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» FM 899
Fecha: 27/12/2025 15:19
La directora del Área de la Diversidad sostuvo que el fallecimiento de Fernanda Daniela Arias en una comisaría de Rosario de Lerma se dio en un marco de graves falencias del sistema contravencional y de descreimiento social hacia las fuerzas de seguridad. Pidió que se escuchen otros relatos además del policial y llamó a recuperar la acción colectiva frente al crecimiento de los discursos de odio. La directora del Área de la Diversidad de la Provincia, Victoria Liendro, expresó un fuerte cuestionamiento al abordaje judicial del caso de Fernanda Daniela Arias, la mujer trans que murió el 26 de noviembre mientras se encontraba detenida en la Comisaría de Rosario de Lerma. En declaraciones a FM Profesional, advirtió que el hecho no puede analizarse de manera aislada y lo vinculó a un contexto más amplio de violencia institucional, intolerancia social y falta de controles sobre el accionar policial. Esto lastima mucho, porque veníamos de una etapa donde estas situaciones parecían haberse estabilizado, y hoy volvemos a ver femicidios, ataques a personas trans, gays y lesbianas, discursos de odio que no solo circulan en redes sociales sino que se traducen en hechos concretos, señaló Liendro. En ese marco, consideró especialmente grave que estos episodios involucren a fuerzas de seguridad, porque también hay autoridades policiales metidas en estas situaciones. La funcionaria remarcó que Fernanda fue detenida bajo la aplicación del Código Contravencional, un régimen que según cuestionó concentra un poder excesivo en manos de la policía. ¿Quién aplica el Código Contravencional en la provincia? La policía. ¿Y quién es el juez? La propia policía, porque el juez contravencional no existe en la práctica, no está reglamentado. Eso nos muestra un problema estructural que las organizaciones venimos denunciando desde hace años, afirmó. Liendro subrayó que el fallecimiento se produjo en un contexto de detención por una contravención y planteó serias dudas sobre los procedimientos seguidos. Si una persona es demorada, la policía tiene la obligación de resguardar su integridad. En este caso, Fernanda fue llevada directamente a la comisaría y no a un hospital, y permaneció allí varias horas. Eso amerita, como mínimo, revisar qué pasó, sostuvo. Otro de los ejes centrales de sus declaraciones fue el descreimiento social hacia las instituciones. Hoy la población no cree en la policía ni en gran parte del Estado. Eso es peligroso. Antes se nos enseñaba que la policía era una autoridad que debía cuidarnos, pero durante muchos años vimos situaciones complejas, de dudosa legalidad, que no condicen con el rol que deberían cumplir, afirmó. En ese sentido, pidió que la Justicia no se limite a una única versión de los hechos. La fiscalía tiende a creer el relato oficial porque viene de una autoridad del Estado, pero hoy ese relato no alcanza. Hay otros relatos: los de las organizaciones, los de las familias. Y es necesario escucharlos, expresó, al trazar un paralelismo con los avances logrados en los abordajes de femicidios cuando comenzó a priorizarse la voz de las víctimas y sus entornos. Liendro también se refirió a su rol dentro del Estado y su trayectoria en el movimiento social. Yo no voy a negar de dónde vengo. Trabajo en el Estado, pero conozco esta realidad porque la viví y la milité. Creo que es posible transformar las cosas desde adentro, aunque muchas veces no tengamos todas las decisiones, afirmó. Finalmente, llamó a fortalecer el trabajo colectivo dentro de la Mesa de la Diversidad y a retomar una agenda común frente al avance de la violencia institucional. No sirve que cada sector vaya por su lado. Estos hechos requieren respuestas colectivas, revisión del Código Contravencional y voluntad política real. La violencia institucional no amenaza solo a un colectivo: pone en riesgo a toda la ciudadanía, concluyó.
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