese ordenamiento implicará decisiones difíciles, con ajustes en programas sociales y en distintos esquemas de subsidios que históricamente tuvieron un peso relevante en el gasto público. Reducción de subsidios y prioridades de gasto: los ejes del Presupuesto 2026 que generaron debate Uno de los puntos centrales del Presupuesto 2026 es la continuidad del proceso de reducción gradual de los subsidios económicos, en especial en los sectores de energía y transporte. Esta política, que el Ejecutivo viene impulsando desde 2023, fue defendida en el recinto como una herramienta clave para liberar recursos públicos y mejorar la sostenibilidad de las cuentas fiscales. Según los argumentos del oficialismo, el recorte de subsidios permitirá reasignar partidas hacia áreas consideradas prioritarias y, al mismo tiempo, disminuir el peso del Estado en la economía. Para el Gobierno de Milei, este enfoque es parte del cambio de rumbo estructural que busca consolidar un modelo con menor intervención estatal y mayor disciplina fiscal. Desde la oposición, en cambio, se plantearon fuertes objeciones. Varios senadores advirtieron que una reducción demasiado profunda en estos rubros podría tener un impacto directo sobre los sectores de menores ingresos, al encarecer servicios esenciales y profundizar las desigualdades sociales. También alertaron sobre los riesgos de trasladar los costos del ajuste a los usuarios sin mecanismos de contención suficientes. El debate parlamentario incluyó además el análisis de las partidas destinadas a áreas sensibles como seguridad, salud, educación y obras públicas. En estos puntos se evidenciaron las diferencias de visión entre oficialismo y oposición sobre el rol que debe asumir el Estado en el desarrollo económico y social del país. Mientras algunos legisladores resaltaron la necesidad de priorizar la inversión productiva, la eficiencia del gasto y la eliminación de estructuras que consideran innecesarias, otros advirtieron que ciertos recortes podrían afectar la capacidad de respuesta del Estado en sectores clave, especialmente en un contexto marcado por la inflación, la pobreza y las tensiones sociales. A lo largo de la sesión, hubo señalamientos cruzados sobre el impacto real que tendrá el Presupuesto 2026 en cada una de estas áreas. Para el oficialismo, el orden fiscal es la condición indispensable para sentar las bases de un crecimiento sostenido. Para la oposición, en cambio, el riesgo es que el ajuste termine debilitando políticas públicas fundamentales. La sanción del Presupuesto 2026 también tuvo una fuerte lectura política. En un Congreso fragmentado, donde ninguna fuerza cuenta con mayorías propias, el resultado representó una prueba de la capacidad del oficialismo para articular acuerdos con bloques aliados y con representantes de distintas provincias. Las negociaciones previas y las maniobras parlamentarias reflejaron el nivel de polarización que atraviesa hoy la escena política nacional. En ese marco, el debate no solo giró en torno a números y partidas presupuestarias, sino también sobre modelos de país. Las intervenciones en el recinto pusieron sobre la mesa visiones contrapuestas acerca de las prioridades en materia de política pública y del rol del Estado en la economía argentina. Para el Gobierno, lograr la sanción de esta ley era un objetivo central para encarar el próximo año con un marco normativo que respalde su programa económico. Para la oposición, en cambio, el Presupuesto 2026 expresa una orientación que, según sostienen, puede agravar los problemas sociales si no se acompaña con políticas de protección para los sectores más vulnerables. Con la aprobación en el Senado, el Presupuesto 2026 quedó definitivamente convertido en ley y estableció las líneas de gasto y recursos que regirán durante el próximo año. De este modo, el Ejecutivo contará con una herramienta clave para implementar su hoja de ruta económica, en un escenario desafiante marcado por la necesidad de controlar la inflación, reducir el déficit y recomponer la confianza en las cuentas públicas. La sanción de esta norma abre, además, un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde las negociaciones seguirán siendo determinantes para avanzar con el resto de las reformas que el gobierno de Javier Milei considera centrales para su proyecto de gestión.
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