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» Los Primeros
Fecha: 27/12/2025 15:05
Una reforma estructural al Régimen Penal Tributario En una sesión que se extendió hasta la noche del viernes, el Senado de la Nación sancionó la denominada Ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa introduce cambios profundos en el Régimen Penal Tributario con el objetivo de actualizar los umbrales de punibilidad por evasión, los cuales se encontraban desactualizados por el efecto inflacionario, y fomentar la regularización de activos. La normativa establece una escala de actualización significativa: - Evasión simple: El umbral se eleva de $1.500.000 a $100.000.000 (penas de dos a seis años). - Evasión agravada: El piso salta de $15.000.000 a $1.000.000.000 (penas de tres años y seis meses a nueve años). - Uso de estructuras interpuestas: En casos de ocultamiento de identidad mediante fideicomisos o jurisdicciones no cooperantes, el monto sube de $2.000.000 a $200.000.000. - Facturación apócrifa: El perjuicio generado para ser considerado delito pasa de $1.500.000 a $100.000.000. El debate por las multas y el impacto en las Pymes Uno de los puntos más controvertidos de la jornada fue el incremento de las multas automáticas, que en algunos casos experimentan una suba superior al 110.000%. Según advirtieron especialistas, penalidades que hoy son de $200 para personas físicas podrían escalar a $220.000, mientras que para personas jurídicas pasarían de $400 a $440.000. Ante este reclamo, el Poder Ejecutivo se comprometió a moderar este impacto durante la etapa de reglamentación. El senador Juan Carlos Pagotto (La Rioja), presidente de la comisión de Justicia, defendió la necesidad de la reforma: Esta modificación al régimen penal tributario no pretende ser una ley ad aeternum. La inflación nos ha producido un desbarajuste que nos lleva a un sistema anacrónico, que deja desactualizados los umbrales. Asimismo, Pagotto señaló que el sistema actual lesiona a los contribuyentes debido a las "asimetrías" y discrepancias con el órgano recaudador. Cruces entre el oficialismo y la oposición Desde el bloque kirchnerista, el senador Martín Soria cuestionó duramente el alcance de la ley: Al pequeño contribuyente, a las pequeñas y medianas empresas, no sólo no las ayuda, sino que les tira un poco más de tierra para que se hundan en el barro. En contraposición, la senadora Andrea Cristina (Chubut) destacó el cambio de paradigma: Este proyecto tiene un correcto cambio de perspectiva con respecto al contribuyente. Se va a optimizar la asignación de recursos de fiscalización. Por su parte, el radicalismo acompañó la medida, aunque con reparos expresados por Maximiliano Abad, quien subrayó que no es lo mismo un gran empresario que un almacenero y valoró la apertura de la Casa Rosada para recibir observaciones. La desconfianza sobre la implementación futura fue planteada por Fernando Salino (Convicción Federal), quien advirtió: ¿Desde cuándo la reglamentación corrige una ley? ¿Para qué hay que apurarse?. Cierre del debate y visión oficialista La encargada de cerrar la discusión fue Patricia Bullrich, quien enfatizó que la norma busca terminar con la "persecución" al sector privado. Hay una lógica que no tiene nada que ver con ser una ley recaudatoria. Lo que se permite es que las personas puedan utilizar su dinero sin tener una espada de Damocles sobre su cabeza. La senadora remarcó la urgencia de la actualización citando que la normativa original databa de 1932, con una última modificación integral en 1998. Con esta sanción, el Gobierno logra otra herramienta clave para su programa económico antes del cierre del año legislativo.
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